La investigación judicial del caso entra en su fase definitiva

El informe de la Agencia Ferroviaria de la UE sostiene que el ADIF y Renfe debieron evaluar el riesgo de Angrois

.Concentración de la Plataforma de Víctimas del accidente de Angrois frente a los juzgados de Fontiñas
Concentración de la Plataforma de Víctimas del accidente de Angrois frente a los juzgados de Fontiñas

santiago / la voz

La investigación judicial del fatal descarrilamiento del tren Alvia en Angrois (Santiago) el 24 de julio del 2013 ha entrado en su fase definitiva. Los representantes legales de los 80 muertos y 144 heridos y de sus familias han conseguido en estos cinco largos años que la instrucción dejase de considerar como único posible responsable al maquinista y que indagase si eñ ADIF y Renfe evaluaron correctamente los riesgos de la curva de A Grandeira.  

¿Cuántos imputados hay en la actualidad?

El juez de Santiago que instruye el caso Alvia, Andrés Lago Louro, ha ido sumando imputaciones a la del maquinista del tren, Francisco José Garzón Amo, que fue declarado investigado nada más producirse el accidente. Ahora también están en su misma situación procesal dos altos cargos de los entes públicos ferroviarios, Andrés Cortabitarte y Antonio Lanchares. Cuando ocurrieron los hechos, el primero era director de Seguridad en la Circulación del ADIF, mientras que el segundo sigue teniendo este mismo cometido en Renfe. En febrero de este año, el magistrado también imputó a un subordinado de Cortabitarte, Fernando Rebón Sartal. El auto también citaba a otro, José Antonio García Díez, dado que el juzgado desconocía que había fallecido en marzo del 2015 a los 57 años de edad. Finalmente, en este momento también están imputados tres técnicos de Ineco, la consultoría pública que realizó la evaluación de riesgos en la línea de alta velocidad entre Ourense y la capital gallega.  

¿Cuál tesis es la principal?

Las tesis del primer juez instructor del caso, Luis Aláez, se han ido abriendo camino poco a poco. Él siempre consideró que el maquinista del Alvia no era el único responsable del descarrilamiento y quiso investigar, con la oposición en aquel momento de la Fiscalía, si el ADIF y Renfe habían cumplido con todas las exigencias legales en materia de seguridad de la línea. Para aclarar este extremo se ha imputado a los dos cargos del ADIF y al de Renfe.  

¿Fue correcta la actuación del ADIF y de Renfe?

Las víctimas del descarrilamiento de Angrois siempre han tenido muy claro que detrás del fatal accidente, además del despiste del maquinista, estuvieron las prisas del Gobierno central por inaugurar la línea de alta velocidad entre Santiago y Ourense. El informe que recientemente remitió al juzgado la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea (ERA, por sus siglas en inglés) va en esa misma dirección y señala que debió haberse evaluado el riesgo de la curva de A Grandeira, en Angrois, así como que debieron determinarse las consecuencias en materia de seguridad que tendrían tanto el cambio de proyecto como la desconexión del sistema ERTMS, que controla en todo momento la velocidad del tren y que lo habría frenado al detectar que iba demasiado rápido.  

¿Qué supone el informe de la Agencia Ferroviaria Europea?

El impacto en la causa del informe de la ERA podría ser determinante. No solo avala las imputaciones de los tres cargos del ADIF y Renfe, sino que muy probablemente hará que el juez instructor decida, cuando cierre la investigación (algo que todavía no ha hecho), abrir juicio oral contra al menos los técnicos que tenían mayor relevancia en los entes ferroviarios españoles: Cortabitarte y Lanchares.

elena moreno, víctima y exdiputada de ucd

«La comisión de la colza se constituyó de inmediato. Esta no solucionará nada»

Las comparecencias en la comisión de investigación de este martes se cerraron con la intervención de Elena Moreno, víctima del accidente de Angrois que no está afiliada a ninguna asociación y que se mostró muy crítica con las propias organizaciones de afectados, así como con la comisión parlamentaria, que, según dijo, no servirá «para solucionar nada». Moreno, que fue diputada por Pontevedra de UCD en las Cortes constituyentes, aseguró que las asociaciones que comparecen en el Congreso «no representan a la inmensa mayoría de las víctimas del accidente» y que la investigación sobre lo ocurrido en Angrois puede llevarse a cabo «sin instrumentos de desgaste al adversario político», como está sucediendo, a su juicio, en este caso. Como ejemplo de lo que debería haberse hecho, citó el precedente del envenenamiento por aceite de colza adulterado, con miles de personas que sufrieron consecuencias de por vida. «La comisión se constituyó de inmediato, no cinco años después», dijo, y aseguró que 37 años después sigue en contacto con algunos afectados. La exdiputada recordó su experiencia personal tras el accidente de Angrois, que la obligó a permanecer cinco meses inmovilizada y con las piernas y las manos quemadas, y además de agradecer la atención médica que recibió, instó a dejar que sea la Justicia la que determine las causas y las responsabilidades.

«Yo no me considero representada», señaló cuando el diputado de ERC Gabriel Rufián aseguró que las asociaciones representan al 99 % de los afectados. «No creo que haya que crear asociaciones para ir a Bruselas a exigir nada, hay que dejar a la Justicia hacer su trabajo», señaló, tras lo que aseguró que su único deseo es olvidarse de este tema «porque es una pesadilla» y no quiere que se lo recuerden más. Aunque afirmó que no iba a contestar a preguntas porque consideraba que la comisión no era el lugar adecuado para ello, sí lo hizo cuando se le preguntó por qué creía ella que no se había creado antes. «No viene a cuento», respondió Moreno, porque para lo único que servirá es «para que uno llame al técnico de las vías, otro al que hizo los vagones...». «Fue un accidente que pasó. No entiendo que con una comisión se arregle algo. Hay que dejar trabajar a la Justicia», dijo. Tampoco quiso tomar posición sobre quién era el responsable: «No sé de quién fue la culpa. Para eso están los investigadores», respondió, y añadió que tampoco cree que se haya presionado a las víctimas, como aseguró la exdiputada del PP Teresa Gomez-Limón.

El representante de Ciudadanos coincidió con la exparlamentaria de UCD en que la función de la comisión no debe ser el enfrentamiento político, sino que se investiguen las causas para evitar que un accidente tan grave pueda volver a repetirse.

Y cuando la diputada de En Marea Alexandra Fernández le preguntó si le parece normal que el ADIF tardara cuatro años en entregar algunos de los documentos solicitados por los jueces, insistió en que ella sigue «confiando en la Justicia española y en que el ministerio quiere también que se solucione todo esto». El diputado del PP Miguel Barrachina le agradeció que con su testimonio se distinga de «aquellos que buscan esclarecer la verdad y arrojar los hechos de unos, que solo ven oportunidad política, sobre otros».

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