En Galicia hay nueve veces más pisos turísticos legalizados que en Palma

El sector considera que prohibirlos atenta contra el derecho a la propiedad


Redacción / La Voz

Muerto el perro se acabó la rabia. Eso es lo que ha debido de pensar el gobierno local de Palma de Mallorca para anunciar esta semana la prohibición de alquilar pisos turísticos en toda la ciudad -sí lo permite en casas unifamiliares o chalés adosados-. Una medida que bien podría definirse también como matar pájaros a cañonazos. Pero más allá de las comparaciones sobre la drástica medida, lo que está claro es que la iniciativa ha puesto los pelos de punta al sector de las viviendas turísticas en Galicia, a pesar de que ningún ayuntamiento gallego ha mostrado su intención de llevar a cabo ninguna medida similar.

Cerca del 95 % de las plazas turísticas en alquiler la capital balear no están registradas Cierto es que las diferencias entre Baleares y Galicia son muy evidentes. Tanto en el número de visitantes que reciben como en el perfil del turista. Pero también hay que destacar que, tan solo un año después de que en Galicia entrara en vigor el decreto que regula este tipo de alquiler, en la comunidad ya hay nueve veces más pisos turísticos regularizados que en Palma. El número de plazas que se comercializan por Internet en alquiler a turistas en la ciudad balear es de 11.000, mientras que solo están inscritas y legalizadas 645, lo que supone que cerca del 95 % de la oferta es irregular. Llegó a ser incluso más. En agosto del año pasado se contabilizaron hasta 20.000, justo antes de que la normativa autonómica entrara en vigor, pero el temor de los propietarios a ser sancionados, con multas de hasta 400.000 euros, contribuyó a que muchos retiraran los anuncios de las grandes plataformas digitales. En Galicia, en cambio, se han registrado en total 5.155 viviendas de uso turístico.

Alquiler para residentes

La norma será aprobada en el pleno municipal de hoy y contará con los apoyos del PSOE, Més per Mallorca y Som Palma, que formaron gobierno tras las elecciones del 2015. El teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, José Hila (PSOE), que fue regidor de la ciudad entre el 2015 y el 2017, indicó que la finalidad de la medida es garantizar el derecho de acceso a la vivienda a los residentes y trabajadores, frente a la presión de la demanda para uso turístico. Además, tampoco se podrá alquiler casas a turistas si están situadas en suelo rústico, en el entorno del aeropuerto y en los inmuebles de usos no residenciales, como los de los polígonos industriales.

Un argumento que no ha sido bien recibido en Galicia por parte de los propietarios de inmuebles de alquiler vacacional. La presidenta de Aviturga (Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia), Dulcinea Aguín, considera que la medida «va en contra del derecho a la propiedad» y que lo que se consigue con ella es «eliminar competencia» e «impedir que la gente pueda elegir adónde quiere ir de vacaciones». «No es una buena noticia para el sector. Es cierto que cada comunidad tiene unas características, pero prohibir el alquiler vacacional es poner trabas al turismo», dijo Abuín, que considera también que relacionar la subida de los alquileres de larga duración con las viviendas turísticas es mezclar argumentos.

«No somos especuladores»

«Los problemas con la vivienda en este país no son por el alquiler vacacional. No hay viviendas de protección oficial y nosotros somos el blanco fácil. Somos propietarios, no especuladores. Y el perfil del arrendador vacacional es el del pequeño ahorrador que destina el dinero para complementar su pensión o pagar la hipoteca», asegura.

«Complemento axeitado»

Por su parte, ciudades como Ourense consideran que este tipo de alquiler «supón un complemento moi axeitado á oferta hoteleira sempre que estea ben regulado. Ben regulado, como está en Galicia, é un xeito de seguir abrindo as portas ao turismo para a nosa cidade», afirma el Ayuntamiento. El de Pontevedra sí reconoce que hay limitaciones, a pesar de no haber registrado ningún problema: «O Concello actúa restrinxindo os usos terciarios (como os pisos turísticos) nos bloques residenciais, polo que o Servizo de Urbanismo informa desfavorablemente sobre estas solicitudes. Esta decisión busca evitar conflitos. Polo contrario, si aplaudimos a instalación de novos equipamentos turísticos na cidade con carácter integral, é dicir, por exemplo, a rehabilitación integral dun inmoble, a construción dun novo edificio con uso exclusivo, vivendas unifamiliares con estes usos, a promoción de albergues... De feito, o Concello tramita varios proxectos coma estes», indicó el gobierno local de Pontevedra.

