La burocracia ralentiza la apremiante recuperación de los cascos históricos

Patrimonio tarda más de un año en Pontevedra y en Ourense en autorizar los proyectos

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vigo / la voz

«La Administración está llevando la recuperación y el mantenimiento del patrimonio arquitectónico al fracaso». Así de tajante se muestra el presidente de la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias, Benito Iglesias, que transmite el malestar del sector que representa advirtiendo que «el exceso de burocracia está ahogando» en Galicia la iniciativa empresarial que surge para rehabilitar y recuperar los cascos históricos. «Al final, con tanta y tan rígida protección, en lugar de conservar nuestro patrimonio lo que se está consiguiendo es que se deje caer», recalca.

Las tres Administraciones (local, autonómica y central) se entrecruzan a la hora de autorizar determinados proyectos y el peso de dicha burocracia, unido a las cautelas que toda actuación en conjuntos históricos lleva aparejadas, es considerado como poco potenciador de la recuperación de los espacios urbanísticos degradados y llamados a convertirse en imán turístico y generador de empleo con los servicios que las visitas generan.

Carlos Fernández Coto, arquitecto activista en la lucha contra la degradación arquitectónica, apunta a la Delegación de Patrimonio de la Xunta en Pontevedra como «uno de los cuellos de botella» que más están demorando la calificación de los proyectos de recuperación en las zonas antiguas de los municipios de esa provincia. Asegura que el atasco que vive dicho departamento hace que un expediente esté tardando más de un año en ser resuelto, mientras que en A Coruña el mismo proceso tarda tres meses. Iglesias, radicado en Ourense, mantiene que el mismo departamento autonómico dependiente de Cultura puede requerir incluso allí año y medio.

Fernández Coto añade además que antes de remitirlo a Patrimonio hay ayuntamientos que se demoran también notablemente en tramitar peticiones de licencia de obra, apuntando al Concello de Santiago en esa situación o a otros que a su juicio también han incrementado su retraso, como el caso de A Coruña. Incide también en que resulta difícil mantener un proyecto o una oferta con dicho frenazo burocrático, al que necesariamente se unirá una nueva ralentización si la actuación conlleva obras que afectan al subsuelo, con lo que será necesario afrontar un plan arqueológico y un control más exhaustivo de los trabajos. 

Apertura de miras

«La ralentización es un hecho y hay que pensar en las causas que la motivan y encontrar un equilibrio entre el tiempo que necesita una Administración en dar un permiso y que la obra se pueda llevar a cabo», estima Antonio Maroño, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia. Desde su puesto de representante de los arquitectos, se muestra a favor de que la actuación de la Administración sea garantista, «pues ha dado resultados por ejemplo en una Pontevedra multipremiada o en Santiago, con un casco histórico en muy buenas condiciones». «Pero aún se ve como un problema introducir en esas áreas determinados usos», apunta para incidir en que se ponen trabas a autorizar actividades necesarias para la vida cotidiana de quienes pretenden vivir en las zonas más antiguas de las ciudades. «Hace falta que haya bares, tiendas, supermercados, edificaciones accesibles y ayudas a las personas con dificultad de movilidad», afirma y pide una concepción más abierta. «Si decidimos qué tipo de ciudad queremos y tratamos de evitar cascos históricos vacíos o escenarios de Disney», se llegará a ella, opina.

Un proceso que arranca con la petición de licencia y remata con el pago de la subvención

Antes de adquirir una propiedad en un casco histórico el paso previo debe ser siempre solicitar en el ayuntamiento la cédula urbanística del edificio para conocer los parámetros aplicables en materia de clasificación del suelo, edificabilidad, alturas máximas, superficie de ocupación total y separación de linderos, o si en cambio solo se puede rehabilitar y reconstruir lo existente.

Una vez comprada la propiedad, o si ya se cuenta con su posesión, el primer paso lo constituye la petición de licencia de construcción. Si es concedida, la obra podrá arrancar en seis o siete meses, aunque en concellos como el de Santiago la contestación se suele demorar hasta un año. La tasa en este mismo municipio se sitúa en un 5,5 % del coste de la obra, aunque la media gallega es de un 3 %.

Al tratarse de actuaciones en entornos protegidos, el ayuntamiento tiene que remitir el proyecto a la delegación provincial de Patrimonio de la Xunta, para que certifique si cumple o no con los estándares fijados para el enclave donde se ubique el edificio. Dependiendo de la provincia, puede solventarse en seis meses o tardar más de un año. En paralelo, se suele pedir las subvenciones que la Administración central, la autonómica y algunos concellos conceden para áreas históricas. Si el municipio cuenta con oficina de rehabilitación, ya la suele tramitar dicha instancia. Hay que aportar la escritura, declaración de la renta y croquis de la obra. A mayores se debe abonar una fianza al concello por si la obra estropea algún elemento público.

«Un matrimonio compró un pazo en Maceda y han acabado aburridos de luchar contra tanto cambio de criterio oficial»

La Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas de Galicia, pendiente de su aprobación en el Parlamento, marca la simplificación de las tramitaciones administrativas como uno de sus objetivos para propiciar que las actuaciones en edificios a conservar o en zonas protegidas no se acaben descartando por el proceso burocrático que deben superar. De hecho, pretende implantar normas de aplicación directa en más de 100.000 viviendas, sin tener que someterse a exámenes específicos.

Pero por ahora no hay esas facilidades, como constata en Maceda (Ourense) un matrimonio que acumula años tratando de levantar y recuperar un pazo catalogado. «Lo compraron para vivir en una parte del edificio y dedicar a vivienda vacacional la otra. Pero ya están aburridos de luchar contra la Xunta. Cada intento de rehabilitar el complejo se encuentra con todos los inconvenientes de la Administración autonómica, además de cambios de criterio oficial continuos y ayudas que no llegan», relata Benito Iglesias, presidente de la patronal gallega de firmas inmobiliarias

Los asociados de la organización alertan de que un camino igual de tortuoso se encuentran los que se interesan por hacerse con patrimonio de la Iglesia que está en estado de ruina o abandonado. «Se dilata tanto siempre cualquier consulta o visto bueno a un proyecto que lo acabas dejando», añade Iglesias, que propone que se extienda la figura de las gerencias municipales de urbanismo para que los inversores puedan contar con un criterio más estable y transparente a la hora de recibir una respuesta de la Administración a sus proyectos. 

Oporto como modelo

Los empresarios inmobiliarios gallegos apuntan al modelo que está siguiendo Oporto como ejemplo a seguir, al centrarse en actuaciones urbanas que están atrayendo a las zonas degradadas la inversión inmobiliaria, con planes añadidos además para contener los precios de la vivienda en alquiler.

Antonio Maroño, decano de los arquitectos gallegos, estima que el objetivo debe ser sacar el mejor partido posible al patrimonio, «sin congelar en el tiempo los casos históricos ni mimetizar acabados o materiales. Hay que dar pie a la nueva arquitectura y medir qué es lo que requiere de verdad protección», dice, para evitar casos de atascos difíciles de entender.

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