75 días de daño irreparable a la Justicia

La huelga avanza afectando ya a todos los ámbitos de la actividad judicial gallega


REDACCIÓN / La VOZ

La factura de la huelga indefinida que dio comienzo el pasado 7 de febrero es tan abultada que será muy difícil de saldar. Miles de juicios y trámites continúan paralizados por la iniciativa, que encara su día 75 con un comité descabezado tras conocerse el sábado la renuncia por «motivos personales» de su presidente, Manuel Tejada, que además forma parte de una de las centrales que firmaron el preacuerdo con la Xunta.

Tras la última ruptura de las negociaciones, que se produjo el pasado miércoles, los sindicatos piden a la administración que las retomen de nuevo desde el mismo punto en el que se dinamitaron. Para eso los siete que conforman el comité (SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC. OO.) enviaron el viernes una solicitud formal con el fin de que la mesa se convoque de manera «inmediata». Un comunicado en el que también expresaron su intención de reiniciar el diálogo para «chegar a un acordo». La gran incógnita ahora es saber cuáles son las intenciones de la Xunta, que a última hora de la tarde de ayer todavía no había dado respuesta a la solicitud. Su vicepresidente, Alfonso Rueda, hizo varios llamamientos a los sindicatos judiciales para que reflexionasen sobre su propuesta, que consistía en un aumento gradual en tres años de 135 euros para los gestores, 127 para los tramitadores y 122 para los auxiliares. El comité de huelga se instaló en los 140 euros lineales para cada cuerpo de funcionarios y el consenso saltó por los aires.

Absoluta parálisis

La situación provocada por la huelga judicial es inédita y muy grave. Aunque aún no sea posible hablar de datos exactos, las estimaciones apuntan a más de 15.000 juicios aplazados y, en algunos casos, incluso pospuestos para el año 2020 en un paro que, no obstante, está siendo irregular. Las instrucciones también están sufriendo la huelga, dado que solo prosperan las de los asuntos de mayor gravedad debido a que no se están realizando citaciones de testigos ni de peritos.

Pero no solo de juicios viven los juzgados. Todo tipo de trámites se encuentran afectados, dado que la Xunta ha tenido que dar instrucciones a los funcionarios de algunos registros civiles que estaban retrasando labores tales como la disposición de fes de vida para el cobro de pensiones, certificados de defunción o la documentación relativa a la celebración de matrimonios. La situación llegó a tal punto en este sentido, que la Xunta abrió investigaciones para determinar si se están cubriendo correctamente los servicios mínimos.

Los presos también se han visto perjudicados por los paros, y en las primeras semanas se produjeron incidencias relacionadas con la obtención de permisos temporales de salida y terceros grados. Lo mismo ocurre con los abogados y los procuradores, que después de los ciudadanos son los grandes afectados en el aspecto económico. Tanto es así que los colegios de A Coruña y Santiago están adelantando el pago del turno de oficio del primer trimestre, puesto que si la actividad judicial se paraliza, la de estos profesionales también.

No obstante, aunque finalizase el paro, no se podrían celebrar juicios con inmediatez. La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Vigo, Marisol López, declaró a La Voz que «aunque mañana terminase la huelga estaremos tres semanas sin celebrarlos porque aunque les dé nueva fecha en la agenda, los funcionarios deben hacer primero las citaciones y notificarlas a los interesados».

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