El Parlamento urge medidas contra los edificios inacabados que dejó la burbuja
GALICIA
Encarga un informe a la Xunta y a la Fegamp para conocer el alcance del problema
04 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.No existe ninguna localidad en la franja atlántica gallega que no disponga de su propio Elefante Blanco, el nombre propio que le dieron en Buenos Aires al mastodóntico edificio inacabado de Villa Lugano, inmortalizado en la célebre película de Pedro Trapero. El pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la caída de la economía del ladrillo dejaron Galicia salpicada de cientos de edificios o estructuras a medio hacer, en muchos casos de propiedad difusa, que empiezan a convertirse en un problema de seguridad. El Parlamento gallego dedicó ayer un debate a este asunto y, tras estimar que en la comunidad hay unas 50.000 viviendas inacabadas, decidió encargarle a la Xunta que elabore un informe en coordinación con la Fegamp para conocer el verdadero alcance del problema y tomar medidas para combatirlo.
El debate fue suscitado en la comisión parlamentaria de Política Territorial por una iniciativa de la diputada socialista María Pierres, en la que se abordaba desde diferentes prismas el fenómeno de las viviendas inacabadas que dejó la burbuja. Fue ella quien estimó que hay unas 50.000 en Galicia y que, en muchos casos, se están convirtiendo en «focos de abandono e de sucidade», que generan múltiples perjuicios, no solo por el fuerte impacto en el paisaje urbano, sino también porque estas estructuras contribuyen a devaluar los terrenos y propiedades colindantes
Ocho puntos
El PSdeG, con el apoyo del resto de las fuerzas de la oposición, planteaba ocho puntos para el acuerdo, entre los cuales figura un emplazamiento a la Xunta para que elabore «no prazo de tres meses» un informe sobre las viviendas inacabadas y su distribución por concellos, a la vez que proponía dirigirse a la Sareb y a los «grandes propietarios» para instarlos a que realicen las obras de acabado de sus propiedades para que sean accesibles como vivienda protegida. De igual modo, Pierres proponía destinar parte de los recursos del fondo de cooperación con los concellos a obras de demolición.
El PP, pese a que dijo compartir el espíritu de la iniciativa, opto por descafeinarla, toda vez que el diputado Martín Fernández Prado dijo que la competencia para «facer cumprir» la legalidad e instar el remate de dichas obras son de los concellos. Solo aceptó, de hecho, la propuesta de encargar el estudio con la finalidad de conocer la dimensión del problema, lo que provocó que los socialistas acabaran marcando distancias en la votación final. También prosperó otro punto mediante el cual la Cámara emplaza a la Axencia para a Protección da Legalidade Urbanística a que se ofrezca a los concellos adheridos para asumir las competencias de control y vigilancia sobre las fachadas inacabadas.
En la misma comisión parlamentaria se aprobó por unanimidad una iniciativa del PP en la que se insta a la supresión de los pasos a nivel ferroviarios situados en poblaciones de mayor tránsito de vehículos y personas, con especial atención al municipio de Monforte. También se aprobó por unanimidad una petición de En Marea para instalar aparcamientos para bicicletas en edificios públicos.