Los funcionarios de Xustiza votan no al fin de la huelga

El sí al preacuerdo laboral con la Xunta perdió por solo 90 sufragios de un total de 1.613


Los funcionarios gallegos de Justicia han rechazado desconvocar la huelga, que dura ya casi tres meses, en una votación tensa y polémica en la que hubo acusaciones de boicot en Pontevedra y Vigo, ciudades en las que incluso tuvo que intervenir la Policía Nacional porque miembros de los tres sindicatos en contra del preacuerdo con la Xunta -Alternativas na Xustiza-CUT, STAJ y CIG- hostigaron a muchos trabajadores con insultos, abucheos e incluso tirándoles monedas al grito de «vendidos» y «traidores». Los cuatro sindicatos que eran partidarios de cerrar el conflicto -SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO.- recibieron numerosas quejas de compañeros que se dieron media vuelta al intentar ir a votar por miedo a represalias.

De los 1.613 votos emitidos -la plantilla es de 2.700 personas-, 836 votaron no al preacuerdo con la Xunta y a desconvocar la huelga, mientras que 746 votaron sí. Es decir, un 52,85 % contra un 47,16 %. Fue precisamente en Vigo y Pontevedra donde se fraguó el sorpresivo triunfo del no. En la ciudad olívica, de 317 sufragios emitidos, hubo 204 noes y 112 síes, mientras que en la capital del Lérez hubo 239 votos, de los que 184 fueron noes, y 50, síes. Es decir, porcentajes a favor del no del 64,35 y el 77, muy por encima de la media y que para los miembros de SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO. evidencian que muchos trabajadores que querían el fin del conflicto no se atrevieron a ir a votar.

Santiago, A Coruña y Ourense

En el resto de las ciudades gallegas, en las que también se computaron los votos de los partidos judiciales de las villas dentro de su área de influencia, el resultado fue de apoyo al sí o de un empate técnico. Los funcionarios de Santiago, A Coruña y Ourense se posicionaron claramente a favor del preacuerdo con la Xunta y el fin de la huelga indefinida. El sí triunfó frente al no en estas ciudades: 109 a 34 en Compostela, 237 a 172 en la capital coruñesa y 135 a 102 en Ourense.

En Ferrol quedaron casi en tablas, con 49 síes y 54 noes, mientras que en Lugo hubo una victoria del no, pero no apabullante, por 86 votos a 54. El cómputo de sufragios en blanco y nulos en toda Galicia fue irrelevante, con 19 y 12, respectivamente. De esta forma, pese a las quejas de que muchos trabajadores en Pontevedra y Vigo partidarios del sí se sintieron coaccionados por los contrarios al acuerdo y no fueron a votar, lo cierto es que el triunfo del no fue ajustado, solo 90 votos de diferencia, pero implica que echa por tierra la última oferta que había presentado el Gobierno gallego y que aplicaba un incremento salarial de 140 euros al mes para los forenses, 135 para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para el cuerpo de auxilio. Cantidades que habrían percibido al 50 % este mismo año, mientras que el que viene obtendrían otro 30 % y el 20 % restante en el año 2020.

El escenario que se abre ahora está lleno de incógnitas. «A Xustiza galega quedou dividida e tocada, non se sabe o que vai pasar agora», dice Nilo Fernández, miembro de SPJ-USO, el sindicato mayoritario en la Justicia gallega. Él entiende que la huelga continuará, porque eso es lo que se ha votado, aunque no se atreve a imaginar cuál será la reacción de los muchos trabajadores que esperaban poner fin ya al conflicto y comenzar a percibir los aumentos salariales que se habían pactado con la Xunta.

Además de esas subidas en las nóminas, el preacuerdo que firmaron SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.OO. incluía otras mejoras para los funcionarios en la conciliación familiar y un plan de recuperación del trabajo acumulado en los ya 81 días de paro que supondría que los huelguistas podrían recobrar buena parte del dinero que les descontaron en sus nóminas por seguir el paro, cantidades nada desdeñables y que oscilan, de media, entre los 70 y los 90 euros al día.

También se establecía una cláusula de revisión automática para que a partir de ahora los funcionarios gallegos de Justicia viesen revisado al alza su salario si no estaban por encima de la media estatal en la comparativa con otras comunidades, cumpliendo así el mandato del Parlamento de Galicia.

Apoyo a la baja

El no a cerrar el conflicto contrasta con el cada vez menor apoyo que tiene el paro entre los trabajadores. El dato oficial de la Xunta revela que ayer tan solo el 18,54 % de la plantilla secundó la huelga, una cifra muy lejana del 42,11 % del 8 de febrero, que fue la máxima, e incluso cinco puntos inferior a la del pasado miércoles, cuando marcó un 23,34 %.

De hecho, ayer solo fueron a la huelga 512 trabajadores, menos de la mitad que cuando comenzó el conflicto e incluso bastantes menos que los 643 del pasado miércoles y de los 836 que votaron ayer a favor de mantener el paro.

Insultan a los firmantes del pacto llamándolos vendidos y traidores

L. Penide, A. Martínez

En Pontevedra y Vigo hubo graves incidentes a las puertas de las mesas electorales y tuvo que acudir la policía

«El comité está roto porque hay cuatro traidores». Estas palabras de Pablo Valeiras, representante de Alternativas na Xustiza-CUT, evidencian la tensa situación que se vivió ayer en los edificios judiciales de Pontevedra y Vigo, donde se habían programado una serie de asambleas para abordar y votar el preacuerdo alcanzado entre la Xunta y cuatro de los siete sindicatos -SPJ-USO, FeSP-UGT, CSIF y CC.OO.- convocantes de la huelga en la Xustiza. En la ciudad olívica, un grupo de trabajadores recibieron en el salón de actos a los delegados de estas centrales con gritos de «vendidos» y «dimisión». Ante el cariz que tomó la situación se vieron obligados a avisar a los cuerpos de seguridad, que desalojaron las dependencias. «Los trabajadores solo exigían explicaciones a los que aprobaron el preacuerdo», minimizaron desde la CUT.

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