Portugal apuesta por incentivos fiscales para transformar el sector

Ha emprendido profundas reformas para evitar incendios devastadores como el de Pedrógão

El incendio de Pedrógão ocasionó la muerte de 64 personas en junio del año pasado
El incendio de Pedrógão ocasionó la muerte de 64 personas en junio del año pasado

redacción / la voz

El 35 % del suelo portugués es forestal. Pese a que está en regresión, el bosque ocupa en este país algo más de tres millones de hectáreas, según los datos del último inventario forestal elaborado por el Ministerio de Agricultura y publicado en el año 2013. En el 26 % de esa superficie crecen eucaliptos, y en el 23 % pino bravo, un porcentaje similar al que representa el alcornoque. El sector forestal genera en torno a 12.000 empleos y un valor añadido bruto superior a los 600 millones de euros. Los devastadores incendios de los últimos meses, que provocaron la muerte de 106 personas (64 de ellas en Pedrógão) y la desaparición bajo las llamas de decenas de miles de hectáreas de bosque han desembocado en una profunda reforma del sector impulsada desde el Gobierno.

Los incentivos fiscales son una de las medidas impulsadas. En una estructura forestal profundamente dependiente del sector privado, se plantean estímulos y exenciones fiscales para las llamadas entidades de gestión forestal (EGF), que deben integrar al menos 100 hectáreas. Se reduce la fiscalidad sobre los beneficios de la actividad forestal y se establece una reducción del 75 % en los gastos derivados de la inscripción de propiedades rústicas para la explotación forestal.

Otra de las acciones incluidas en este plan de choque para ordenar el monte y prevenir incendios es la creación de una empresa pública de desarrollo y gestión forestal. En relación con el sector público, los municipios tendrán un mayor poder de decisión sobre el uso del suelo.

En la discusión sobre el eucalipto, el Gobierno luso apuesta por poner trabas a la expansión de esta especie. No se prohíbe, pero cualquier plantación de estos árboles debe ser autorizada por las autoridades, que solo las permitirán como compensación de áreas anteriormente ocupadas por eucalipto y abandonadas, siempre que estas queden limpias y en condiciones de ser dedicadas a otra actividad agrícola o forestal.

La simplificación de la información catastral, la creación de un banco de tierras y la promoción de medidas de limpieza del monte y de los equipos de extinción de incendios son otras de las vías en las que trabaja el Gobierno.

37 concellos rechazan los convenios de prevención y extinción de incendios

xurxo melchor

La Xunta destina 11 millones al año a motobombas, rozas y brigadas municipales

Si algo ha cambiado de forma evidente en lo que se refiere a los incendios forestales que cada año arrasan Galicia es que cada vez con más frecuencia las llamas llegan a núcleos habitados, poniendo en peligro las viviendas e incrementando exponencialmente el riesgo de que haya víctimas humanas. De ahí que la Consellería do Medio Rural intente sumar a los concellos a la lucha contra el fuego, porque esta es una competencia municipal cuando está en suelos urbanos o periurbanos.

Para fomentar esta colaboración Xunta-concellos, el Gobierno gallego cuenta con un convenio de prevención y extinción de incendios en tres modalidades: adquisición de camiones motobomba, rozas de maleza para la limpieza de los terrenos que rodean núcleos habitados y contratación de brigadas. Actualmente, 267 municipios y cinco mancomunidades se han adherido a ellos, pero aún hay 37 que los rechazan. La mayoría de estos, además, están situados en la zona cero del fuego en Galicia, las provincias de Ourense (8) y Pontevedra (22). En A Coruña hay seis ayuntamientos sin convenio y en el polo opuesto está Lugo, con solo uno.

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