Las nuevas cámaras de vídeo contra los incendios cubrirán el 48 % del monte

La Xunta reforzará el operativo humano e incluye octubre en el período de alto riesgo


santiago / la voz

Las trágicas consecuencias de la ola incendiaria de octubre del año pasado han hecho reaccionar a la Xunta, que ha introducido cambios significativos en el nuevo plan contra los incendios forestales (Pladiga), que este miércoles se presentó al Consello Forestal y que no tardará en aprobar el Ejecutivo autonómico. Las novedades son importantes y entre ellas destaca la decidida apuesta por la tecnología con la adquisición de 34 cámaras de vídeo que, sumadas a las tres que ya estaban funcionando, ofrecerán imágenes en tiempo real de nada menos que el 48 % del monte gallego.

El nuevo sistema permitirá detectar fuegos con mayor rapidez y aumentar la información que se ofrece a los medios de extinción, y también servirá para detectar incendiarios. Las 37 cámaras estarán apoyadas por las 44 torres de control y por las cámaras que también llevarán instalados los medios aéreos que intervengan en los fuegos, que además de imágenes en tiempo real podrán enviar a los bomberos forestales fotografías georreferenciadas.

De las 34 nuevas cámaras, trece estarán en Ourense, ocho en Lugo, siete en A Coruña y seis en Pontevedra. Así, todos los distritos forestales de Galicia contarán con este nuevo dispositivo de videovigilancia. Su ubicación concreta es secreta, para evitar acciones contra ellas.

La otra gran novedad del nuevo Pladiga es la primera reorganización del operativo humano de los últimos años, ya que se prolongarán los contratos de los brigadistas del refuerzo de verano, que hasta ahora solo tenían garantizados tres meses de trabajo. Los sindicatos manejan ahora una oferta de la Xunta por la que estos 436 trabajadores pasarían este año a trabajar cuatro meses al año, cinco el año que viene y seis en el 2020.

El refuerzo en los medios humanos está justificado, ya que la Consellería do Medio Rural ha optado por incluir este año octubre en la temporada de alto riesgo de incendios, que empieza el 1 de julio. Además, se cubrirán todas las vacantes existentes en el operativo antes de que comience la campaña. En total, seguirá habiendo en el despliegue unas 5.700 personas directamente al mando de Medio Rural, pero llegarán a 7.000 sumando los efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el Ejército y los parques de bomberos.

Otra novedad que aún no está cerrada, pero que este miércoles avanzó el director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, es el convenio que se ha ofrecido a la federación gallega de municipios (Fegamp) para cofinanciar con los concellos la limpieza de las fajas secundarias, es decir, la franja de protección de 50 metros que debe haber alrededor de los núcleos habitados.  

Desbroces junto a las casas

Mantener esas franjas junto a las casas limpias de maleza y de árboles de combustión rápida como eucaliptos, pinos y acacias es esencial, porque en los últimos años han aumentado mucho los incendios que llegan cerca de viviendas y ponen en peligro a las personas. También mejora la seguridad del dispositivo de extinción y es una de las asignaturas pendientes de Galicia, que no consigue hacer cumplir la ley pese al incremento de las notificaciones y sanciones a los vecinos.

Desde el 2007, los propietarios de los terrenos tienen la obligación de limpiar esas franjas junto a las casas y, si no lo hacen, pueden hacerlo de forma subsidiaria los concellos y repercutirles los costes, algo que raramente hacen. El convenio con la Fegamp hará que la Xunta adelante ese dinero a los ayuntamientos, una medida que para Fernández-Couto implicará «un antes e un despois», porque marcará la línea a seguir durante los próximos años en lo que a la limpieza del monte se refiere.

Los informes achacan a incendiarios entre el 60 % y el 80 % de los fuegos

La alta actividad incendiaria, especialmente cuando las condiciones meteorológicas son adversas por altas temperaturas y fuertes vientos, están detrás de muchos de los fuegos que cada año azotan Galicia. Un informe reciente de la Fiscalía sitúa en un 61 % el número de incendios provocados, pero otros informes técnicos que maneja la Xunta elevan esta cifra hasta más del 80 %. Por ello, el Gobierno gallego insiste en señalar a los incendiarios y en buscar su reproche social. «Esta é unha actividade homicida», asegura Tomás Fernández-Couto, que añade que los causantes de fuegos «non son menos perigosos que un suicida pola autoestrada».

La Xunta niega que pretenda expropiar terrenos a las mancomunidades de montes

La Organización Galega de Comunidades de Montes ha convocado para este domingo una manifestación en Santiago contra el nuevo plan forestal que quiere aprobar la Xunta y que incluye la posibilidad de incorporar al Banco de Terras aquellas parcelas de propiedad comunal en grave estado de abandono, una medida que desde esta entidad ven como un ataque y que incluso han calificado de «expropiación».

El director xeral de Ordenación Forestal, Tomás Fernández-Couto, lo niega. «Isto será un procedemento administrativo regrado, non unha expropiación. A propiedade veciñal do monte está absolutamente consolidada e nós seguiremos apoiándoa e subvencionándoa», asegura, pero aclara que Galicia no se puede permitir que haya comunidades de montes, «algunhas que nin tan sequera se teñen constituído en vinte anos» -añade- que tengan abandonadas sus parcelas forestales.

La Xunta afirma que esta medida solo se aplicará a los montes comunales en grave estado de abandono y que, si son incorporados al Banco de Terras, podrán alquilarse por períodos de 50 años. Eso sí, la propiedad seguiría siendo de los comuneros, que serían incluso los perceptores de esas rentas.

Esta capacidad de gestionar los montes comunales abandonados es, para la Xunta, de vital importancia a la hora de luchar contra los incendios. No en vano de los dos millones de hectáreas forestales que hay en Galicia 850.000 son propiedad de estas mancomunidades, que son una figura propia y singular de Galicia y que tan solo están presentes, además, en algunas zonas de Castilla y León y de Asturias.

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