Turismo tendrá acceso a los datos de Hacienda para detectar pisos vacacionales

Las plataformas en línea están obligadas a dar información sobre los dueños y sus ingresos


Redacción / La Voz

La Xunta estrecha el cerco sobre los propietarios que todavía no hayan dado de alta las viviendas que alquilan a turistas. En esos casos, deberán hacerse prácticamente invisibles, al menos en el mundo digital, porque casi con toda seguridad serán descubiertos. La labor de investigación que ya está llevando a cabo la Xunta desde el pasado mes de marzo para detectar a estos infractores no solo se servirá de la información de que disponga el Gobierno gallego para compararla con la que aparece en las plataformas que comercializan estos inmuebles por Internet -como Airbnb, Homeaway, Windy o Niumba, entre otras-, sino que también se beneficiará de los datos sobre los propietarios que estos portales están obligados a facilitar desde este año a la Agencia Tributaria, que deberán declarar a partir del próximo mes de octubre. Los inspectores de la Xunta cotejarán esta información para detectar inmuebles no declarados y también pedirán datos de las viviendas a los concellos.

En el último Consejo de Ministros del 2017, el Gobierno aprobó un decreto por el que obliga a los portales de alquiler de pisos para el turismo a facilitar información específica al departamento que dirige Cristóbal Montoro sobre los propietarios de los inmuebles y los ingresos que perciben, el número de días que se alojan los huéspedes e incluso la identidad de los clientes. En octubre deberán ofrecer toda esta información detallada correspondiente al tercer trimestre del año (de julio a septiembre), y a finales del 2018 deberán entregar la información relativa al resto del ejercicio.

Todos estos datos no solo serán útiles para la Agencia Tributaria, que también realiza inspecciones por su cuenta y hace años que tiene como objetivo evitar el fraude en este tipo de alquileres, sino que también les servirán a las comunidades autónomas en sus respectivas inspecciones.

En el caso de Galicia, la Xunta ha dado de margen nueve meses, desde la entrada en vigor del decreto autonómico que regula el alquilar vacacional, antes de iniciar las inspecciones. Precisamente hoy se cumple un año de la aplicación de esta norma, que finalmente recibió el espaldarazo judicial del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia en todos sus artículos y que no tuvo que modificar ni un ápice su redacción, a pesar de los recursos que presentaron la Asociación Gallega de Viviendas Turísticas (Aviturga) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Tras el período de gracia, que finalizó el pasado mes de marzo, el Ejecutivo autonómico ya ha puesto en marcha la maquinaria de las inspecciones, con especial interés en las plataformas digitales para identificar todos los inmuebles que se anuncian en estas páginas web y que no estás registradas en el directorio de la Xunta. Estas tareas se verán completadas con los informes que los portales faciliten a Hacienda y a los que también podrá tener acceso la Xunta. Otra de las vías en las que se están centrando los inspectores es atender todas las denuncias que se tramiten por parte de particulares o desde los ayuntamientos.

Las sanciones

Cuando el Gobierno gallego detecta que un propietario no ha dado de alta su inmueble, lo primero que recibirá es un apercibimiento, que puede acarrear una sanción leve de hasta 300 euros de multa. Las faltas graves, como prestar el servicio sin autorización turística, implican una multa que va desde los 900 a los 9.000 euros, y la reincidencia se paga con hasta 90.000 euros, al margen de otras sanciones administrativas y fiscales.

Valencia solo permitirá pisos turísticos en bajos y primeras plantas

La Comunidad Valenciana permite a cada ayuntamiento la regulación de viviendas de uso turístico. En el caso de la ciudad de Valencia, aquellos propietarios que quieran darse de alta en el directorio autonómico deberán tener un informe municipal de compatibilidad urbanística. Es decir, se les exigirá que cumplan con el Plan General de Ordenación Urbanística, que no permite que una vivienda se destine a actividades terciarias, como el alquiler vacacional, si tiene por debajo otras viviendas de uso residencial, por lo que las nuevas autorizaciones solo se concederán a bajos o primeras plantas. Esta nueva limitación llega después de que el Ayuntamiento de Palma de Mallorca anunciara hace unas semanas la prohibición de los pisos turísticos en toda la ciudad.

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