Inmobiliarias y abogados lamentan que las empresas no puedan instar una expulsión
26 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los desalojos exprés de okupas podrán instarse a partir de junio. El Congreso de los Diputados ha remitido a la Cámara Alta la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que permitirá expulsar a los okupas de viviendas de particulares y de inmuebles de organizaciones sociales y de Administraciones públicas.
«Contamos con que como muy tarde el Senado apruebe la reforma en junio, antes del final del período de sesiones, y pueda entrar en vigor de inmediato», apunta Lourdes Ciuró, diputada del PDECat ponente de la propuesta aprobada en el Congreso para frenar la incidencia de las mafias okupas. La parlamentaria catalana, cuyo planteamiento tuvo el respaldo de PP, Ciudadanos y PNV, estima que el texto pasará sin problemas por el Senado al estar «muy contrastado» por los partidos que lo han impulsado.
Ciuró está convencida de que con los desalojos exprés que podrán dictar los jueces en los casos en los que los demandantes demuestren algún título de propiedad del bien okupado, «se solucionará gran parte del problema». Alude al calvario que sufren los dueños de pisos okupados y a la bolsa de viviendas sociales que no pueden ser entregadas a familias vulnerables «porque las mafias las han asaltado y hacen negocio con ellas».
Ponente del PDECat: «La izquierda no quiere mojarse y ver a quién perjudica la okupación» Lamenta, eso sí, la diputada del PDECat que de los desalojos exprés hayan sido excluidos hasta los pequeños promotores, «pero no se ha podido consensuar ante el temor de que la medida fuera aprovechada por bancos y fondos buitres y se acabase desahuciando por segunda vez a familias que ya lo fueron por no poder pagar sus hipotecas y alquileres», explica Ciuró, que acusa de «discurso demagógico y falso» a las fuerzas de la izquierda que se han opuesto a propiciar los desalojos exprés. «Hay mafias que cobran entre 3.000 y 6.000 euros vendiendo llaves, pero la izquierda no quiere mojarse», zanja.
Frente empresarial
La misma opinión es esgrimida por los empresarios inmobiliarios gallegos, cuyo presidente, Benito Iglesias, adelanta que harán llegar a los partidos en el Senado su exigencia de que las empresas puedan acogerse a la misma medida. «La reforma es positiva, pero no entendemos por qué se queda a medio camino y excluye a miles de pequeñas empresas, que en Galicia somos la inmensa mayoría, que pueden estar sufriendo a los okupas en sus propiedades y promociones que se vieron paralizadas con la crisis por problemas de financiación o por la situación del mercado», señala. Iglesias añade que la reforma debería haber incluido también la responsabilidad penal de los okupas por los destrozos que puedan realizar en los inmuebles asaltados «y así, con la cárcel, sí que se pondría freno de verdad a las okupaciones».
Esteban Rico, abogado coruñés especializado en gestión de activos inmobiliarios, estima incluso que la reforma legal genera desigualdades, al dar la oportunidad de instar el desalojo rápido a unos propietarios y negársela a otros, como bancos o fondos de inversión. «Todos somos iguales ante la ley, y aquí no se garantiza», dice. «Se legitima la propiedad pero no la posesión. Ante la okupación, clasifica a unos propietarios de primera y a otros de segunda», valora Rico, que cree que «esta es una solución parcial que desaprovecha la oportunidad de atajar un grave problema».