vigo / la voz

La caída encadenada de fichas de dominó que arrastra el cambio de partido en el Gobierno hará que prácticamente una treintena de gallegos pierdan el trabajo adjudicado en la Administración saliente. Quince de ellos vivieron lo que va de legislatura en las proximidades de Mariano Rajoy y tuvieron incluso su visto bueno. Ese es el caso de la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez Castro, nacida en Venezuela pero vinculada a Galicia y que ha sido de los primeros cargos en ser sustituidos, en su caso por el periodista Miguel Ángel Oliver. La viguesa Irene Garrido Valenzuela emprenderá el viaje de retorno desde la Secretaria de Estado de Economía, como José Ramón Lete dejará después de año y medio el Consejo Superior de Deportes.

El mismo viaje de vuelta a la provincia de Pontevedra lo harán Lucía Molares, directora general del Sepes; Juan Luis Pedrosa, el exalcalde pontevedrés cuyo último puesto era el de director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, y Javier Dorado, nombrado en diciembre del 2016 director general del Instituto de la Juventud.

Antes incluso de que le diera tiempo a presentar las conclusiones de su trabajo sobre cómo poner remedio a la caída poblacional, la ourensana Edelmira Barreira tendrá que dejar el Comisionado del Gobierno para el Reto Demográfico, cuya continuidad está en el aire. La directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, la lucense Sonia Ramos Piñeiro, también se encuentra pendiente del BOE, como de lo que ocurra dentro del ADIF lo estará su secretaria general y exjefa de gabinete de Ana Pastor en Fomento, Alicia Portas Martínez. También Ildefonso de la Campa, director general de Migraciones.

Cuatro embajadores

En el campo internacional el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, el ferrolano Ildefonso Castro López, tiene también su continuidad en el aire con el cambio de colores en la Moncloa, igual que les ocurre a los representantes diplomáticos de España en el extranjero, como la coruñesa Teresa Orjales Vidal, embajadora en Estonia desde el año pasado; el vigués Alfonso Manuel Portabales Vázquez, embajador en Guatemala desde el 2015, y el betanceiro Agustín Núñez Martínez, en Polonia desde el 2012. Roberto Varela, que fue representante español ante el Gobierno de Uruguay exconselleiro de Cultura, dejó la legación en abril del año pasado para convertirse en director general de Relaciones Culturales y Científicas de la cooperación española.

En el ámbito de la seguridad nacional también queda pendiente de su futuro el secretario general de Política de Defensa (Segenpol), el marinense nombrado como su número dos en el ministerio por Dolores de Cospedal, Juan Francisco Martínez Núñez.

Y en el ámbito de la empresa pública, Navantia tendrá que esperar a ver quién rige sus destinos tras Esteban García Vilasánchez.

Capítulo aparte merece el mentor de buena parte de los dirigentes gallegos del PP, José Manuel Romay Beccaría, que prepara su adiós de la vida pública a los 84 años después de haber entrado en ella en 1963 como secretario general de Sanidad y prácticamente no haber vivido sin cargos orgánicos o electos más que para ejercer de letrado del Consejo de Estado, que aún preside, tras ser nombrado para el puesto por Mariano Rajoy.

Romay Beccaría ocupa puestos de representación desde 1963, cuando entró en Sanidad Otra quincena de cargos tienen en su mayoría fecha de caducidad en sus responsabilidades públicas desempeñadas en Galicia, pero dependientes de la Administración central. Esos son los casos del delegado del Gobierno, Santiago Villanueva, y los cuatro subdelegados provinciales, así como el codiciado puesto de delegado de la Zona Franca de Vigo, donde Teresa Pedrosa podría ser sustituida, según apuntan ya fuentes socialistas, por el parlamentario y secretario general del PSOE vigués Abel Losada, que así dejaría su escaño en Santiago al líder del partido en Galicia, Gonzalo Caballero.

En función de la intensidad que el nuevo Gobierno pretenda otorgar a su despliegue territorial, podría haber cambios en puestos como la Jefatura Superior de Policía en Galicia, la representación de la Agencia Tributaria, la Confederación Hidrográfica Miño-Sil (casi siempre sometida a relevos con los cambios de partido al mando), la demarcación de Costas, la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología y los mandos de los cinco centros penitenciarios.

Otros 88 directores y jefes de escalas inferiores completan el escenario en Galicia de dependencia de las decisiones de los nuevos ministros.

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Baile de sillas para una treintena de gallegos