El Gobierno tiene potestad para forzar un arbitraje si la huelga de la Justicia en Galicia sigue enquistada

Las posiciones de las partes son irreconciliables y se produce un perjuicio grave a la economía nacional


santiago / la voz

La huelga que desde hace 78 días mantiene paralizados los juzgados gallegos podría tener el mismo final que el paro del año pasado de los vigilantes de seguridad del aeropuerto de El Prat en Barcelona: un arbitraje forzoso y un laudo de obligado cumplimiento. La medida es excepcional, pero el Gobierno tiene la potestad de aplicarla cuando el conflicto se enquista, las posiciones de las partes son irreconciliables y se produce un perjuicio grave a la economía nacional.

Si el Gobierno central considera que esta huelga cumple estos requisitos, podría entonces actuar, aunque por el momento ni tan siquiera ha valorado hacerlo. La figura está recogida en el Real Decreto sobre Relaciones de Trabajo del 4 de marzo de 1977. Es, por tanto, previa a la Constitución de 1978, pero el texto fue adaptado a la Carta Magna en 1981 por el Tribunal Constitucional, por lo que su vigencia es total, aunque existe el consenso de que solo debe recurrirse a esa medida de manera excepcional. En este caso, al tratarse de funcionarios, el escenario es todavía más complejo. Es una facultad del Gobierno o de las comunidades autónomas -si es su competencia- que exige el nombramiento del árbitro, establecer las normas del arbitraje y el plazo para dictar el laudo, que equivale a una sentencia y que sería de obligado cumplimiento para la Xunta y los sindicatos, por lo que pondría fin a la huelga. Eso sí, caben recursos.

Para fundamentar su decisión, el árbitro escucharía a las partes y les solicitaría documentación y propuestas. La Xunta no se ha planteado pedir al Gobierno que estudie el arbitraje. Espera que el conflicto puede encarrilarse si los sindicatos aceptan que los trabajadores voten su última oferta.

CSIF propone a los otros sindicatos y a la Xunta nombrar mediador a un exmagistrado

El sindicato CSIF ha propuesto a las otras centrales y a la Xunta, como vía para desbloquear el conflicto en la Justicia gallega, el nombramiento de Agustín Azparren Lucas, magistrado en excedencia, como mediador.

La oferta aún no ha recibido la contestación de las otras seis organizaciones sindicales que forman el comité de huelga -SPJ-USO, UGT, CC.OO., CUT, STAJ y CIG- y en la Xunta ni tan siquiera han querido valorarla. Cabe recordar que el Gobierno gallego ya prescindió en su momento de la mediación del Consello Galego de Relacións Laborais y que rechazó el ofrecimiento que hizo el Consello Galego da Avogacía.

Entiende CSIF que son los funcionarios de Justicia «los protagonistas del conflicto y no los sindicatos ni el comité de huelga», y advierte que la sociedad gallega no entendería que ambas partes se estancasen «en el inmovilismo», por lo que estiman «imprescindible» esta mediación para «encontrar una salida digna a este conflicto».

Conoce toda nuestra oferta de newsletters

Hemos creado para ti una selección de contenidos para que los recibas cómodamente en tu correo electrónico. Descubre nuestro nuevo servicio.

Votación
9 votos
Comentarios

El Gobierno tiene potestad para forzar un arbitraje si la huelga de la Justicia en Galicia sigue enquistada