La Xunta admite que la espera para valorar la discapacidad duplica el plazo legal

Política Social ultima un paquete de medidas para aligerar una lista de 17.000 personas

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Santiago / La Voz

Optar a un contrato específico reservado para personas con alguna discapacidad, tener deducciones en el IRPF, exención del impuesto de matriculación, tarjeta especial de aparcamiento o incluso optar a una vivienda de protección oficial. Son algunas de las medidas que las Administraciones han puesto en marcha para facilitar la vida y la integración de las personas que tienen algún grado de discapacidad. Pero, como es lógico, exigen acreditar esa minusvalía. Y ahí aparece otro de los agujeros de la Administración.

Porque demostrar esa discapacidad es otro de los lentos procesos burocráticos. En estos momentos hay unas 17.000 personas en Galicia pendientes de que se les reconozca esta discapacidad. Y de media aguardan unos doscientos días, casi siete meses, según los datos que maneja la Consellería de Política Social. ¿Mucho? La orden del 25 de noviembre del 2015 por la que se regula este procedimiento recoge que ese proceso debe hacerse en un plazo máximo de tres meses desde la fecha de entrada de la solicitud, por lo que la propia Xunta admite que se duplican con creces los tiempos de espera legales.

El Parlamento aprobó hace unas semanas que se refuercen los equipos de valoración para agilizar esta demora, por lo que Política Social ultima un paquete de medidas con el objetivo de eliminar la lista de espera antes de que finalice el año.

Los pasos previos

A la hora de pedir el reconocimiento de un grado de discapacidad, los requisitos documentales no son muchos. Como además no se exige informe social, muchos de los solicitantes lo presentan directamente en la Xunta, sin pasar por el trabajador social. En caso de que sí se opte por acudir al concello correspondiente, solo es necesario el DNI, los informes médicos o los justificantes de ingresos y gastos cuando sea necesario. La situación económica puede sumar o no computar, pero nunca resta puntuación en el grado de discapacidad.

En los servicios sociales de los ayuntamientos aseguran que todos estos trámites se alargan hasta los 200 días -lo sitúan en un año- tanto cuando se trata de un certificado inicial como cuando es una revisión si la persona que tiene una discapacidad reconocida como definitiva quiere valorarla por agravamiento o mejora.

Más rápido en algunos casos

Como en otro tipo de trámites, estas solicitudes se estudian en función del orden de entrada. Pero hay excepciones. Cuando la persona depende de un empleo o de acceder a enseñanzas regladas que tienen un cupo para discapacidad, en caso de menores de 18 años o mayores de 90, cuando el usuario está pendiente de la prestación por hijo a cargo o la pensión no contributiva, al existir un procedimiento de violencia doméstica que se pueda ver afectado por este motivo o si caduca el grado de discapacidad. En esos casos, el usuario tiene prioridad en la valoración.

Los trabajadores sociales también destacan un aspecto que lleva a confusión a los afectados. En los casos en los que el certificado de discapacidad no es definitivo, es decir, que caduca, la persona debe solicitar la revisión. Esto implica que si no lo hace perderá los beneficios sociales o económicos a los que tenía derecho, incluso la suspensión de una pensión no contributiva u otro tipo de prestaciones. Cuando se trata de tramitar estos documentos, el principal obstáculo vuelve a ser el tiempo, porque ni la documentación ni las visitas que hay que realizar son excesivas. Si lo hacen a través de los servicios sociales de un municipio, es suficiente con cinco gestiones: entrevista inicial, cita médica, encuentro para aportar la documentación necesaria, cita de valoración y, finalmente, al recibir la resolución, consulta para conocer los beneficios o, en caso de que sea negativa, para realizar una reclamación.

Siete de cada diez se aceptan

Del total de solicitudes presentadas, en el 66 % de los casos se reconoce algún grado de discapacidad, y de los que piden una revisión, el 84 % la obtienen. La media, en conjunto, es de un 73 % de respuestas positivas.

«Creí que esperaría un año, y al final es más»

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Tiene espondilitis anquilosante axial y periférica, porque le afecta tanto a la columna como a las articulaciones periféricas. Rosa, de 53 años, tiene una incapacidad total a nivel laboral. Trabajaba como autónoma de dependienta de tienda y almacén, y ahora esté pendiente de que le reconozcan su grado de discapacidad.

Su solicitud comenzó en junio del año pasado, y desde entonces no ha tenido ningún avance. «Creía que me tocaba un año de espera, pero es más. Acabo de ir a preguntar, cuando ya casi llevo un año, y me dijeron que estaban llamando a las personas de octubre del 2016, así que no me lo puedo explicar», cuenta esta vecina del barrio coruñés de Monte Alto. Necesita el certificado para solicitar la tarjeta de aparcamiento, la tarjeta de bus y una ayuda económica. Además, con ella podrá acudir a Cogami para valorar, en función del grado que le reconozcan, qué tipo de trabajo podría desempeñar. «La minusvalía te da la posibilidad de solicitar una ayuda, pero si los médicos no me valoran, no puedo hacerlo», explica.

Acaba de ser sometida a dos operaciones, una en la cadera y la otra a nivel cervical. Asegura que prácticamente no puede mover el cuello, lo que le provoca unos dolores musculares tremendos. Lamenta que hace unos meses la Xunta anunciase que los médicos del Sergas podrían, voluntariamente, hacer valoraciones de discapacidad, y que en la práctica los tiempos sigan siendo tan lentos: «La última vez que fui, después de llevar esperando casi un año, me dijeron que no me podían ni dar una fecha aproximada de cuándo me iban a llamar para la primera entrevista», explica. De momento Rosa sigue a la espera, y también intentará que a nivel laboral le reconozcan la incapacidad absoluta, con mayor cobertura que la total.

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