Mientras Galicia no consiga la transferencia de AP-9, un objetivo que se fía a largo plazo a tenor de la entrevista de ayer entre Feijoo y Sánchez, la Xunta no tendrá que preocuparse por este juicio, que atañe en exclusiva al Ministerio de Fomento y a Audasa. Sin embargo, el Ejecutivo gallego sí pagó durante años cantidades que, según el Gobierno central, pueden ser excesivas y sobre las que ya no hay derecho de reclamación. Mientras ambas Administraciones asumieron las bonificaciones, la Xunta abonó una cantidad cercana a los 52 millones de euros. El 2017 fue el último año en el que se consignó una partida, que ascendía a 6,4 millones de euros. Teniendo en cuenta la evolución de los tráficos, las arcas de Galicia se están ahorrando una partida que ronda los doscientos millones de euros, ya que el acuerdo cubre todo el período de concesión, que finaliza en el 2048.