La Xunta crea 14 equipos para reducir las demoras al valorar discapacidades

Limita el papeleo y contrata personal para reducir la lista de espera, que el conselleiro sitúa en torno a un año


SANTIAGO / LA VOZ

La Xunta ha reaccionado a los llamamientos sociales y al tirón de orejas de la valedora do pobo y va a volcar recursos humanos, administrativos y económicos en un objetivo: reducir los tiempos de espera para la valoración de discapacidades. «Cando hai un problema, temos que recoñecelo e poñer os medios necesarios», admitió el conselleiro de Política Social. El departamento dirigido por José Manuel Rey llevó a la reunión semanal del Gobierno gallego una batería de medidas para conseguir que la demora media se aleje del año de media en el que está instalada para acercarse a los tres meses que marca la legislación.

Las normativas y las partidas han avanzado, advirtió el presidente Feijoo, pero también una población que envejece, por eso ha crecido la «tensión» entre el número de solicitudes y las resoluciones de estas. El jefe del Ejecutivo aclaró que nunca han existido recortes en este aspecto ni reducción de personal, que sin embargo es testigo de la acumulación de casos. Para atajar el problema y reducir las demoras, la Consellería de Política Social va a invertir este mismo año 1.080.000 euros, que irán destinados sobre todo a la contratación de 51 profesionales que se repartirán en 14 nuevos equipos, que se sumarán a los 19 ya existentes. De momento, tendrán contrato de seis meses.

«Non podemos mirar cara a outro lado porque falamos de persoas que precisan dun plus», insistió Rey, quien situó la espera media en algo menos de un año con carácter general, aunque el problema es más acusado en los servicios de Vigo y Pontevedra, las dos ciudades que se van a ver más beneficiadas por la incorporación de nuevos equipos, pues en ellas se superan los doce meses de espera. 

Aplicación desde junio

El conselleiro, que compareció tras el Consello da Xunta acompañado por la directora xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fabiola García, puso también el foco en la eliminación de trabas administrativas para agilizar el trabajo de los empleados públicos y facilitar las gestiones de los ciudadanos, que tendrán que presentar menos documentación de carácter sociosanitario. «Non parece razoable pedir documentación que xa ten o Sergas», explicó el ferrolano, quien asegura que su departamento lleva trabajando desde el mes de septiembre pasado en estas medidas, que se van a aplicar a partir de junio.

Rey explicó que estas medidas se van a revisar a finales de año para medir su funcionamiento, igual que al término del pasado ejercicio se evaluó la colaboración iniciada con Sanidade para dinamizar la burocracia relativa a este departamento. Sin embargo, esta iniciativa «de menor impacto» no tuvo una consecuencia positiva y rápida en la reducción de las listas de espera, cuyo incremento vinculó al hecho de que ya hay un cuarto de la población gallega que tiene más de 65 años y que cree que debe acceder «a este dereito subxectivo para o que non van faltar recursos», enfatizó. 

Un 3 % de contratos públicos

Por otra parte, el Consello aprobó la cuantía de los contratos públicos que reservará para los centros especiales de empleo y las empresas de inserción laboral, que este año será como mínimo del 3 % sobre los contratos marcados en la ley de racionalización do sector público, del 2015. El Gobierno gallego adjudicó en los últimos tres años contratos públicos por valor de más de 14 millones de euros a este tipo de entidades que generan empleo y contribuyen a la inserción laboral de los colectivos con dificultades para encontrar un trabajo. En estos momentos hay en Galicia 107 centros especiales de empleo, en los que tienen actividad 2.242 personas con discapacidad.

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