El filón de utilizar el AVE como arma arrojadiza política es cosa del pasado. Ya no hay tiempo para eso. Los dos años que restan para la puesta en servicio dependen muy poco de la acción política, y mucho de lo que depararán los desafíos técnicos. La obra ya no se podrá parar desde los despachos, o con desvíos presupuestarios hacia donde hay más votos. Las decisiones políticas relevantes se reducirían a dos. La primera sería cuándo empezar a construir la variante de Ourense para superar la solución provisional en esa ciudad. La segunda, más compleja porque los contratos ya están en marcha, volver al plan inicial de vía única para parte de la línea.
Ya no hay contratos relevantes que dependan del Consejo de Ministros, y presupuestariamente sería más gravoso retrasar más las obras que terminarlas a finales del año que viene, pues las cifras que restan por invertir son cada vez menos cuantiosas.
Así que no se entienden bien estos nuevos intentos de la política por enfangar algo que ya solo está en manos de la técnica y de la buena suerte. Cualquier retraso sobre el plazo del 2019 vendrá de la mano de dificultades técnicas o imprevistos, pues en su momento no fue un plazo político, sino que se ajustó a la realidad de la obra y sus perspectivas de futuro. Aunque sea muy ajustado, cualquier retraso será difícil de atribuir a un engaño del anterior Gobierno o del actual Ejecutivo.
Sería bueno cambiar el chip por una vez. Asumir el nuevo acceso ferroviario a Galicia como un proyecto de país, y arrimar todos el hombro para que se acabe.