El alcalde de Abegondo se escuda en su ignorancia sobre el urbanismo en el juicio en el que le piden cárcel e inhabilitación

Le piden una condena de dos años de prisión y diez de inhabilitación


redacción / a coruña

Más de un centenar de familias de Abegondo viven con angustia el juicio que comenzó ayer en el juzgado de lo Penal número 2 de A Coruña. Temen que unas supuestas irregularidades urbanísticas en las que no tienen nada que ver hagan peligrar sus viviendas y esperan que, en todo caso, cualquier fallo judicial no afecte a sus propiedades, habida cuenta de que han cumplido a rajatabla con sus licencias.

«Mi formación de urbanismo es nula», declaró José Antonio Santiso Miramontes, alcalde de Abegondo y exconselleiro, en esta primera jornada del juicio, en el que está acusado por un delito continuado de prevaricación urbanística por la que le piden una condena de diez años de inhabilitación y dos de prisión. Santiso, que intentó evitar ser fotografiado entrando por un lateral de los juzgados y quedándose dentro del edificio en la hora que dieron para comer, dijo que «remitía a Urbanismo a quien solicitara una licencia, de ahí pasaban a secretaria y a la comisión de gobierno y se subían los que contaban con informes favorables». «Desconozco totalmente aspectos técnicos y jurídicos del urbanismo», insistió, pese a que la fiscala tildó de «aluvión» las licencias respaldadas.

Informes negativos

Sin embargo, Cristina Alonso, la que fuera secretaria municipal en Abegondo en el 2004 y 2005, y agentes de la Guardia Civil coincidieron ayer en cuestionar lo que consideraron una planificación deliberada realizada en el 2002 y 2004 y 2005 en el Concello por parte de políticos y técnicos para segregar parcelas en terreno rústico, dar licencias de contrucción con rapidez para eludir un cambio de normativa y mantener su validez en el tiempo realizando una mínima intervención que en muchos casos no pasó de un movimiento de tierras, mediante proyectos realizados en el estudio de arquitectura del mismo técnico encargado de validarlos en el consistorio.

Alonso -la última en declarar ayer en juicio en el que está acusado Santiso y su predecesor, Juan José Rocha, cinco exediles y tres arquitectos- indicó que no se atendieron sus múltiples informes desfavorables contra las licencias de obra, que entendía caducadas y que lo que se producía era una actividad «programada y organizada, de manera reiterada», que consistía en dar el visto bueno a las actuaciones. «No les importaba en absoluto un informe jurídico desfavorable», consideró y estimó que desde el consistorio se hacía una interpretación «grosera jurídicamente» de unas licencias contrarias a derecho. Rocha dijo que siguió el mismo procedimiento de actuación de Santiso y al igual que el resto de acusados negó que viese informes negativos. Mientras, el arquitecto Antonio Carro, defendió la legalidad de su labor como técnico municipal y dijo que la «APLU miente o omite». Solo la arquitecta Cristina Ballón reconoció la complejidad de la aprobación de licencias.

Agentes de la Guardia Civil apuntaron que sus investigaciones concluyeron que había siempre el mismo modus operandi de «parcelación urbanística» de suelo no urbanizable, para la que «solicitaban de manera inminente licencias urbanísticas» y se validaban replanteos con excavaciones o elevaciones de cota, por lo que recomendaran que existiera «una policía urbanística desde el Concello».

En el juicio, que continúa hoy, también declaró el promotor que en su día fue el origen del caso, Miguel Fernández, que dijo que lo había denunciado porque el arquitecto municipal le negó licencias que después tramitó.

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