Educación registra ya casos de padres que acuden con abogados a los centros

En alguna ocasión llegaron a los juzgados para anular sanciones impuestas al alumno


Santiago / La Voz

Cada vez es mayor la litigiosidad que se vive en la sociedad. Y la educación no ha conseguido librarse. Aunque el tándem progenitor-profesor sigue funcionando en muchas ocasiones, en otras patina. Hasta el punto de que la Consellería de Educación ya registra casos de padres o madres que acuden al centro educativo acompañados de abogados. Estas situaciones ocurren cuando es necesario aplicar un procedimiento corrector a un alumno por una conducta gravemente perjudicial para la convivencia, y sitúan al profesor en una situación delicada.

«Ponse ao docente nun plano de inferioridade posto que de modo xeral a inmensa maioría non ten a formación suficiente para enfrontarse a un experto na materia», explica el portavoz socialista de Educación en el Parlamento, Luis Álvarez, quien interpeló a la Xunta sobre la presencia de abogados en las entrevistas con los padres, y sobre la posibilidad de adoptar alguna medida de apoyo en estos casos.

La Consellería de Educación constató que de forma puntual sí se registra esta presencia de abogados, pero el secretario xeral de este departamento, Jesús Oitavén, defendió la claridad y la garantía de los procedimientos correctores que deben aplicar los profesores cuando algún alumno comete una falta grave: «Temos recibido peticións dos docentes instrutores de asesoramento por parte do servizo técnico xurídico da consellería, pero non está pensado que dispoñamos de asesoramento legal nos centros».

La confrontación entre padres y profesores por estos expedientes disciplinarios llevó el curso pasado a recurrir una sanción en un juzgado vigués, y el juez acabó dando la razón a los padres, al considerar que existía una insuficiente motivación de las medidas correctoras impuestas. Oitavén recordó en la comisión parlamentaria de educación que el curso pasado se tramitaron más de un millar de expedientes a alumnos, por lo que el hecho de que uno fuese recurrido en la justicia «non invalida as ferramentas e as normas que temos establecidas para estes procesos», explicó.

De hecho, añadió Oitavén, durante los años 2015, 2016 y 2017, se llevó a cabo una formación intensiva con equipos directivos que incluía módulos específicos sobre el procedimiento corrector de las normas contrarias a la convivencia. La Xunta elaboró un gráfico para que los profesores que tienen que instruir estos casos vayan paso a paso y de esta forma no se produzcan irregularidades al aplicar este tipo de sanciones que, insistió Oitavén, tienen carácter educativo aunque requieran de un proceso administrativo.

Julia Díaz, del sindicato educativo ANPE, asegura sin embargo que la presencia de los abogados en los centros educativos, aunque anecdótica, no se limita a los casos en los que hay un problema de convivencia en las aulas. Díaz recuerda que se dan situaciones conflictivas a las que acuden estos profesionales en casos de progenitores separados «e mesmo se teñen levantado actas notariais sobre quen recolleu ao neno», indica. «O avogado é o mal menor -bromea Díaz- o peor é o pai que se presenta crendo que é avogado e que sabe máis que calquera».

Una de las reclamaciones de ANPE es que los docentes tengan asesoramiento jurídico especializado, ya que cuando deben enfrentarse a un juicio el apoyo legal se ejerce desde la asesoría jurídica de la Xunta, no por parte de abogados especialistas de Educación. Díaz recuerda que en ocasiones los profesores optan por buscar asesoramiento propio o recurren a los sindicatos. En caso de conflicto con los padres por cuestiones tan de actualidad como las redes sociales o los grupos de WhatsApp, «moitas veces preséntase denuncia á Garda Civil, e normalmente funciona».

Ninguno está en su sitio

José Antonio Caride, presidente de la Federación de ANPA de Ourense y vicepresidente de Confapa, es muy claro al hablar de estas situaciones. «Creo que no estamos ninguno en su sitio, ni las familias ni el profesorado». Admite que estos casos de conflictividad complicada son pocos pero existen, y aunque la convivencia es en general buena «podría ser mejor». Caride afirma que «hoy en día las familias queremos tener la razón en todo y al profesorado se le desprestigia muchas veces en sus acciones, pero qué vamos a pensar cuando la propia administración no confía en sus docentes encargando a una empresa externa la realización de las reválidas, cuando se está haciendo una evaluación continua todo el año».

Recomienda para evitar estos incidentes «comunicación entre las partes, las familias saltan por menos de nada, pero el profesorado debería tener también un reciclaje porque los tiempos que vivimos a los mejor son más crispantes que antes». Y la Administración no se escapa, «está a la cabeza de todo», concluye.

Los expedientes disciplinarios superaron el millar y se multiplicaron en primaria

El curso pasado, 2016-2017, se cerraron en Galicia 1.010 expedientes disciplinarios, aunque la cifra de los que se abren siempre es mayor. Es una cifra muy superior a los 851 del año anterior, aunque en relación con el número de alumnos la proporción solo es preocupante en las etapas de formación profesional básica, con 35,29 por cada mil matriculados. No obstante, es muy llamativo el aumento de los procedimientos sancionadores en primaria, en donde los menores no superan los doce años. Se concluyeron 86 expedientes, la cifra más alta al menos de los últimos quince años. En el 2001-02, por ejemplo, fueron dos, y en el 2007, 12. En los últimos años estos casos de conflictividad han ido creciendo hasta los 33 del curso 2010-11, y los 54 del 2015-16, pero aún muy lejos de los 86 del pasado.

Relación de confianza

Los docentes aseguran que cuando hay diálogo y confianza entre padres y profesores, aunque se produzca un incidente puntual con un menor, los expedientes ni se contemplan. Se abren, explican, como último recurso, cuando no hay respuesta por parte de la familia y no existe alternativa.

Una de las novedades del decreto que desarrolla la ley de convivencia es la agilización de estos procesos disciplinarios, ya que desde que se tiene conocimiento de los hechos hasta que se le comunica la resolución a los progenitores o tutores legales no pueden pasar más de doce días.

En cuanto a las conductas a las que se aplica este tipo de expediente, la norma recoge las agresiones físicas y psíquicas, coacciones, acoso escolar, discriminación grave o portar objetos o sustancias gravemente peligrosos para la salud de la comunidad educativa.

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