El nuevo plan asume la política demográfica transversal de la Xunta e intentará luchar con autobuses, microbuses o taxis contra una Galicia interior vacía
05 jun 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Galicia tiene un grave problema de despoblación, especialmente en el interior, y la Xunta ha entendido que la política demográfica debe ser transversal, es decir, tiene que infiltrarse en las nuevas leyes, los nuevos planes y cualquier iniciativa que tenga la mínima incidencia en la demografía. El nuevo plan de transporte es una de esas iniciativas donde la lucha contra una Galicia vacía cobra especial relevancia.
Parte del análisis del enorme cambio en el asentamiento de la población que sufrió Galicia en los últimos sesenta años y que ha hecho que buena parte de las concesiones no sean rentables, pues se diseñaron en la primera mitad del siglo pasado, cuando muchas de esas zonas estaban más pobladas y el acceso al vehículo privado no era tan mayoritario como ahora. Esto obliga a la Administración a revisar en profundidad un diseño del transporte público por carretera con la premisa de que la población gallega se ha volcado sobre la dorsal atlántica y que el este del país, una zona montañosa y a menudo con malas comunicaciones, avanza a pasos agigantados hacia el vacío poblacional.
El plan nace con unos objetivos que están muy en relación con el problema demográfico. Aspira a la mayor cobertura territorial posible para lograr la cohesión social y tender hacia una igualdad relativa en el derecho de acceso al transporte público, teniendo en cuenta que aún se están produciendo «procesos dinámicos de traslado da poboación das zonas rurais ao entorno das grandes cidades», según se asegura en el documento del plan que ha salido recientemente a información pública.
Así que por un lado hay que satisfacer las necesidades de las grandes áreas metropolitanas, favoreciendo el transporte público para evitar los atascos que provoca el uso indiscriminado del vehículo privado. Y por otro hay que atender a las zonas rurales para fijar su población y evitar que el éxodo termine por convertirlos en desiertos. «O fomento de políticas de asentamento de poboación nos ámbitos rurais fai imprescindible que se manteña unha oferta de transporte público atractiva, como unha obriga de servizo público, aínda que na maior parte dos casos poida resultar economicamente deficitaria e requira, para o seu mantemento, da achega de recursos públicos». Es decir, la Xunta asume que tendrá que compensar las pérdidas de explotación para que las empresas de transporte vean medianamente atractivo el negocio, aunque aspirando siempre a un modelo económico sostenible, pues los recursos públicos son limitados. Son lo que la Consellería de Infraestruturas denomina «liñas intrinsecamente deficitarias».
En este contexto surge el transporte escolar compartido, dirigido a aprovechar la gran capilaridad de estos autobuses y, al tiempo, ahorrar en lo que es la mayor factura de España por este tipo de servicios: 120 millones de euros. Casi 100.000 personas han usado ya las líneas integradas en la primera fase del plan. Y también el transporte bajo demanda, con una central de reservas que atiende las peticiones de los usuarios. Con esto se evita matar moscas a cañonazos. Es decir, utilizar grandes autobuses para transportar a un puñado de usuarios, una de las razones de que el 37 % de las concesiones no sean rentables y necesiten la inyección de dinero público para subsistir. Es más sostenible adaptar la oferta a la demanda, mediante microbuses o incluso taxis.
Casi 9.000 paradas
La propia fisonomía del actual diseño de líneas refleja otra de las características de la población gallega que dificulta la rentabilidad del transporte público por carretera: la enorme dispersión de la población. El actual diseño de las concesiones -sin tener en cuenta la primera fase del plan que se elaboró ante las renuncias masivas de empresas- cuenta con 8.917 paradas físicas, lo que implica cerca de 23.000 paradas de línea de las 1.043 que recorren todo el país. Pese a ello, la capilaridad y penetración es milagrosamente aceptable: casi un 82 % de la población tiene una parada a menos de 500 metros de su casa.