El Congreso desoye el deseo de las víctimas de cerrar la comisión del Alvia y les impone abrirla

Las comparecencias empezarán a finales de mes, y tras las víctimas irán el maquinista y el interventor


redacción / la voz

La comisión de investigación del accidente ferroviario de Santiago superó el inexplicable bloqueo de casi cinco meses, la búsqueda de alguien de consenso que la presidiera, la amenaza de unas elecciones anticipadas y la elaboración de la lista de comparecientes -finalmente serán 49-. Pero cuando todo está en marcha para que comience a funcionar en la última semana de este mes surge una nueva polémica. Los partidos mayoritarios, PP y PSOE, han conseguido imponer una secuencia de intervenciones que conviene a los políticos, pero que las víctimas rechazan. El orden no es baladí, y el que ahora se ha institucionalizado -propuesto inicialmente por los socialistas- es muy favorable para los ex altos cargos llamados a declarar. Podrán tener acceso a toda la información que aporten los cargos intermedios y los técnicos para luego preparar su comparecencia sobre seguro.

El presidente de la plataforma de víctimas, Jesús Domínguez, explicó que ayer aún seguían contactando con los partidos para ver si era posible cerrar el turno de participantes en la comisión de investigación. Los afectados por el accidente de Angrois, donde murieron 80 personas y 144 resultaron heridas, prefieren elaborar su testimonio en base a las intervenciones, para ofrecer a los diputados sus propias conclusiones sobre los seis meses que durará la comisión de investigación, en la que se intentará interrogar a tres comparecientes por semana, habilitando también el mes de julio para que la comisión avance. Parece que algunas formaciones políticas no descartan que, pese a la intervención inicial de las víctimas, puedan también cerrar los turnos de comparecencias. Pero de momento eso no aparece en ningún papel oficial del Congreso. Alexandra Fernández, de En Marea, sí pidió que sean las víctimas las que cierren la comisión.

Víctimas, técnicos y políticos

El orden pactado en una comisión que debe determinar si existieron responsabilidades políticas sería el siguiente: en primer lugar los representantes de la plataforma de víctimas, el colectivo que mantuvo la presión en los últimos cinco años y al que se debe buena parte de los logros conseguidos, entre ellos esta comisión de investigación. Después asistirían representantes de otra asociación de víctimas, Apafas, que solo funcionó en los meses posteriores al accidente y que fue creada a instancias de un bufete de abogados. De hecho, muchas de las víctimas que estaban en esa asociación terminaron formando parte de la plataforma. También intervendrán dos víctimas a título individual a propuesta de los partidos.

Les seguirán los profesionales de Renfe directamente relacionados con el accidente: el maquinista, Francisco José Garzón Amo, y el interventor que lo llamó por teléfono poco antes de la curva de Angrois, Antonio Martín Marugán. En el entorno del maquinista no se oculta la preocupación por una comparecencia que puede afectar a su defensa, pues está imputado.

Después llegará el turno de los cargos técnicos de Fomento, ADIF y Renfe, así como de los expertos independientes o responsables de empresas que tuvieron algo que ver en la puesta en servicio de la línea de alta velocidad Santiago-Ourense.

Finalmente comparecerán los ex altos cargos, entre los que están los exministros de Fomento José Blanco y Ana Pastor, los expresidentes del ADIF y Renfe, y ex secretarios de Estado de Fomento como Rafael Catalá, Julio Gómez-Pomar o Víctor Morlán. Finalmente, el presidente Feijoo no comparecerá.

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