Fernando Suanzes: «Las macrocausas no son malas en sí mismas, pero hay que saber gestionarlas»

«Cualquier problema relativo a la corrupción supone una preocupación especial para los ciudadanos, genera intranquilidad en el Estado de derecho y afecta a nuestra imagen internacional». Para el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes (Ferrol, 1953), la corrupción es una de las mayores preocupaciones, pero ve el lado positivo, porque cree que algo está cambiando en la sociedad: «No solo los políticos, sino también los ciudadanos y todo el sector económico han entendido que ya no se permiten determinadas prácticas que antes eran habituales».

-¿Se percibe una mejoría?

-España es uno de los países que más se está implicando en la lucha contra la corrupción. Creo que estamos saliendo de esa lacra, que hay una catarsis en la sociedad y que, al fin y al cabo, la corrupción no es impune y se llega siempre a un resultado en las investigaciones. El año pasado hubo un descenso del 18 % en los asuntos que se incoaron en materia de corrupción.

-¿Galicia tendrá la fiscalía anticorrupción solicitada?

-En el 2017, el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se mostró favorable. Luego, eso quedó en estudio. Ahora espero que salga adelante con la nueva fiscala general del Estado. Nosotros seguiremos insistiendo para que se cree una fiscalía anticorrupción en Galicia.

-Las investigaciones de corrupción suelen ser complejas y generar macrocausas.

-Las causas complejas que afectan a criminalidad organizada generan una serie de problemas, y la clave es cómo abordar el estudio y la tramitación de todo eso. En esos procedimientos, otros países tienen la instrucción en manos del fiscal y un margen de principio de oportunidad, de forma que se puede llegar a acuerdos con las partes menos influyentes del escalón de criminalidad y así poder perseguir a las partes más relevantes de la trama. Las macrocausas no son malas en sí mismas, lo que hay que hacer es saber gestionarlas.

-Le pongo el ejemplo del caso Campeón. Años de investigación y decenas de imputados, y la pena máxima son seis años.

-Es una constatación de la realidad del sistema, que afecta a nuestra imagen internacional. Desde los ámbitos internacionales nos recomiendan dos cosas: celeridad en los asuntos y certidumbre, que uno tenga seguridad jurídica de lo que va a suceder. Uno de los supuestos que tenemos que mejorar es el de las dilaciones, pues eso genera que en las macrocausas haya atenuantes que rebajarán la pena.

-La última reforma de la ley fija plazos en las instrucciones. Esos límites parecen positivos para acabar con las investigaciones interminables.

-La limitación de plazos en las instrucciones de las causas obedece a un criterio racional, con el que se indica que uno no puede seguir hasta el infinito con un procedimiento, algo que a veces sucede con las causas complejas, con las macrocausas. Desde la Fiscalía siempre hemos dicho que es necesario un plazo prudencial para acabar una instrucción. Y que además se haga con la debida calidad para no provocar nulidades. No se pueden mantener durante mucho tiempo los secretos de sumario. Tener un plazo razonable en las instrucciones parece lógico, normal y deseable.

-Esos plazos razonables no siempre se aplican. Se han criticado mucho las largas instrucciones de la jueza Pilar de Lara desde su juzgado de Lugo.

-Es un defecto estructural del sistema, no solo del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo, sino también de otros, como pasó en Andalucía, donde las macrocausas duran un tiempo exagerado. Y eso afecta a todo, afecta a la tutela judicial y al derecho de defensa. También, al ejercicio de la acción penal, porque se llega a juicio con unos tiempos dilatados, en los que ha transcurrido tanto tiempo que hay que aplicar atenuantes por dilaciones indebidas que pueden bajar la pena considerablemente. Es un defecto del sistema que hay que corregir, o bien transfiriendo la investigación al Ministerio Fiscal para que haya equipos que puedan dedicarse a los casos o, si se sigue con el sistema actual, acudiendo a órganos colegiados.

