Los expertos avalan que Meirás pase al Estado por haber tenido uso público

La comisión de la Xunta abre la puerta a indemnizar a los Franco por los gastos de mantenimiento del pazo desde 1975

La propuesta incluye acreditar el uso público del controvertido pazo entre 1941 y 1975
La propuesta incluye acreditar el uso público del controvertido pazo entre 1941 y 1975

santiago / la voz

La propuesta jurídica de la comisión de expertos nombrados por la Xunta propone que el Pazo de Meirás, Bien de Interés Cultural (BIC) desde el 2011, pase a manos del Estado a través de una acción reivindicatoria contra los herederos del dictador. Esto significa, de facto, que la Administración General presentaría una demanda civil para reclamar que la propiedad sea considerada como bien de dominio público afecto a la Jefatura del Estado. Para ello, según los expertos, sería necesario acreditar el uso público de Meirás entre 1941 y 1975. Algo que, según las conclusiones de la comisión, queda suficientemente acreditado. Allí se celebraron consejos de ministros, como el de 1953, en el que se aprobó la construcción de Alvedro, e incluso el personal del palacio de El Pardo, funcionarios en su mayoría, prestaba también sus servicios en un pazo que tenía carácter de residencia oficial.

Esta fórmula jurídica propuesta por los expertos se conoce técnicamente como demanialización. Y significa que por la fuerza del uso se trataría de un inmueble público. Sin embargo, esta alternativa abre la puerta a que los herederos de Franco puedan ser compensados económicamente por los gastos de mantenimiento de la propiedad desde 1975, año de la muerte del dictador. Para ello sería necesaria una sentencia firme del Supremo a favor del Estado, la liquidación de la propiedad y que esas inversiones de mantenimiento estuviesen lo suficientemente probadas.

El camino que aconseja la comisión de expertos de la Xunta es diferente a la propuesta de la Junta Pro Devolución de Meirás, que se ha decantado porque el Estado ejerza una acción civil centrada en la nulidad de la propiedad del pazo, al haberse acreditado que se trató de una compraventa simulada, toda vez que el inmueble ya había sido adquirido y donado al dictador en 1938 en calidad de Jefe de Estado. La comisión de expertos reconoce que la operación fue un fraude, pero sí cree que esta alternativa plantea un horizonte legal más complicado para recuperar el bien, porque sería necesario probar la donación anterior al dictador y el uso de fondos públicos.

Visión plural

Este comité de expertos lo preside el historiador Xosé Manoel Núñez Seixas y de él forman parte responsables del Gobierno gallego, además de juristas, las universidades, la Diputación y Concello de Sada. Precisamente, este municipio ha emitido un voto particular en los conclusiones del informe remitido al Parlamento gallego. Sada está de acuerdo con la viabilidad de la vía demanial, como plantea la comisión de expertos, pero advierte de que no se puede calificar «de buena fe» la posesión por parte de los Franco, como recoge el informe, porque abriría la puerta a una posible indemnización para los herederos del dictador.

El documento elaborado por el equipo propuesto por la Consellería de Cultura considera que, una vez adquirida la condición de bien público, los Franco no podrían alegar que son los dueños por haber ocupado la propiedad durante más de tres décadas dado que el pazo no perdería su carácter de bien público.

El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró ayer que el Gobierno gallego estará «moi atento» a las conclusiones del informe de la comisión de expertos de la Consellería de Cultura para «ver os fundamentos xurídicos» y «estudar se efectivamente é posible» la recuperación del pazo de Meirás. El número dos del Gobierno gallego insistió en que ahora toca estudiar a fondo el documento y explotar la viabilidad de la alternativa propuesta por los expertos para que, finalmente, la propiedad pueda pasar a ser de dominio público. Por su parte, tanto En Marea como el BNG, exigieron ayer que se ponga en marcha cuanto antes el proceso de recuperación.

Luís Villares, que mostró su satisfacción por las conclusiones del informe del comité de expertos, destacó que la recuperación de Meirás para titularidad pública va más allá «do simbólico» y supone «un exercicio democrático necesario para acabar coa impunidade do franquismo a nivel político, xurídico e económico».

El portavoz parlamentario de En Marea se refirió a una extorsión disfrazada de donación que deja en evidencia el proceso de la transición española. Ana Pontón, portavoz del BNG, insistió en que su formación nunca tuvo dudas sobre la necesidad de que sea devuelto al pueblo el patrimonio expoliado por el dictador y pidió al nuevo Gobierno central que se equipare el trato del Pazo de Meirás al del Valle de los Caídos.

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