Con información de Rubén Novoa y Serxio Barral.

La decisión de la ciudad balear de prohibirlos, un caso de máximos que puede traer problemas legales

S. A.

El principio legal sobre el que se basa el gobierno local de Palma -integrado por el PSOE, Més per Mallorca y Som Palma- para aprobar la prohibición del alquiler de pisos turísticos en toda la ciudad es «el derecho que tiene un propietario de alquilar su vivienda para uso turístico no debe traducirse en perjuicio del derecho ajeno que tienen usuarios, vecinos, trabajadores... de sufrir un incremento en el precio del alquiler de larga duración». Así lo explica el abogado coruñés Diego Reboredo, que reconoce que la medida es «muy extrema» y que, además de intentar regular el mercado del alquiler, también trata de luchar contra la proliferación de los pisos no regulados.

Aun así, considera que la iniciativa es «fácilmente recurrible» basándose en el derecho a la «libertad de uso, disfrute y disposición de la propiedad». «Puede traer cola y habrá recursos», indica el letrado.

Por su parte, el director de Espinosa & Asociados Abogados, el especialista en derecho penal y civil Ignacio Espinosa, asegura que la decisión del gobierno local de Palma se basa en la normativa autonómica: «Hay 17 normativas diferentes, y cada una con una fecha y un nivel restrictivo diferente. Las más antiguas son las más flexibles y las más nuevas, las más restrictivas. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha tiene una ley que regula este tipo de alquiler y es de hace 17 años y en Andalucía hay una ley y tres decretos. Es decir, que han ido remendando la ley que hicieron», asegura.

Espinosa reconoce que la medida «es legal siempre y cuando está aprobada por una normativa», como es el caso. Y al igual que Reboredo, considera que el principio sobre el que se basa la medida es que el derecho de unos pocos no puede ir en perjuicio de muchos: «Hay más población que tiene necesidad de tener una vivienda que usuarios que quieren alquilar sus viviendas para uso turístico. Es decir, se favorece a muchos en perjuicio de unos pocos», asegura. Reconoce también que el nivel de restricción que aplicó la ciudad de Palma es máximo y que desconoce si con ello se acabará solucionando el problema de los precios del alquiler.

Una encuesta de consumidores dice que los visitantes deben pagar tasas turísticas en Galicia

La Unión de Consumidores de Galicia realizó una encuesta entre la población gallega, centrada fundamentalmente en las provincias de A Coruña y Pontevedra, sobre el impacto del turismo en Galicia. Los resultados fueron presentados en la sede de la Asociación Hostelería Compostela, en Santiago. De los resultados, presentados ayer por Miguel López, secretario xeral de la Ucgal, se desprende que el 43 % de los gallegos consideran que los visitantes deben pagar tasas turísticas y el 34 % rechazan tajantemente esta medida, y el resto no tienen una opinión formada sobre este tema. Miguel López apuntó que es la primera vez que se les pregunta directamente a los ciudadanos, porque criticó que determinados sectores opinen en nombre de los vecinos sin sondear su opinión. Dijo que, en los 20 años al frente de los Consumidores de Galicia, «nunca se recibió una queja de nadie sobre la tasa turística», por lo que considera que es una medida aceptada en general.

La presidenta de la Asociación Hostelería Compostela, Sara Santos, apuntó que el resultado «refuerza» la postura de su sector acerca de la necesidad de abrir un debate para estudiar en profundidad este asunto, porque «está claro que la población está dividida». La Unión de Consumidores preguntó por la implementación de diversos tipos de medidas para controlar los flujos de turistas en determinadas áreas o lugares, y el 81 % consideran que estas medidas, entre las que están la tasa y otras como la limitación de aforo, son necesarias y están a favor de ellas.

En la encuesta, el 84 % de la población gallega cree que algunos destinos turísticos de Galicia están masificados. En este caso, en la pregunta se incidía concretamente en Santiago, la playa de As Catedrais, las Rías Baixas y las islas Cíes. Los encuestados, en cambio, creen en un 53 % que el número de turistas que recibe Galicia en general es el adecuado, y solo un 8 %, lo califican de excesivo.

En general, los encuestados consideran que la principal ventaja del turismo es la creación de empleo (73 %), mientras que un 72 % creen que la congestión de espacios públicos es una desventaja. Miguel López insistió en que los resultados de la encuesta vienen a reforzar el mensaje del sector en cuanto a que deben ponerse en marcha políticas que favorezcan la llegada de turistas de calidad y de mayor poder económico.

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