-Las instrucciones de ese juzgado de Lugo están bajo investigación del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué le parece?

-Esta última inspección a ese juzgado obedece a una iniciativa de los servicios de inspección del Consejo General del Poder Judicial, y aún no sabemos el resultado. Lo mejor es dejar trabajar a los inspectores.

-Los fiscales también pueden controlar esas instrucciones para que no se alarguen en el tiempo.

-Uno de los instrumentos que tienen las fiscalías para evitar que los casos se dilaten es el de ejercitar recursos ante cada juez. Y es la Audiencia provincial correspondiente la que decide si acepta ese recurso. Eso lo ejercitamos. Por ejemplo, en el caso de Lugo, la Fiscalía suele hacer un control riguroso de las actuaciones y ejercita los recursos pertinentes.

-La violencia machista sigue siendo un problema en Galicia. ¿Cómo lo aborda la Fiscalía?

-Es uno de los temas más relevantes para la Fiscalía del Estado y para la de Galicia. Por eso en enero se nombró a una fiscala delegada autonómica para la violencia sobre la mujer. Galicia es la cuarta comunidad de España con esa fiscalía especial, junto a Cataluña, Andalucía y Castilla y León. El año pasado se formularon 6.436 denuncias por violencia machista, con un aumento del 13,72 %. A pesar de la creación de la fiscalía especializada, hay un aumento y hay que seguir luchando, porque reducir la violencia machista es un objetivo prioritario.

-La protección de los vulnerables es otra función de la Fiscalía.

-Sí, la tutela y la defensa de los derechos de los más vulnerables. No solo actuamos en la acción penal, sino que protegemos a menores, a discapacitados y a mayores. Hace años solo interveníamos en casos residuales, cuando alguien necesitaba solicitar la incapacidad de algún familiar, pero ahora los casos se han incrementado. Estamos en una sociedad en la que cada vez hay más personas mayores, más problemas de demencia y personas más necesitadas.

«En las fiscalías se perdieron unas 50.000 horas de trabajo por culpa de la huelga»

Galicia acaba de sufrir una larga huelga de funcionarios de Justicia, que ha causado graves perjuicios a los ciudadanos y que ha afectado a los órganos judiciales.

-¿En qué medida ha perjudicado a la Fiscalía?

-La huelga de tres meses de los funcionarios afectó de manera muy intensa a todas las estructuras de la Administración de Justicia en Galicia. En primer lugar afectó a los ciudadanos, pero también a todos los operadores jurídicos, y entre ellos a la Fiscalía. Hemos hecho una valoración que indica que en las oficinas de la Fiscalía se perdieron unas 50.000 horas de trabajo. Pero es difícil cuantificar el número exacto de documentación pendiente que se puede haber generado, especialmente notificaciones, diligencias, ejecutorias...

-¿Cómo se reparará ese daño?

-Hemos hecho con la Xunta un plan de recuperación y hemos pedido a la Fiscalía General del Estado un refuerzo de fiscales. Estimamos que de esa forma la normalidad en las fiscalías podría recuperar en un plazo de entre tres y seis meses, a partir de septiembre. Aunque los refuerzos ya han empezado este mes.

-Uno de los sindicalistas acusados de coacciones durante la huelga dice que ahora hay represión contra ellos.

-La Fiscalía actúa siempre dentro de la legalidad y la imparcialidad. Eso está presente en el ADN de todos los fiscales que conozco. En ese caso, como en todos, hemos actuado en razón de los hechos que se han delimitado, y no hay presión de nadie, ni de ninguna consellería, ni de la Xunta. Es una investigación que realiza la Fiscalía conforme a su criterio.

-¿Tiene presiones un fiscal?

-Yo tengo que decir que nunca he recibido presiones ni de representantes del poder político ni de otras personas, incluidos mis jefes o mis compañeros. Creo que los políticos y los ciudadanos en general son cada vez más conscientes de la independencia del poder judicial y del Ministerio.

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