La guerra de los pisos turísticos

Palma de Mallorca aprueba la prohibición del alquiler de viviendas a turistas, una medida muy criticada. En Galicia, Feijoo también lo considera «un erro»


Redacción / La Voz

La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur) ha querido esperar para dar su opinión a que el pleno de Palma de Mallorca aprobara la prohibición en toda la ciudad de alquilar viviendas a turistas en edificios, pues solo se permite en casas unifamiliares o adosados. La propuesta salió adelante ayer, gracias al apoyo del gobierno local, integrado por PSOE, Més y Podemos, mientras que PP y Ciudadanos votaron en contra. Y la respuesta no se ha hecho esperar. La patronal manifiesta que tomará acciones legales contra esta decisión «ante los posibles indicios de prevaricación administrativa en todo el proceso», y lamenta que la ciudad de Palma de Mallorca sea la primera de toda España en adoptar una medida «tan radical y populista», considerando que «responde únicamente a motivaciones de carácter político».

El presidente de Fevitur, Tolo Gomila, cree que esta decisión «denota la más absoluta animadversión hacia el turismo y hacia la economía», además de la «incapacidad de gestión de una minoría radicalizada que por juegos de equilibrio parlamentario tiene responsabilidad en el gobierno municipal». La patronal estatal de viviendas turísticas anuncia su intención de impedir que la medida entre en vigor a partir del mes de julio, como es la intención del ejecutivo local de la ciudad balear, y para ello explica que está estudiando adoptar medidas legales: «No estamos frente a una regulación, estamos frente a una prohibición que empobrece la ciudad», dice el presidente de la federación, que lamenta las consecuencias negativas que puede acarrear la medida para la pequeña y mediana empresa, así como el comercio de la capital balear. También recuerda las sentencias favorables de Oviedo, Barcelona, Madrid, Valencia, Canarias o Berlín, en relación «con otras regulaciones mucho menos restrictivas de lo que propone Palma», y cree que en el caso de la ciudad balear «también será derogada».

Por su parte, el presidente Feijoo calificó ayer la decisión del Ayuntamiento de Palma como un «erro que non comparto». Tras la reunión del Consello de la Xunta, fue preguntado por la medida de Palma y dijo que, en su opinión, «parcelar» el mercado turístico dentro de una comunidad con reglamentos distintos para cada ciudad es malo para todos, aunque enmarca esta iniciativa en la «sorprendente deriva» del Gobierno balear hacia el independentismo, una valoración que amplió a su política lingüística y de turismo, que es su primera industria.

Ese «erro estratéxico» va a tener consecuencias negativas también para los ciudadanos, auguró el presidente de la Xunta, ya que entiende que se les está cercenando un derecho de propiedad, incluso cuando cumplen las normas que han sido establecidas por el Gobierno de la comunidad. «Iso non o podo defender», zanjó Feijoo.

También la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se expresó ayer respecto al acuerdo del Ayuntamiento de Palma, y explicó que está estudiando el caso para ver qué tipo de acciones legales se toman, al tiempo que critica que las normativas más recientes no se adapten a la nueva realidad: «El ordenamiento jurídico no está preparado para el fenómeno que se está produciendo. Habría que adaptar la legislación, que es muy proteccionista con determinados sectores, a esta nueva realidad», indicaron ayer fuentes de la Comisión.

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