Denuncian la «injusta» aplicación de la ley de incompatibilidades en sanidad
GALICIA
Advierten que se impide la elección de médico y que se perderán servicios si no se permite la segunda actividad
22 may 2018 . Actualizado a las 07:46 h.Si, como está sucediendo en Galicia, de forma «excepcional en España» la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas continúa una aplicación de máximos, «a lo talibán» y de forma restrictiva, en el ámbito sanitario existe riesgo de conculcar el «derecho del paciente a la libre elección de médico» e incluso «el derecho a percibir la mejor atención», además de poner en peligro el funcionamiento de servicios «esenciales y estratégicos» de la sanidad pública. Así lo pusieron de manifiesto ayer en el Colegio de Médicos de A Coruña Ricardo de Lorenzo, presidente de la Sociedad Española de Derecho Sanitario y asesor jurídico de la Organización Médica Colegial; Jaime Rodríguez-Arana, catedrático de Derecho Administrativo de la UDC, y Francisco Fernández-Avilés, jefe de cardiología del Gregorio Marañón, ponentes de la jornada organizada con la UIMP y que dio paso a un intenso debate al que se sumaron directivos, gerentes y profesionales de hospitales privados y públicos, representantes de la Administración autonómica y del mundo de la judicatura.
Casi unánimemente coincidieron en señalar la «injusta» y errónea interpretación de una ley de 1984, tildada de obsoleta, que está ocasionando ya problemas graves a alrededor de setenta facultativos en la comunidad gallega, muchos de ellos de reconocido prestigio, a raíz de las denuncias presentadas por colectivos también médicos como Batas Blancas, según aseguraron algunos de los afectados.
El problema básico se plantea para el desarrollo de una segunda actividad por parte de los médicos de la sanidad pública en un centro de titularidad privada, ya que «la ley del 84 está siendo aplicada de forma disparatada en Galicia», una comunidad, según detalló De Lorenzo, donde la práctica totalidad de los hospitales privados tienen concierto con el Sergas. «Tal y como se está interpretando aquí, el segundo puesto de trabajo resulta incompatible», dijo, ya que en esa línea de máximos ningún médico del Sergas podría ejercer en otro centro si este tiene algún tipo de concierto, aun de otra especialidad, con la Administración.
«Ya hay profesionales que están pensando en abandonar y dedicarse exclusivamente a la privada», advirtió momentos antes de iniciar el coloquio. Ante este panorama, coincidió Rodríguez-Arana en la necesidad de un nuevo desarrollo normativo, como ya se ha realizado en comunidades como Cataluña, cuyo sistema de atención pivota en un 70 % sobre centros privados. Expertos en materia jurídica, ambos indicaron que la propia legislación de 1984 establece la vía para buscar una salida. «Cambiar la ley hoy por hoy en nuestro país es una utopía», dijo De Lorenzo, pero sí sería factible, añadió Arana, que la Xunta por decreto concrete razones «de interés público» para abrir la mano, «como ya se hace en otros ámbitos», indicó en relación con las excepciones marcadas en el campo de la educación. Bastaría, aseguró, con desarrollar el artículo III de la ley del 84. De no hacerlo, «corremos el riesgo de quedar desabastecidos de profesionales especializados para cubrir servicios realmente esenciales e importantes para la salud de la población», subrayó.
«No puede ser más importante la herramienta que la tuerca que hay que apretar», describió gráficamente Fernández Avilés sobre la necesidad de garantizar una normativa que «se adapte a las necesidades actuales». Y es que «la sanidad de hoy no tiene nada que ver con la de hace 34 años», subrayaron antes de recordar que, entonces, estaba centralizada, aún no se habían delegado las competencias a las autonomías y ni siquiera se había promulgado la Ley General de Sanidad, de la que, por cierto, 106 de sus 143 artículos ya no tienen efectividad normativa.
«Hay que sumar y dar respuesta a los problemas del siglo XXI, ningún sector se puede gestionar hoy como hace cuarenta años», concluyó De Lorenzo.
«Si consulta en un bajo en la acera de enfrente, entonces no pasa nada»
El debate en el Colegio Médico de A Coruña puso de manifiesto el malestar de los profesionales por la discrecionalidad en la aplicación de la norma, ya que salieron a relucir casos de suspensiones de empleo y sueldo muy dispares. Entre ellos, el de un ginecólogo sancionado un mes por su consulta de reproducción en un centro con el que el Sergas no tiene concierto para esta actividad, o la de un cirujano que ha recurrido a los tribunales una «expulsión» por dos años y medio por practicar actividades no concertadas en un hospital privado. Hay facultativos, según aclaró un abogado, «expedientados porque nadie les advirtió que no bastaba con que Sanidade autorizase la compatibilidad, sino que también necesitaban un papel, gratuito, expedido por Facenda».
«Hay grandes profesionales denunciados de forma sectaria, cuando ven que a su lado el 90 % están en su misma situación, pero no tienen que enfrentarse a expediente alguno», lamentó otro facultativo antes de apuntar la posibilidad de realizar una autodenuncia masiva: «El problema, entonces, no sería personal, sino de todo el Sergas; entonces, quizá, se busque una solución», valoró.
Rafael Silva, director de HM en Galicia, subrayó el sinsentido de que «un médico del Sergas que trabaja en nuestros hospitales comete una ilegalidad, pero si lo hace en la acera de enfrente, en un bajo fuera del ámbito hospitalario, no pasa nada». Miembros de la propia inspección médica admitieron «disparidades» en la aplicación y reclamaron un cambio normativo. «Lo demás, serán parches».
Urgencia por el déficit de especialistas y la caída de las retribuciones
Al hilo de los problemas para el desarrollo de la segunda actividad médica, los participantes en el foro pusieron especial énfasis en la oportunidad de resolver la situación ante «el caso monumental de recursos humanos», en palabras de De Lorenzo, y la falta de previsión de la Administración, que ya comienza a resentirse por la escasez de profesionales, sobre todo en determinadas especialidades, para garantizar la cobertura de plazas. Todo ello en un contexto en que hasta el 21 % de los médicos que entraron en el sistema en los ochenta pasarán a la jubilación en breve sin contar con recambio para desarrollar una labor que, de media, exige una década de formación.
Salieron también en el debate del Colegio de Médicos de A Coruña otros factores que inciden en las dificultades para retener talento, como la precariedad laboral y la temporalidad en el sistema público, cuyas retribuciones, aseguraron los ponentes, han retrocedido a niveles anteriores al 2003, a menudo a través de contratos encadenados de días.
Sanidade asegura que negocia cambios con el ministerio
La Consellería de Sanidade subrayó ayer que está en conversaciones con el ministerio para que se introduzcan cambios en la ley de incompatibilidades, si bien destacó que «en calquera caso é unha competencia de carácter estatal». Considera, pues, que corresponde a la Administración central cualquier modificación legislativa que varíe las relaciones de los médicos, como personal al servicio de la Administración Pública, y por tanto sujetos a la Ley 53/1984.
En contra de la opinión de los juristas, que abogan por un decreto autonómico para establecer y concretar compatibilidades en centros privados o concertados por interés público, la Xunta insistió en que es la legislación estatal la que «determina expresamente a incompatibilidade». No obstante, el propio gerente del Sergas, Fernández Campa, que ayer asistió al debate, se comprometió ante los asistentes a trasladar cualquier posibilidad de canalizar salidas.
