El Gobierno acelera el proceso en el momento menos propicio para el acuerdo, en lo que parece un plan para debilitar a Ciudadanos
23 abr 2018 . Actualizado a las 09:45 h.Después de meses de incomprensible indiferencia, y tras haber dejado que venciera el plazo del 31 de diciembre comprometido en la conferencia de presidentes autonómicos, al Gobierno le han entrado las prisas por negociar el nuevo modelo de financiación autonómica y convocará a finales del mes de mayo la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). A esa repentina urgencia se suman algunas de las comunidades socialistas, dispuestas a seguir la estrategia del Gobierno en su pretensión de acelerar el proceso. Lo sorprendente de este anuncio es que se produce en las que quizá sean las peores circunstancias posibles para tratar de llegar a un acuerdo.
De entrada, el Gobierno se encuentra inmerso en la batalla para aprobar los Presupuestos del 2018, que requieren el apoyo del PNV. Algo que sin duda interferirá en el intento de pactar la financiación autonómica, dado que, en caso de acuerdo, el País Vasco, que no está en el CPFF, se llevará un suculento premio económico que será visto como un agravio por el resto de comunidades. En segundo lugar, resulta inimaginable que se acabe pactando un nuevo modelo de financiación mientras Cataluña permanece sin Gobierno. Algo que implicaría que, por la vía del artículo 155, fuera Rajoy, o más bien el ministro Montoro, quien represente a la Generalitat en esa negociación, con el riesgo de que cuando se forme un nuevo Ejecutivo catalán se desmarque de lo pactado. Y a toda esta compleja problemática viene a sumarse también la situación de la Comunidad de Madrid, con una presidenta que en pocos días puede ser apartada del cargo por una moción de censura. Para alcanzar un acuerdo con el Gobierno no es lo mismo que Madrid sea representada en el CPFF por una presidenta del PP que por uno del PSOE apoyado (y condicionado) por Podemos.
Pero es que hay más. El hipotético acuerdo sobre la nueva financiación debería ser refrendado por mayoría en el Congreso. Y ahí entra en juego Ciudadanos, que ya advierte de que no aceptará cualquier cosa y que, dado que no gobierna ninguna comunidad, tratará de asumir protagonismo en el Congreso poniendo enmiendas y desmarcándose de lo acordado por PSOE y PP.
¿Alguna pega más para el acuerdo? Sí. En el propio Gobierno y en el PP existen discrepancias. La figura clave para la financiación, el ministro de Hacienda y de Función Pública, Cristóbal Montoro, parece ir por libre y se gusta como protagonista, sin importarle demasiado las urgencias políticas de Rajoy o de los presidentes del PP. Ahí está su empeño en torpedear la imputación de Puigdemont y de sus exconsejeros por malversación. Y presidentes como el gallego Alberto Núñez Feijoo ya advierten de que jugarán fuerte en la negociación, al margen de cuáles sean los intereses del Gobierno.
En medio de ese verdadero caos político, se antoja impensable que el modelo se vaya a reformar antes de acabar la legislatura. Y cabe preguntarse entonces si las prisas del Gobierno por abrir ahora ese melón son un deseo de alcanzar un trato, o más bien un truco del PP y del PSOE para asumir la iniciativa política arrebatándosela a Ciudadanos, disparado en las encuestas.