Los hinchables quedan fuera de la ley de espectáculos y sin una normativa

Juan María Capeáns Garrido
juan capeáns SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA

Álvaro Vaquero

Los empresarios denuncian el vacío legal y las distintas varas de medir de los alcaldes

14 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

«Llegas a un concello y te piden lo básico, los seguros de responsabilidad civil y de accidentes. Y vas a otro y, como no tienen ni idea de lo que pueden exigir, te reclaman un montón de papeles sin sentido». Es el día a día de las empresas dedicadas a los hinchables, una línea de negocio vinculada al ocio infantil que ha crecido en torno a las atracciones de feria pero que también ha desarrollado su propia dinámica, hasta el punto de que en los últimos años han surgido cuatro o cinco empresas de referencia por cada área de influencia geográfica en Galicia, y ya hay treintena con una actividad constante.

Como suele ser habitual, las desgracias corren más que las normativas, y el sector de los hinchables quedó marcado por el accidente ocurrido hace un año en Gerona, cuando el viento levantó los anclajes de un castillo, provocando la muerte de una niña y dejando heridos a otros seis pequeños. En ese momento, la Xunta llevaba meses cocinando la ley de espectáculos y valoró seriamente introducir algún texto específico en Galicia, pero pasó el día y pasó la normativa. Finalmente, no habrá especificaciones al respecto y el 2 de julio entrará en vigor un nuevo texto que afecta «muy poco» a este tipo de actividades, según los empresarios consultados.

Esta circunstancia, alertan, da vía libre a la competencia desleal y deja a los emprendedores «serios» en una situación de incertidumbre por falta de unas normas claras y concisas a las que atenerse. Les exigen los seguros con coberturas apropiadas y que los elementos de juego se adapten a la normativa europea (UNE EN 13814 y UNE EN 14960), «pero son solo recomendaciones» para garantizar la seguridad de los usuarios. Desde la Consellería de Presidencia recuerdan, con vistas a la inminente aplicación de la ley, que son los titulares de estas instalaciones desmontables los que «deben achegar ao concello toda a documentación técnica que acredite que reúnen os requisitos de seguridade», y aclaran que tienen que presentar «un seguro específico por cada instalación». Al igual que ocurrirá a partir de este verano con las verbenas, los alcaldes y los concejales responsables de seguridad tendrán un margen de decisión sobre todo tipo de permisos que inquietan a los empresarios en la medida en que, hasta ahora, también se daba el caso de concellos que no exigían prácticamente ningún requisito.

El creciente negocio de los hinchables no ha generado ruido en Galicia ni cuenta con un expediente de accidentes ni de problemas comunes que haya propiciado la creación de un colectivo de empresarios, y por ahí sospechan que se han ido las fuerzas y las posibilidades de presionar a la Administración para que se ponga al día y se supere el vacío legal en el que se encuentran.

Recomendaciones de seguridad

Las grandes compañías de seguros saben de qué les hablan los empresarios y están acostumbradas a hacer pólizas para cubrir accidentes, pero las exigencias son variadas y en muchas ocasiones la seguridad gira más en torno a la presencia de monitores y vigilantes que de la acreditación que pueda tener el elemento de juego o las revisiones a las que haya sido sometido.

Técnicamente también hay recomendaciones, como no permitir el uso de las instalaciones con vientos superiores a los 38 kilómetros por hora, y deben existir indicadores visibles con las instrucciones de uso básicas, como el número máximo de niños por turno o la altura mínima para acceder.

Los menores de 12 años no podrán ir a los toros a partir del 2 de julio

La Xunta no ha incluido un texto normativo concreto para los hinchables, atracción utilizada masivamente por los niños, pero sí destaca que la ley que entra en vigor el 2 de julio otorga «especial relevancia a la protección integral da infancia e da adolescencia». El texto se remite a las obligaciones vigentes en materia de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad, y establece los 12 años como edad mínima para el acceso a los espectáculos taurinos en recintos cerrados. Vicepresidencia destaca de la ley la defensa de los consumidores, del patrimonio artístico y natural y la lucha contra «actitudes discriminatorias».

Las orquestas, en vilo por la «interpretación» de los concellos

«Estamos preparados, pero también preocupados por la interpretación que pueda hacer cada ayuntamiento de la ley de espectáculos», asegura Manuel Fariña. Es el presidente de la Asociación Galega de Orquestas, y admite que las alegaciones que ha presentado el colectivo animador de las verbenas gallegas ha sido «bien atendido» por la Xunta, aunque evalúa la satisfacción con el texto «en un 60 %». La predisposición ha sido buena, pero al igual que los empresarios de los hinchables, quedan a expensas de decisiones administrativas que podrán variar en función de los concellos, como las horas de finalización de los espectáculos. 

Todo en regla

En el sector garantizan que ya tienen «todo en regla», pero temen que la burocratización municipal y la implementación de medidas de seguridad acabe generando un negocio paralelo ajeno a las orquestas y que afecte a la esencia de estos eventos, en los que los colectivos vecinales se convierten con mucho esfuerzo en los principales promotores. Fariña advierte además que las principales empresas y formaciones van a estar atentas a cualquier movimiento municipal que vaya contra sus intereses o que «interprete» la regulación contra sus intereses profesionales.

La nueva norma que arranca este verano, que deposita en los concellos la responsabilidad de ordenar la musica en vivo en los locales de hostelería, genera todavía más dudas que en el mundo de la verbena. El colectivo que representa a los artistas quiere garantías para ganarse la vida sin depender de la arbitrariedad de cada concello. Desde Vicepresidencia han llamado la atención a los responsables locales para que asuman sus competencias tras la suspensión temporal de conciertos en Santiago, «que non fixo os seus deberes».