El fiscal justifica al padre que no pagó dos carreras a su hija: «Él está en paro y ella no»

e. v. pita VIGO / LA VOZ

GALICIA

XOAN CARLOS GIL

El ministerio público explica sus motivos para pedir que se le exima de abonar la pensión alimenticia

05 jul 2018 . Actualizado a las 00:06 h.

La Fiscalía de Vigo explicó este martes que ha pedido a una jueza que libere a un albañil divorciado del pago de dos carreras universitarias a su hija, ahora de 25 años, porque este caso no cumple los requisitos legales para mantener la pensión de alimentos. Por un lado, el progenitor dejó de pagar cuando la hija ya era mayor de edad, y además ella ya está trabajando, mientras que su padre está en paro y carece de ingresos.

A todo ello, explica la Fiscalía, se suma el hecho de que la denuncia por el impago de la pensión fue presentada por la madre, cuando, en realidad, la hija mayor de edad era la que tenía capacidad para iniciar el pleito. Lo hizo tiempo después de cerrarse la instrucción y mediante la fórmula de adherirse al escrito que había presentado previamente su progenitora.

En un tribunal de familia de Vigo, especializado en divorcios, una letrada judicial admite que ven «casos de hijos mayores de edad que reclaman ayudas para estudiar». Para la Fiscalía, el hecho de pedir la absolución del padre por impago de pensión es poco común, pero en otras ocasiones «tampoco se puede demostrar que los denunciados tengan bienes o que estos estén ocultos».

En el caso concreto del albañil, a la Fiscalía no le cabe la menor duda de que la hija, siendo mayor de 18 años, «tiene capacidad económica y trabaja ya». Ella misma lo contó al tribunal, al decir que hace unos meses se había empleado como profesora particular y como camarera.

Una de las cuestiones que hizo dudar a la Fiscalía fue el hecho de que la hija no hubiese reclamado inicialmente la obligación del padre de proporcionarle alimentos y estudios. Sin embargo, «es verdad que la joven fue años después al juzgado porque quiso reclamar». Al ministerio público le llama la atención que, cuando el tribunal cerró la instrucción por un supuesto delito de abandono de familia, «ella aún no había denunciado».

El juicio se celebró el lunes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Vigo. El padre se quedó en paro en el 2011, agotó sus subsidios en el 2013 y, ya sin dinero, en el 2014 dejó de pagar la pensión de alimentos, por lo que la hija afrontó las dos carreras, Magisterio y Pedagogía, simultáneamente gracias al sacrificio de su madre y a una beca. Al agotar las ayudas públicas, abandonó los estudios de Pedagogía. El padre explicó que el poco dinero que gana con pequeñas chapuzas se lo da a su hija pequeña, fruto de otro matrimonio, pues la niña lo necesita más que su hija mayor, que ya se puede mantener ella sola. Propone que la madre alquile el piso de Vigo en bienes gananciales y ceda la parte paterna a la joven, pues él nunca se negó a pagar. Madre e hija lo acusan de cobrar en negro por faenas de campo, pero la Fiscalía ve acreditada la falta de ingresos.

Picaresca estudiantil

En Vigo ha habido varios pleitos promovidos por padres que pidieron una modificación de las medidas del divorcio porque se negaron a mantener a sus hijos, de 23 e incluso 27 años, pues eran ninis que vivían de la pensión paterna sin la menor intención de estudiar ni buscar trabajo. Algunos padres pusieron un detective para probar que su hijo no pisaba el aula. También hubo litigios ganados por eternas estudiantes, con carrera y varios másteres, que conservaron una generosa pensión.

En otros casos, el hijo vive fuera del domicilio familiar porque salió de casa a trabajar o reside con sus abuelos, y el pleito se tramita por una acción de alimentos entre parientes.

El límite lo marca el empleo

e. v. p.

El abono de una pensión alimenticia a hijos mayores de edad que estudian en la universidad ha generado numerosos pleitos en Vigo, principalmente presentados por divorciados que sospechaban que estos se matriculaban y luego no pegaban golpe. La última noticia es que la Audiencia de Pontevedra ha dictaminado que cursar un máster es un gasto extra que el progenitor no está obligado a sufragar, al ser estudios voluntarios.

¿Hay límite de edad para que un hijo cobre la pensión de alimentos?

La mediadora familiar Ana Sarabia dice que la ley no fija que con la mayoría de edad se termine la pensión si ello conlleva estudiar, algo que ha asumido la jurisprudencia en distintas sentencias. En general, los padres abonan los gastos de la universidad por una cuestión de sentido común y para beneficiar al hijo. «Algunas sentencias han fijado el límite de edad en los veintitantos años para evitar abusos», dice.

La abogada Josefina Barros recalca que el límite está en el momento en que el hijo se incorpora al mercado laboral. Su colega Ana García Costas lo corrobora: «Se mantiene hasta que el hijo, cuando vive en el hogar familiar, finalice los estudios y trabaje».

¿Si el vástago no trabaja ni estudia, puede el padre negarse a pagarle nada?

Muchos pleitos son iniciados por divorciados contra sus hijos mayores porque son ninis (ni trabajan ni estudian) y los acusan de vivir de su pensión. Josefina Barros ganó un caso al probar que el estudiante se matriculaba año tras año sin aprobar nada para que lo mantuviese su padre. Un detective demostró que el alumno no iba a clase y el tribunal le retiró la pensión porque no tenía la menor intención de estudiar. Ana Sarabia comenta que «lo normal es que el padre no corte la pensión a los 18, salvo que el hijo no responda en los estudios».

¿Se deben sufragar gastos extras como cursos de inglés o el máster?

García Costas cuenta el caso de una hija con una pensión de 2.500 euros al mes que estudió cinco años en una universidad privada e hizo dos másteres (cuatro años más). «Todo depende de la capacidad económica de los padres, pero ahora el máster es un gasto extra porque no es obligatorio», dice. Sarabia añade que «si un hijo estudia una ingeniería y pide un buen curso de inglés, que es un extra, eso se puede arreglar si los padres hablan entre ellos».

¿La mediación arregla algo?

Sarabia sostiene que los jueces «no saben si el niño es estudioso o tiene dificultades», pero en la mediación de divorcios los padres hablan del tema y llegan a un consenso o buscan alternativas.