Los alcaldes temen que no se limpien a tiempo las franjas de seguridad forestal
GALICIA
Confían en acordar con la Xunta un plan inminente que los dote de financiación
24 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La franja de seguridad forestal que establece un mínimo de 50 metros de ancho de espacio desbrozado y con plantaciones dispersas y controladas no estará preparada a tiempo el 31 de mayo en la totalidad de los más de 30.000 núcleos de población de Galicia. A falta de 37 días para que entre en vigor la orden de la Consellería do Medio Rural de activación de las áreas de seguridad en las inmediaciones de viviendas y núcleos urbanos, los alcaldes gallegos aseguran que carecen de medios y de financiación para que los concellos lleven a cabo los desbroces que no hagan los propietarios forestales en dicha franja. Diversos concellos apuran las tareas en estos días. «Pero me temo que no van a estar a tiempo en todos los núcleos, y la Xunta tendrá que darnos la razón en la necesidad de poner en marcha un plan alternativo para limpiar esas zonas de seguridad, porque se podría conseguir a medio plazo, pero solo si tenemos ayuda», advierte Alfredo García, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).
La organización de los municipios gallegos está detectando una menor voluntad de llevar a cabo la ordenada de limpieza entre los propietarios de la provincia de Ourense y del sur de Pontevedra, pese a los reiterados bandos de las alcaldías conminando a adaptar las parcelas en los montes a las exigencias de seguridad dictadas por la Xunta para evitar incendios forestales.
Acuerdo inminente
El presidente de los alcaldes señala que la dificultad para conseguir que los propietarios limpien las parcelas más próximas a núcleos habitados radica en el desconocimiento de la identidad de muchos de ellos. «Tuvimos el mismo problema con las fincas urbanas, pero tras cinco o seis años se ha pasado de cien cartas que se mandaban requiriendo su limpieza a solo cinco ahora», añade Alfredo García, también alcalde socialista de O Barco de Valdeorras.
Pese a no querer adelantar acontecimientos, el presidente de los alcaldes gallegos estima que van «por el buen camino, por fin, para alcanzar un acuerdo con la Xunta» con el que se dote a los concellos de fondos para llevar a cabo la limpieza de las franjas de seguridad. En todo caso, advierte la Administración local que la factura de dichos trabajos será remitida a los dueños de las parcelas en las que se hayan llevado a cabo. «Deberá ser un acuerdo duradero y fiable», añade García.
Además de remitirse la factura de los gastos por los trabajos de desbroce realizados, los propietarios se exponen a multas de hasta 3.000 euros. En los seis años que la norma de la franja de seguridad lleva vigente, la Xunta solo ha impuesto 209 multas, la gran mayoría en la provincia de A Coruña.
La Fegamp no está de acuerdo con la afirmación de organizaciones de propietarios de montes de que la culpa del riesgo ante incendios forestales en las zonas habitadas venga dado por la negligencia de los ayuntamientos en hacer cumplir las normas urbanísticas. «Puede que en algún caso se haya construido sin licencia en zonas inapropiadas, y en ese caso habría que discutir quién debe pagar esa limpieza en la franja de seguridad, pero de lo que hablamos es de aldeas a las que llega la maleza de fincas abandonadas o mal gestionadas», zanja Alfredo Garcías para añadir que «la culpa de cómo está el monte es de todos».
Las comunidades de montes plantean una decena de alegaciones al nuevo plan forestal
La Organización Galega de Comunidades de Montes Veciñais ha presentado una decena de alegaciones a la reforma del plan forestal que promueve la Xunta, considerando además que la participación en la manifestación celebrada el domingo en Santiago avala sus peticiones.
El presidente de la organización, José Alfredo Pereira, indicó que en una de las alegaciones se reclama una moratoria para frenar la plantación del eucalipto, ante el incremento que prevé el borrador del plan forestal para los próximos años.
Pereira alerta de la incidencia que tienen ya «la falta de población y el envejecimiento, que llevan al abandono» precisamente del territorio que necesita «soluciones».
Finalmente, el responsable de la organización de montes comunales afeó a la Xunta que obligue a los particulares a limpiar sus fincas cuando hay un estudio que dice que «el monte vecinal gestionado por la Consellería do Medio Rural está abandonado en un 50 o un 60 %». «Son los que peor tienen sus montes», clama. En Galicia hay 750.000 hectáreas de montes vecinales y cerca de 3.000 mancomunidades que los gestionan.
La Comisión Europea ve en la UE una política de bosques «muy fragmentada»
El bosque y las superficies arboladas cubren el 40 % de Europa, pero el Tratado de la UE no cuenta con ninguna disposición específica sobre política forestal.
Cada país regula las formas de ordenación de sus masas forestales, cediendo a instancias territoriales, como el caso de Galicia a la Xunta, las competencias exclusivas en materia de montes, aprovechamiento forestal, vías pecuarias y pastos.
Pero la diversidad normativa ha llevado a la Comisión Europa a reclamar de la Eurocámara la confección de un marco comunitario sobre la materia, al advertir la «existencia de un entorno político complejo y fragmentado» en lo que a la protección de los bosques se refiere. «Las amenazas al bosque no respetan las fronteras nacionales», indica la comisión, que pide un mejor aprovechamiento de las ayudas rurales.
Diez concellos ultiman su adhesión a los convenios autonómicos contra los incendios
Antes de que arranque el verano, diez ayuntamientos gallegos se sumarán a los convenios de prevención y extinción de incendios con los que la Xunta apoya la acción contra el fuego en 266 concellos de la comunidad. La Consellería do Medio Rural ha empezado a redactar los textos legales con los que quedarán ligadas nuevas Administraciones locales al plan de apoyo autonómico para hacer frente a una competencia que está atribuida a la Administración local cuando los incendios se registran en suelos urbanos o periurbanos.
Destaca el hecho de que dos concellos urbanos que hasta ahora no participaban de la línea de ayuda de la Xunta, como Vigo y Ferrol, se hayan adherido al sistema, pidiendo en el caso vigués brigadas y desbroce de diversas hectáreas de monte del municipio, solicitud esta última hecha también por el gobierno municipal ferrolano.
Concellos afectados por los incendios de octubre pasado como Baiona y Nigrán se suman también a la firma de convenios con la administración gallega, en ambos casos para solicitar ayuda humana en los trabajos de control de sus montes.
Ponteceso, O Incio, San Cristovo de Cea, Crecente, Dozón y Oia completan el listado de ayuntamientos que pasarán a formar parte de los convenios de prevención y extinción, que también aportan medios materiales para la lucha contra las llamas, como la cesión de motobombas.
Otras 17 entidades locales han pedido ampliar los acuerdos que mantenían con la Xunta: Oza-Cesuras, Cervantes, Mondoñedo, Navia de Suarna, Pedrafita, Pol, Baños de Molgas, Boborás, Coles, A Merca, A Peroxa, Porqueira, Sarreaus, Lalín, A Lama, Portas y la Mancomunidade do Ribeiro.