La tasación de viviendas reflejará la presencia de okupas en el vecindario

Las empresas de valoración constatan la caída de precios en los edificios tomados


Vigo / La Voz

Las empresas dedicadas a la tasación de viviendas y propiedades inmuebles están impulsando un cambio en la valoración de las propiedades para incluir entre otros nuevos parámetros la incidencia de los okupas en el precio de venta de los bienes. Tras constatar que el asalto de casas y pisos tira hacia abajo la demanda en la zona, los tasadores entienden que dicha circunstancia tiene que reflejarse en el valor de la propiedad.

«Se registra menos demanda en un edificio cuando una de sus viviendas o varias están okupadas. Es un riesgo que está ahí y por lo tanto tiene que quedar reflejado en el valor de mercado de una propiedad», señala Paloma Arnaiz, secretaria general de la Asociación Española de Análisis de Valor. Dicha organización, que integra a las 23 sociedades de tasación que efectúan el 90 % de las valoraciones realizadas en España, es la que está impulsando un cambio en las reglas de valoración de propiedades, para que una vez aprobadas entren en vigor el próximo otoño.

Arnaiz certifica que la okupación «evidentemente es un problema creciente, y se ha comprobado en la tasación de bienes con índices importantes de okupación en su entorno que este hecho se convierte en un riesgo notable para el valor de una vivienda que salga al mercado».

Menos demanda

«Rebaja mucho el valor de una propiedad, porque todo aspecto negativo puede afectar a un valor, pues genera menos demanda y esa caída es la que terminará por hacer bajar el precio de una vivienda», añade la secretaria general de la asociación de empresas de tasación. Dicha organización debate si extender el efecto de esas circunstancias negativas en la valoración durante un período de hasta seis años, incluyendo en ellas un estudio de la salud social y económica del municipio en el que se encuentra la propiedad a tasar, o incluso si tiene incidencia de desastres naturales o sucesos meteorológicos. La demografía del lugar donde se asienta la vivienda y si su evolución es positiva o a la baja, el nivel de desempleo de la población, la dinámica de precios del sector inmobiliario en la misma zona y hasta el nivel de endeudamiento en la compra de vivienda de sus habitantes son otros parámetros que se estudia incluir en las nuevas tasaciones para reflejar un precio más ajustado de las propiedades en el entorno en el que se asientan.

Depreciación del 42 %

El impacto de las okupaciones en las viviendas asaltadas y las de su entorno tiene un reflejo en su valor desde el momento en el que reciben la patada en la puerta. El Instituto Cerdà calculó que el valor del inmueble desciende entre un 40 y un 60 %, según la autonomía donde se encuentren. La entidad catalana de análisis del desarrollo del territorio estima en el caso de las viviendas okupadas en Galicia que llegan a perder un 41,8 % de su valor, porcentaje que solo es menor en Navarra (28 %), Madrid (35,3) y Cataluña (39,3). El efecto económico de la okupación es mayor, al no ser aún generalizada, en Asturias (donde se deprecian un 65,1 %) y el País Vasco (53,2).

En su análisis sobre la okupación en España Cerdà advierte que en los ayuntamientos revisados los okupantes «problemáticos» generan un impacto negativo de entre 3.500 y 30.000 euros por vivienda afectada, incluyendo en dicho apartado tanto el arreglo de los desperfectos generados como la intervención de la policía, la limpieza y la actuación de mediadores para lograr el desalojo.

El incremento de la inseguridad y ruidos, el deterioro del estado del entorno urbano, el surgimiento de actividades económicas ilegales, el impacto sobre los comercios y negocios y la expulsión de los vecinos originarios son añadidos como efectos secundarios de las okupaciones, que ahora serán tenidos en cuenta en las tasaciones.

La cifra de viviendas okupadas en España se sitúa en 87.500, cifra equivalente a 262.500 personas, población similar a la de la ciudad de A Coruña.

El Congreso reclama un parque de viviendas sociales para evitar más riesgos de exclusión

La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que impulsó el martes el Congreso para tratar de poner freno a las mafias de la okupación en España lleva consigo una recomendación expresa a todas las Administraciones públicas para que pongan también en marcha medidas efectivas para frenar los asaltos de viviendas, pero atendiendo en su caso las necesidades de las personas sin capacidad de acceder a un hogar.

«Los poderes públicos deben garantizar la protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión social, mediante el aseguramiento de un parque de vivienda social que permita atender de manera rápida, ágil y eficaz las necesidades de las personas y unidades familiares en riesgo de exclusión residencial», dice el texto legal aprobado al que solo le resta contar con el apoyo del Senado.

En el debate de la reforma legal, incluso se reconoce que se ha dado una «mala respuesta legislativa a los dramas de los desahucios vividos durante la grave crisis que ha atravesado el Estado español».

Medida de cautela

El nuevo texto que regulará la celebración de juicios rápidos para solucionar las okupaciones de viviendas de propietarios particulares, organizaciones sociales y Administraciones públicas insta a los jueces a que en el momento de ordenar el desalojo de una propiedad tenga que comunicar a los servicios municipales de atención social de la localidad el inminente desalojo, para que estudien si es conveniente adoptar medidas de respaldo y atención para evitar riesgos de exclusión.

La ponente de la reforma legal de los procesos jurídicos por okupación, la parlamentaria del PDECat Lourdes Ciuró, estima que gran parte del problema okupa se genera porque las mafias dedicadas a asaltar viviendas vacías o a comerciar con las llaves de estas para obtener fondos con el movimiento de inquilinos ilegales han asaltado hogares preparados por ayuntamientos y agencias autonómicas para los casos de desahucios y otras circunstancias de necesidad que no pueden ser utilizadas por las personas a las que iban destinadas.

Los desalojos exprés de okupas se empezarán a ejecutar a partir de junio

carlos punzón

Inmobiliarias y abogados lamentan que las empresas no puedan instar una expulsión

Los desalojos exprés de okupas podrán instarse a partir de junio. El Congreso de los Diputados ha remitido a la Cámara Alta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá expulsar a los okupas de viviendas de particulares y de inmuebles de organizaciones sociales y de Administraciones públicas.

«Contamos con que como muy tarde el Senado apruebe la reforma en junio, antes del final del período de sesiones, y pueda entrar en vigor de inmediato», apunta Lourdes Ciuró, diputada del PDECat ponente de la propuesta aprobada en el Congreso para frenar la incidencia de las mafias okupas. La parlamentaria catalana, cuyo planteamiento tuvo el respaldo de PP, Ciudadanos y PNV, estima que el texto pasará sin problemas por el Senado al estar «muy contrastado» por los partidos que lo han impulsado.

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