Juristas piden la revisión de las normativas ante la cascada de anulaciones de planes urbanos

Galicia y España suman un centenar de ayuntamientos con planes urbanísticos suspendidos judicialmente


santiago / la voz

Vigo, Ourense, Santander, Gijón, Ibiza, Marbella... son los casos más llamativos y mediáticos, pero Galicia y España suman un centenar de ayuntamientos con planes urbanísticos suspendidos judicialmente. La cascada de sentencias de los últimos años, con graves consecuencias sociales y con una compleja y dilatada resolución, acaban afectando de forma directa al ciudadano, de ahí que hasta los propios jueces estén reclamando mayor seguridad jurídica, herramientas normativas menos radicales y, en determinados casos, la capacidad de resolución de los tropiezos administrativos por la vía de la subsanación puntual, sin tener que iniciar de cero la titánica tramitación de este tipo planes.

A través de la experiencia de destacados juristas y del análisis de los últimos casos más polémicos, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha planteado estas cuestiones en unas jornadas que se celebran hasta mañana en Santiago con presencia de técnicos de toda España y cuyo campo de juego general marcó en la ponencia inaugural Juan José González Rivas, presidente del Tribunal Constitucional. La APLU, el órgano dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, diseñó un panel de expertos que desgranaron las principales dificultades para el cumplimiento de sentencias y los efectos de la tradición doctrinal.

Acompañaron a González Rivas en la apertura del congreso la conselleira Beatriz Mato y el presidente Feijoo, quien avanzó que con la Lei de Ordenación do Territorio, cuya aprobación se prevé para el próximo año, y el Plan Básico Autonómico, que irá al Consello da Xunta a finales de julio, Galicia se convertirá en una de las comunidades con la legislación territorial más avanzada «xunto a Cataluña e Aragón». 

Récord de actividad de la APLU

En su intervención, el jefe del Ejecutivo también puso en valor la década de actividad de la agencia, que en el 2017 realizó 1.250 inspecciones con carácter preventivo y que batió el récord de reposiciones de legalidad, incluidos derribos de construcciones, con más de 205 actuaciones. Esta cifra supone cuadruplicar la actividad que registró en los primeros años de funcionamiento y que se prevé que siga aumentando en los próximos ejercicios, sin que ello suponga necesariamente que se cometan en la actualidad más irregularidades, sino que se van resolviendo expedientes abiertos en el pasado.

Feijoo también destacó que desde el 2009 Galicia triplicó el número de ayuntamientos que cuentan con PXOM -de 33 a 98- y que el inminente Plan Básico Autonómico beneficiará a 270 concellos. Este documento identificará los 38.000 asentamientos de población de Galicia y pondrá al servicio de los cartógrafos 43.000 planos que ayudarán a identificar las afectaciones sectoriales, desde las relativas a las leyes de costas o aguas a la identificación de elementos patrimoniales o vías de comunicación, incluyendo la normativa aplicable en cada caso.

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