El futuro judicial de Rafael Louzán por el caso de los alquileres, en manos del TSXG

Los recursos interpuestos alegan cuestiones que van desde la supuesta prescripción de los hechos imputados a los acusados hasta que el fiscal se pudo haber extralimitado


Los magistrados del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) tendrán la última palabra a la hora de decidir si, finalmente, Rafael Louzán, expresidente de la Diputación de Pontevedra y actual presidente de la Federación Galega de Fútbol, debe sentarse en el banquillo de los acusados por el caso de los alquileres. Y es que el TSXG tiene que decidir sobre los recursos interpuestos por el propio Louzán -al parecer, lo presentó el día de gracia-, su mujer y el que fue diputado provincial Severino Reguera contra el auto de la Audiencia de Pontevedra que decretó la continuación del procedimiento.

Fuentes de la Fiscalía precisaron este miércoles que en estos recursos se alegan cuestiones que van desde la supuesta prescripción de los hechos imputados a los acusados hasta que el fiscal, de alguna manera, se pudo haber extralimitado al investigar o que se había abierto una investigación general sobre el entorno de Louzán. Estas fuentes añadieron que otra de las cuestiones que se sostuvo fue que, en el momento de constituirse los alquileres en el 2008 sobre unos locales comerciales propiedad de Rafael Louzán y su mujer, el Código Penal no recogía el delito de cohecho impropio por el que ahora se los acusa desde el ministerio público.

Por lo pronto, desde el ministerio público ya se contestó a los tres recursos rechazando, al igual que se hizo en la Audiencia de Pontevedra, los argumentos de las defensas. Asimismo, se incide en que, antes de tomarles declaración durante la instrucción, los encausados y sus abogados tuvieron ocasión de examinar la totalidad de las diligencias.

Ley del Jurado

Lo cierto es que la causa abierta se está siguiendo según la Ley del Jurado, de tal modo que, en caso de celebrarse un juicio, serían los nueve miembros de un tribunal popular los que deberán determinar la culpabilidad o no del expresidente de la Diputación de Pontevedra.

El fiscal considera que Severino Reguera pagaba un sobreprecio al abonar el alquiler de los bajos comerciales de la calle Teixugueiras de Vigo, en el barrio de Navia, y que cifra en un 60 %. Sostiene, asimismo, que el diputado provincial dependía para su carrera política de Rafael Louzán, por lo que entiende que se dan todos los requisitos para imputarles un supuesto delito de cohecho impropio. Solicita un año de prisión para ambos, así como nueve meses de cárcel para la esposa de Louzán.

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