Ningún concello gallego seguirá los pasos de Palma prohibiendo el alquiler turístico en toda la ciudad

Solo Santiago y Pontevedra establecen algún tipo de limitación


Redacción / La Voz

La decisión del ayuntamiento de Palma de Mallorca de prohibir el alquiler de pisos turísticos en toda la ciudad -sí se permite en viviendas unifamiliares o adosados- ha generado cierta preocupación en un sector que cada vez está más en auge y donde se cumple ahora un año de la entrada en vigor del decreto de la Xunta que regula el alquiler vacacional.

En esta norma el ejecutivo gallego también concede competencias a los ayuntamientos para limitar la proliferación de alquileres en edificios o por sectores, según figura en el artículo 5.6 del decreto. Además, incluso contempla la prohibición de viviendas de uso turístico si así se estipula en la ordenación de usos de la zona donde se encuentre el inmueble, es decir, si la norma urbanística no lo permite (artículo 41.5). Asimismo, también concede cierta competencia a las comunidades de propietarios para prohibir esta actividad si así lo contemplan en los estatutos «debidamente inscritos no Rexistro da Propiedade». Acogiéndose a estos apartados y a una moratoria transitoria, hace dos años que el Concello de Santiago no concede en el casco histórico ninguna nueva licencia turística. Esta decisión no solo afecta al alquiler turístico, sino también a todo tipo de alojamientos hoteleros. Se trata de una medida temporal mientras no concluye la revisión del plan especial del casco histórico que pretende regular y revisar los usos de esta zona y que se encuentra en fase de elaboración.

Más allá de la limitación turística que establece Santiago en el casco histórico, el Concello de Pontevedra también reconoce que solo otorga licencias de actividad para uso turístico si se destina todo el edificio al alquiler vacacional o, al menos, una planta entera de todo el inmueble. Lo que se pretende básicamente es la rehabilitación de edificios abandonados en el casco histórico, aunque también el gobierno local quiere evitar problemas de convivencia entre vecinos.

Más allá de estas limitaciones, a la Xunta no le consta que ningún ayuntamiento tenga intención de prohibir el alquiler vacacional en todo el municipio. Y desconoce las consecuencias jurídicas que puede conllevar una medida tan restrictiva como la que acaba de anunciar el Ayuntamiento de Palma de Mallorca, sobre todo, teniendo en cuenta que algunos artículos de las normas autonómicas -no es el caso de la gallega- han tenido que ser corregidos tras el recurso presentado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Además, la cifra del alquiler vacacional en las islas Baleares nada tiene que ver con la registrada en Galicia, donde el volumen de negocio es mucho más modesto. Solo en la ciudad de Palma hay unas 11.000 plazas a través de plataformas de alquiler a turistas, mientras que tan solo están inscritas 645, lo que implica que cerca del 95 % de la oferta es irregular. En Galicia, en cambio, el número de viviendas de uso turístico en toda la comunidad supera los cinco mil.

Detrás de la decisión del Ayuntamiento de Palma está la pretensión de regular el mercado de alquiler y de preservar el derecho de acceso a la vivienda para los residentes y trabajadores de la ciudad balear. Esta medida también va en sintonía con la iniciativa promovida por la Federación de Asociaciones de Vecinos, que fue aprobada en pleno por el gobierno local, tras presentar un aval de más de seis mil firmas.

El mejor marzo en diez años

Por otro lado, Galicia fue la cuarta comunidad con un mayor crecimiento de turistas en marzo, con cerca de 264.000 viajeros alojados en hoteles. La subida fue del 18 %, muy por encima de la registrada en el resto de país, que fue del 8 %. A pesar de las inclemencias meteorológicas registradas durante todo el mes, incluso en Semana Santa, el nivel de ocupación en marzo subió cinco puntos y se sitúa en el mejor dato en diez años.

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