Xunta y TSXG inician el diseño del plan de actualización del trabajo perdido para poder activarlo a partir de septiembre
23 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los más de tres meses de huelga de funcionarios de la Justicia gallega obligaron a suspender cerca de 20.000 juicios, comparecencias, declaraciones y otras actuaciones. A fecha de 5 de mayo, los datos oficiales que ayer aportó el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hablan de 17.177 asuntos paralizados, de los que 6.921 fueron en la provincia de A Coruña, 5.735 en la de Pontevedra, 2.382 en Ourense y 2.139, en Lugo. Esa cifra aumentará cuando se computen los datos pendientes, explicó Miguel Ángel Cadenas, que ayer participó en la comisión mixta con la Xunta en la que se ha comenzado a diseñar el plan de recuperación del trabajo perdido durante el paro.
Antes de poder activar el plan es necesario hacer una radiografía completa de la situación en la que ha quedado cada juzgado de Galicia, ya que la afectación, explica Cadenas, es muy dispar y varía muchísimo de unos a otros incluso estando en la misma localidad. La de lo social y la de lo penal son las jurisdicciones más perjudicadas por la huelga, que afectó, en palabras del presidente del TSXG, «muy negativamente a la actividad jurisdiccional», por lo que advierte que «es una responsabilidad de todos» paliar y corregir esta situación.
Financiación
Dos cuestiones condicionarán la puesta en marcha del plan. Una son las vacaciones de verano, que harán que la fecha prevista para activarlo sea ya el mes de septiembre. La otra es la financiación, ya que no solo tendrán que hacer horas extras los funcionarios de los juzgados, sino también los jueces y fiscales, de ahí que la Xunta y el TSXG busquen implicar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al Ministerio de Justicia, ya que ambos tendrían también que costear parte del despliegue para descolapsar los juzgados gallegos.
En el Gobierno gallego no quieren perder tiempo en la vuelta a la normalidad y hoy mismo se reunirán con los tres sindicatos que apoyan su última oferta de mejora laboral y salarial para los funcionarios -SPJ-USO, UGT y CC.OO.- para formalizar la firma del documento y celebrar la primera de las comisiones de seguimiento del pacto para poder aplicar lo antes posible las mejoras a los trabajadores, que en lo económico suponen 140 euros más al mes para los forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para el cuerpo de auxilio.
Sin embargo, no todo son buenas noticias en el horizonte, ya que tres de las organizaciones que aún dicen seguir formando el comité de huelga -CUT, STAJ y CIG- acordaron ayer recurrir ante el Valedor do Pobo y el Defensor del Pueblo la decisión de la Xunta de cerrar el conflicto en una mesa sectorial -de la que los tres formaron parte-, ya que estiman que se debió negociar con el comité, del que ya se habían salido varios sindicatos.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió a estas tres organizaciones «un mínimo de seriedade e de querer que as cousas funcionen» y las acusa de desear que el conflicto no termine nunca pese a que, según anunció, ayer ya solo lo secundaron siete funcionarios de un total de más de 2.700.
Catalá asegura que buena parte de las demandas de los jueces están en tramitación
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró ayer que «buena parte» de las reivindicaciones que han llevado a los jueces y fiscales a la huelga «son compartidas por el Gobierno» y se han incluido en leyes que se han planteado o se están tramitando, por lo que ha pedido «diálogo y concertación». Catalá precisó que «no es tanto una discrepancia de fondo», ya que el Gobierno coincide en la necesidad de que la Justicia tenga más medios materiales, personales y tecnológicos, como «una cuestión de tiempos».
«Confiamos en que, fruto del diálogo y la concertación podamos abordar estas reformas», manifestó el titular de Justicia, quien recordó que está abierto desde hace meses un proceso de negociación en el que las 18 propuestas que han trasladado jueces y fiscales están siendo discutidas y analizadas.
Algunas de esas propuestas están vinculadas con los Presupuestos Generales del Estado del 2018, que Catalá confía que hoy apruebe el Congreso y que permitirán, por ejemplo, crear 300 nuevas plazas de jueces y fiscales, incrementar en un 50 % la partida de obras en edificios judiciales y dotar con 130 millones los sistemas informáticos. Añadió que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial -también en tramitación- aportará más transparencia a los nombramientos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y suprimirá los magistrados designados por parlamentos autonómicos.