El concurso lanzado por Baltar en el 2016 y anulado por el TSXG incluía puestos de portero y de jefe de negociado
04 jul 2018 . Actualizado a las 11:11 h.La decisión de la Diputación de Ourense de convocar un concurso para la provisión de 69 puestos no tiene justificación para la Justicia, salvo que sea para asignar una plaza como funcionario a las personas que las venían desempeñando en condiciones de interinidad y que habían sido, por tanto, colocadas previamente de forma provisional y sin concurso. Ese «circuito cerrado», que denunció ante el juez la CIG y que fue confirmado hasta en dos ocasiones por órganos judiciales, se consumó en la institución que preside José Manuel Baltar (PP) con unas condiciones que buscaban vetar a otros aspirantes.
La «desdichada restricción», según la define el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en una ponencia del que fue valedor do pobo entre el 2007 y el 2012, Benigno López, limitaba «injustificadamente» el acceso a los 69 puestos a los aspirantes que ya estuvieran desempeñando ese cargo al exigir exactamente los mismos grupos, escalas, subescalas, clases y categorías profesionales que las que se especificaban en las fichas individualizadas de cada puesto. El resultado del concurso de provisión, por tanto, no podía tener un final muy distinto del que tuvo al no haber casi aspirantes distintos a los que ya desempeñaban esa función. Así, el proceso concluyó con once empleados de la Diputación de Ourense perpetuando su ascenso al ser los únicos aspirantes a la plaza que ya ocupaban previamente tras llegar al puesto mediante adscripciones provisionales, interinidades o comisiones de servicio. En otros diez casos no se presentó ningún aspirante, por lo que se mantuvo de forma provisional al empleado que ya ostentaba la plaza. Solo tres fueron cubiertos por personal diferente del que había antes del concurso interno.
El veto a otros aspirantes al «constreñir» la convocatoria hizo que de los 45 puestos ofertados y que estaban vacantes, en 32 de ellos no hubiese concurrencia. En las 13 ofertas en que sí hubo una candidatura fue, precisamente, en las que no se realizaba la exigencia de una categoría específica. Según el Tribunal Superior, «poco más cabe añadir».
La convocatoria, cuya anulación acaba de ratificar el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, se publicó oficialmente en el Boletín Oficial de la Provincia del lunes 24 de octubre del año 2016. Se buscaba cubrir un total de 69 puestos mediante ascensos. Entre las propuestas había cinco jefaturas, como la del Negociado de Publicacións o la de Transparencia e Información Cidadá. También había oferta de provisión de puestos como portero en el Centro Cultural Marcos Valcárcel o en la Escola de Gaitas.
El PSOE ve «enchufes masivos»
La ratificación del fallo judicial que anulaba la convocatoria interna para 69 puestos en la Diputación de Ourense ha agitado a los grupos políticos de la oposición. El PSOE ha avanzado que demandará explicaciones al presidente provincial al entender que la sentencia del TSXG confirma el «burdo amaño» para colocar a dedo a decenas de personas en la institución que preside. «Estamos ante un novo caso confirmado de enchufes masivos. Por moitos anos que pasen, os enchufes non pasan de moda no PP de Ourense», aseguró el portavoz de los socialistas en la Diputación, Francisco Fraga. En Marea, por su parte, se refirió a la condena de nueve años de inhabilitación en el 2015 a José Luis Baltar Pumar, padre del actual presidente provincial, por 104 contrataciones irregulares. «Non son prácticas casuais», concluyó la parlamentaria Ánxeles Cuña.