La Diputación de Lugo advierte a Suplusa que no tome decisiones, al estar ilegalizada por sentencia
GALICIA
La Audiencia anuló los estatutos que hicieron presidente a Martínez, el diputado escindido del PSOE
16 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La Diputación de Lugo advirtió ayer a una de sus sociedades, Suplusa, que se abstenga de tomar ninguna decisión, porque podría incurrir en delito, ya que el ente quedó literalmente ilegalizado esta semana por una sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo. Suplusa (Sociedad Urbanística Provincial de Lugo, SA) se había ido reformando internamente en los últimos años para construir y gestionar centros de la tercera edad en la provincia, además de mantener su función original de crear suelo industrial.
Dentro de esa progresiva modificación de sus fines fue trascendental una junta general celebrada el 30 de septiembre del 2016 en la que, por sorpresa, el diputado díscolo del PSOE Manuel Martínez se hizo con la presidencia de Suplusa. El PP se alió con el diputado socialista y lo colocó al frente, arrebatándole la plaza al propio presidente de la Diputación, Darío Campos. Pero el gobierno provincial denunció en los tribunales la maniobra por supuestas irregularidades. En primera instancia, el juzgado no la anuló, pero esta semana la Audiencia de Lugo inhabilitó aquella reunión porque la junta general del 30 de septiembre del 2016 cometió diversas irregularidades, y por tanto todo lo acordado allí era nulo.
Invalidadas las decisiones
El principal acuerdo fue nombrar presidente al díscolo Martínez, que por tanto ya no lo es porque fue nombrado de forma irregular. Y todos los actos tomados por él desde entonces como presidente también quedarían invalidados, ya que la sentencia es ejecutiva y definitiva, aunque tiene una remota posibilidad de revisión en casación ante el Supremo.
Por eso el portavoz del grupo socialista en la Diputación dijo ayer que Suplusa debe abstenerse de tomar ninguna decisión, ya que sería ilegal en sí misma, y tanto Martínez como el PP estarían haciéndolo a sabiendas de que es ilegal.
Martínez aseguró que intentarán recurrir en casación, si el Tribunal Supremo se lo admite, y mientras tanto cumplirá la sentencia intentando volver a aprobar los estatutos, ahora de forma legal. Según la Audiencia, en aquella reunión de septiembre se vulneraron muchos principios: «La convocatoria la realizó el secretario del consejo en lugar de hacerlo el consejo de administración. No se practicó el preceptivo requerimiento notarial a los administradores sociales para convocar junta general. Solo transcurrieron 10 días hasta la celebración de la junta en vez del plazo del mes previsto legalmente. El texto propuesto para modificar los estatutos no era coincidente con el aprobado por el consejo de administración. Y no se emitió el informe escrito que justifique la modificación estatutaria».
Darío Campos dijo ayer que la sentencia otorga de nuevo el control de Suplusa a la Diputación, que en el último año se había convertido en un chiringuito desde el que Martínez torpedeaba a sus excompañeros del PSOE apoyado por el PP.