Los procuradores alertan del grave perjuicio económico que sufren debido al paro
24 abr 2018 . Actualizado a las 20:10 h.La huelga de los funcionarios de Justicia en Galicia sigue causando graves problemas. Juicios suspendidos, trámites bloqueados, asuntos sin notificar. El caos es prácticamente absoluto. Lo explica el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez, quien cree que la huelga de los funcionarios de Justicia «se ha hecho muy larga» y ello va a tener consecuencias importantes, sobre todo en los juzgados que ya arrastraban atrasos en sus procedimientos. El magistrado, que apela a la «necesidad de que se llegue a un acuerdo satisfactorio» para las dos partes, anticipa la posibilidad de que aparezcan problemas con los períodos de instrucción de procedimientos. «El plazo está limitado a seis meses. Si se pasa, no se pueden practicar nuevas diligencias. En ese caso, es posible que alguna causa se vea perjudicada. No es que vaya a haber problemas en la prescripción, pero sí puede ocurrir que haya que archivar causas al no haber podido practicarse todas las diligencias. En la prescripción hablamos de años. Las causas atrasadas las tenemos controladas. Ahora bien, los plazos de seis meses en dos mil causas no son algo fácil de controlar», dice el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense.
Leonardo Álvarez ve otro problema con la declaración de causas complejas para ampliar la instrucción. «¿Declaro compleja una causa porque el funcionario está en huelga? Eso no está previsto en la ley. La capacidad para decidir es mía. El fiscal lo pide y el juez decide. Es muy raro que se deniegue una complejidad», reflexiona el decano de Ourense, que habla por su experiencia. Ante una denuncia, según indica, están «la minutas para que declaren el denunciado, el denunciante y el testigo. Aunque no se practique la declaración, no hay problema, pero si a los seis meses te das cuentas de que el testigo importante era otro, ya tenemos un problema: el juez no es Dios y no es posible estar encima de todos los asuntos».
El gran riesgo de la huelga está ahora mismo, en opinión del juez decano de Ourense, no tanto en la suspensión de juicios o en el retraso en las notificaciones, sino en «que haya que archivar causas por no haberse practicado diligencias suficientes en seis meses». Un juicio por un delito leve, con un año por delante, no genera mayor problema, «no hay riesgo de que vaya al archivo».
Sobre la justificación de la declaración de complejidad en la huelga, el juez cree que, como ocurre con otras resoluciones, es susceptible de recurso. «Si no estás conforme, recurres. De hecho, he acordado declaraciones de investigados a pesar de la huelga. Pensemos en una causa con la que llevamos cinco meses. Hay que oír al denunciado. Yo lo acuerdo. Y obligo al funcionario a que haga la resolución, es un servicio mínimo. Aunque no salga la citación. El problema es que se pueda pasar alguna. En un año nos movemos en unas dos mil causas».
Álvarez destaca que en un período normal el funcionario controla sus causas y vigila los plazos. Pero eso no ocurre al estar en huelga y ese cometido lo asumen el juez y el letrado de la Administración de Justicia. «Si detectas que una causa está al límite, la coges y decides. ¿Y si se me pasa? El problema de la huelga es que hay riesgo de que pasen los seis meses sin haberse hecho las diligencias necesarias», resume el juez, que, cauto a la hora de ofrecer plazos para recuperar la normalidad, vaticina un riesgo efectivo de instrucción incompleta «en una de cada cien causas». Que alguna instrucción quede sin prueba cae dentro de lo probable, admite el decano de Ourense, quien, de todos modos, considera que no es momento para hablar de prescripción ni de dilaciones indebidas por este motivo.
Mientras, el Colegio de Procuradores de Santiago ha decidido eximir a sus colegiados del pago de la cuota del mes de abril para tratar de compensar el «importante daño económico» derivado de la huelga en la Justicia gallega, que comenzó el pasado 7 de febrero. El decano de los procuradores compostelanos, Fernando González Concheiro, asegura que estos profesionales están sufriendo las consecuencias de este paro, por lo que la junta de gobierno del colegio aprobó la medida. «Está todo paralizado por la huelga, no hay apenas actividad y el perjuicio para los despachos es muy grande», añade el decano de los procuradores de Santiago.
El nuevo presidente del comité de huelga: «Pediremos negociación todos los días»
La dimisión de Manuel Tejada como presidente del comité de huelga ha exigido que otro miembro de su sindicato, SPJ-USO, el mayoritario en Galicia entre los funcionarios de Justicia, tome el relevo. Ese papel ha recaído en Juan Carlos Dacal, de Ferrol, que ha aceptado el cargo pese a que es consciente de lo difícil que se ha puesto el conflicto tras la última ruptura de las negociaciones al acusar la Xunta a cuatro de los siete sindicatos -SPJ-USO, UGT, CSIF y CC.?OO.- de haber roto un preacuerdo que ponía fin al paro. «Después de los días que llevamos de huelga, esto nos está pasando factura a todos. Estamos todos muy cansados, evidentemente, pero yo he dado el paso y ahí estamos», asegura.
Respecto a la posibilidad, defendida por algunos sindicalistas y trabajadores, de que las asambleas de funcionarios voten la última oferta presentada por la Xunta, Dacal admite que en el comité están «hablando de todo». «Pero, por ahora, los pasos que hemos dado son los que se han visto, la acampada delante de San Caetano y presentar escritos todos los días exigiendo negociación: pediremos negociación todos los días. Eso es lo que está acordado», explicó. Esa posible votación tendría que producirse, en todo caso, una vez que la discuta el comité de huelga. La propuesta que está aún sobre la mesa es de un aumento salarial de 135 euros al mes para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para el cuerpo de auxilio, del que el 50 % se obtendrían este mismo año, otro 30 % en enero del 2019 y el resto en el 2020. También prevé una cláusula de revisión automática que garantice que los funcionarios gallegos estén siempre por encima de la media del Estado.
El vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, pidió ayer a los sindicatos que validen esa oferta, con la que él dice que cuatro centrales estaban de acuerdo, y que la voten en las asambleas.