Miles de edificios gallegos con vecinos mayores carecen de ascensor

El alcalde de Ourense acata la sentencia que le obliga a ceder suelo para instalar uno


Santiago, oUrense / la voz

Los gallegos envejecemos. Y los edificios en los que vivimos, también. De hecho, tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, la edad media de los inmuebles se ha situado por encima de los 40 años, y los que se van más atrás de los setenta en su fecha de construcción es habitual que carezcan de ascensor. Auténticas ratoneras vivientes como la del número 13 de la calle Vasco Díaz Tanco, en Ourense. Allí vive Milagros Iglesias, presidenta de la comunidad vecinal que ha logrado por vía judicial que el Concello le ceda suelo público para poder instalar un ascensor.

El alcalde de Ourense, Jesús Vázquez, anunció que el gobierno local no recurrirá la sentencia que obliga a la Administración local a ceder unos metros cuadrados para una estructura que dé servicio a los vecinos que viven en este edificio de cuatro alturas. El regidor popular comparte «totalmente» la resolución, pero explicó que eran los técnicos municipales los que se oponían a esta medida. «Non podemos adoptar unha decisión en contra dos técnicos, pero agora si temos o aval da Xustiza», resumió Vázquez, que cree que el fallo judicial «abre un camiño» y que a partir de ahora habrá más solicitudes para instalar ascensores en estas circunstancias.

La sentencia, como es lógico, está amparada por una ley del 2016, la de Accesibilidad, que permite ahora explorar esta vía forzada en Ourense por Milagros, que llevaba un lustro luchando por mejorar la calidad de vida de los vecinos de un edificio que, como tantos otros en Galicia, tiene varios vecinos con problemas de movilidad. 

Problemas «reales» de la gente

El presidente de la Fegamp, Alfredo García, está en la línea del regidor ourensano y entiende que los concellos tienen la obligación de responder a los problemas «reales» de la gente, y este es uno de ellos. «Si se puede ceder el suelo público y no hay otras posibilidades técnicas, debe hacerse», defiende el también alcalde de O Barco, quien muestra especial preocupación por las decenas de barrios de promoción pública que se desarrollaron en los cincuenta y sesenta sin ascensores. En muchos, advierte, es imposible técnicamente abordar obras a un precio razonable sin poner en juego la estructura del inmueble. Advierte, sin embargo, que aunque la voluntad política y técnica sea buena, habrá negativas municipales. «Porque lo que no podemos es facilitarles la accesibilidad a unos vecinos y quitarles el paso a otros en una acera», pone por ejemplo.

Cuantificar el problema es complicado, porque son incontables las comunidades que nunca se han llegado a plantear una inversión que suele ir desde los 30.000 hasta los 100.000 euros, unas cifras razonables para inmuebles con veinte o más viviendas, pero difícilmente asumibles para edificios de uno o dos pisos por planta. 

Solo en un 5 % de las viviendas

El paisaje urbano de los municipios gallegos más urbanizados es engañoso, porque incluso si se tienen en cuenta los edificios en pie en este milenio, el porcentaje de viviendas en la comunidad con ascensor ronda el 10 %. Si se amplía la lupa a todo el siglo pasado, la media total cae al 5 %, porcentaje que va desmoronándose a medida que se contabilizan las propiedades construidas en los cincuenta o antes.

Según la asociación empresarial autonómica de fabricantes de ascensores, en los últimos tiempos se han instalado alrededor de mil unidades por año. En toda Galicia hay unos 60.000, pero un tercio presentan problemas por tener tecnologías desfasadas o mantenimientos caros que condicionan la gestión de las siempre complejas comunidades de vecinos.

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