A Fomento y ADIF se les puede imputar un retraso de al menos nueve años respecto a lo previsto inicialmente
14 jul 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El próximo año Renfe va a celebrar las bodas de plata de una fantástica iniciativa: el compromiso voluntario de puntualidad. Habrá muchos usuarios que todavía lo desconozcan, pero a los dos años de la puesta en marcha del corredor de altas prestaciones entre Madrid y Sevilla el operador ferroviario se atrevió a lanzar una agresiva política de compensaciones por retrasos, que empezó por las conexiones de alta velocidad y que fue ampliando al resto de los trenes, con una autoexigencia que supera con creces otras vías de reclamación ordinarias. Si el AVE llega 15 minutos tarde, te devuelven la mitad del billete. Si la demora alcanza la media hora, el viaje es gratuito. Así de fácil y justo.
Coincidiendo con este feliz aniversario, nada menos que cinco lustros después, el AVE llegará a Galicia. En pruebas o a toda máquina, ya da igual pelear por unas semanas arriba o abajo. Lo notable y preocupante es que al Ministerio de Fomento y al ADIF se les podría imputar un retraso de al menos nueve años, según las primeras estimaciones que hicieron Aznar y Álvarez-Cascos en el 2003. Después de esa vinieron otras tomaduras de pelo, primero de los ministros socialistas y después por parte de Ana Pastor, con la que llegaron a bloquearse 17 contratos clave para finalizar la obra con la débil disculpa de que el Gobierno estaba impedido por el «no es no» de Pedro Sánchez (2016).
A la presidenta del Congreso, en cambio, hay que atribuirle también la decisión más impactante que ha tomado con respecto a la alta velocidad, que no fue otra que cargarse sin contemplaciones a Javier Gallego, director general del ADIF entre el 2014 y el 2016, que estaba enfrentado incomprensiblemente con todas las constructoras y, sin duda, era el principal responsable en la sombra de que en estos momentos no estemos viajando ya en un tren rápido a Madrid.
Cambio de agujas
Pastor sustituyó a Gallego por una gallega, la ingeniera lucense Isabel Pardo de Vera, que la había dejado entusiasmada con sus sólidas intervenciones técnicas en las reuniones en las que el anterior responsable del administrador de infraestructuras se enredaba con problemas que acababa siempre imputando a las empresas. En semanas -era cuestión de voluntad, no de falta de dinero- Pardo de Vera consiguió dinamizar todos los contratos restantes, la presidencia del ADIF cambió, Pastor se fue al Congreso y con el viento de cola irrumpió Íñigo de la Serna, que se comprometió al plazo de finales del 2019 y a una revisión trimestral de la marcha de las obras, jugándose su pellejo político al buen hacer de sus colegas técnicos (es ingeniero, ahora en paro).
Pero entre un semestre y otro llegó la moción de censura y los raíles se torcieron por momentos. En ese trance, rápido e inesperado, solo la inexperiencia o la defensa preventiva pueden explicar que diferentes cargos socialistas hayan puesto en duda un asunto de Estado en el que los dos principales partidos de España ya están vergonzosamente retratados para la historia.
Sin embargo, algún asesor se debió de dar cuenta de que en esta breve legislatura Pedro Sánchez tenía pocas oportunidades más de ponerse las Ray-Ban Caravan y con manos decididas subirse a un tren con el que llegar a Galicia en algo más de tres horas, a tiempo para pedir el voto en el 2020.
José Luis Ábalos, el nuevo ministro de Fomento, también fue de los que zozobró al sentarse en el despacho, pero reaccionó ascendiendo a Pardo de Vera a presidenta del ADIF, de donde esta semana tuvo que salir un informe confirmando que el plazo de finales del año 2019 sigue vigente, al menos para los profesionales. Ábalos recogió cable este jueves en el Congreso y estropeó un precioso titular que Sánchez le habría dado en exclusiva a Núñez Feijoo en su reunión del próximo martes. Ahora, el presidente gallego ya sabe que puede ir más allá y poner encima de la mesa las conexiones de Vigo y Lugo.
