Audasa lleva al Supremo los recortes de Fomento en las bonificaciones por los peajes de Rande y Barcala

La Xunta pagó durante una década más de 50 millones


santiago / la voz

Las relaciones entre Autopistas del Atlántico y el Ministerio de Fomento a cuenta de la AP-9, históricamente tensas, tienen su propio recorrido en los juzgados. La concesionaria que explota la principal arteria viaria de Galicia ha abierto diversos pleitos en los últimos años por diferencias en la explotación, las compensaciones económicas y las obras. Uno de los asuntos que están judicializados es el pago que debe asumir el Gobierno por la gratuidad de los peajes de Rande y A Barcala. Audasa insiste ahora con un recurso en el Tribunal Supremo contra el real decreto por el que Fomento modificó el procedimiento de compensación que se estableció en el 2006, cuando la Xunta y el Ejecutivo central asumían a medias las bonificaciones que generaba el tráfico diario.

Desde el año pasado, el Gobierno autonómico se ha desentendido del pago por entender que se trata de una vía de titularidad estatal -el acuerdo inicial se firmó en la etapa del bipartito en Galicia- y, aprovechando la circunstancia, Fomento, como único pagador, revisó los criterios, lo que significó que la cifra a abonar por parte de la Administración pasara de 13 a 7 millones de euros.

El departamento que dirigía hace un año Íñigo de la Serna (PP) entendió que desde la entrada en vigor del acuerdo con la concesionaria se había puesto de manifiesto una diferente evolución de los ingresos por el peaje en los tramos de Rande y A Barcala, en los que se suprimió el pago, con respecto a los del resto de la autopista. Esas variaciones se produjeron en buena medida por la alteración de tráficos que provocó la crisis económica, que generó un descenso de la circulación que no se apreciaba en el conteo anual que Audasa remitía a Fomento, como se desprende de la redacción del decreto.

El Gobierno especificó en su texto normativo que los cálculos de la concesionaria resultaban «perjudiciales» para la Administración y que suponían un «enriquecimiento injusto» para Audasa, y por ello impuso un sistema de auditorías anuales para verificar los tráficos anuales. Además, resolvió realizar estos pagos de forma trimestral, de tal manera que no se generen intereses de demora siempre que se pague en los plazos acordados.

La Xunta pagó durante una década más de 50 millones

Mientras Galicia no consiga la transferencia de AP-9, un objetivo que se fía a largo plazo a tenor de la entrevista de ayer entre Feijoo y Sánchez, la Xunta no tendrá que preocuparse por este juicio, que atañe en exclusiva al Ministerio de Fomento y a Audasa. Sin embargo, el Ejecutivo gallego sí pagó durante años cantidades que, según el Gobierno central, pueden ser excesivas y sobre las que ya no hay derecho de reclamación. Mientras ambas Administraciones asumieron las bonificaciones, la Xunta abonó una cantidad cercana a los 52 millones de euros. El 2017 fue el último año en el que se consignó una partida, que ascendía a 6,4 millones de euros. Teniendo en cuenta la evolución de los tráficos, las arcas de Galicia se están ahorrando una partida que ronda los doscientos millones de euros, ya que el acuerdo cubre todo el período de concesión, que finaliza en el 2048.

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