«O termina la huelga o dentro de un mes tendré que buscar otro trabajo»

Los procuradores ya viven situaciones límite tras más de dos meses sin ingresos

Concentración de funcionarios de A Coruña y Ferrol ante la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en A Coruña
Concentración de funcionarios de A Coruña y Ferrol ante la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en A Coruña

santiago / la voz

La huelga en la Justicia en Galicia camina hacia los dos meses y medio y los estados de ánimo de todo el engranaje empiezan a pasar factura. O más bien todo lo contrario, porque cobrar es precisamente lo que no pueden hacer, por ejemplo, los procuradores, que en estos dos meses y pico han pasado de la preocupación inicial a la irritación por el enquistamiento de las negociaciones entre los trabajadores y la Xunta: «Ahora ya estamos en una situación dramática». Así lo cree José Paz, que tiene un despacho en Santiago con una estructura de personal y unos gastos fijos sostenidos y que, como otros colegas, está empezando a depender de las reservas de fondos que cada uno haya podido ahorrar «para un mal momento, no para una huelga tan larga y terrorífica».

Javier Sánchez, decano en A Coruña, advierte que las consecuencias de esta situación se van a ir mucho más allá de estos dos meses de colapso, y pone el foco en el doble problema del colectivo, que antes de volver a ingresar honorarios tendrá que trabajar a destajo con plazos que vencen». Pero piensa también en «la angustia» de los justiciables. Por eso les pide a los sindicatos y a la Xunta «que se sienten y que no se levanten hasta que encuentren una solución».  

600 euros de gastos fijos

Los procuradores por cuenta propia tampoco están exentos de una situación crítica. En algunos casos tienen unos gastos fijos de 600 euros al mes, a lo que suman la frustración de hacer kilómetros de balde con el coche por sus respectivas provincias para comprobar en los juzgados cada mañana que todo sigue paralizado. A la procuradora compostelana Susana Sánchez Barreiro le han suspendido 50 juicios desde el 7 de febrero. Antes de esa fecha recibía medio centenar de notificaciones diarias, «y ahora cinco», dice sin disimular su enfado, porque cree que su colectivo no ha hecho todo lo posible por visibilizar una situación límite, en parte por las distintas sensibilidades que se mueven en la rueda de la Justicia. «¿Cómo le vamos a pedir a un cliente una provisión de fondos si no podemos garantizar que su denuncia, por ejemplo, ha sido admitida a trámite?», se pregunta. Tras dos meses sin ingresos, reconoce que aguanta en la brecha por profesionalidad y respeto a los clientes, pero tirando de los ingresos de su marido. «No me parece coherente, así que, si esto no termina, dentro un mes me tendré que buscar otro trabajo», lamenta.

La descarnada crónica de Susana Sánchez la ratifica Fernando González-Concheiro y, aunque el presidente del Consello Galego de Procuradores confirma que el colectivo está «muy, muy afectado», se aferra al optimismo que le ha trasladado el vicepresidente Rueda, que confía en que esta semana pueda verse más cerca la solución.  

Juicios a diez meses vista

Mientras, las consecuencias de la parálisis judicial empiezan a cuantificarse. Uno de los juicios más esperados y señalados en semanas pasadas era el de la operación Trucarro -que viene del año 2006- por la alteración del kilometraje en cientos de vehículos de segunda mano. La vista se aplazó en dos ocasiones por la huelga, y en las últimas horas las partes han empezado a recibir las notificaciones con el nuevo calendario, fijado ya para febrero del 2019. Otro caso que va a sufrir retrasos será el de Angrois. El juez que investiga el accidente del Alvia del año 2013 había planificado las comparecencias de técnicos estos días. Se trata de Antonio Puyol y Esther Mateo, que realizaron peritajes por encargo del ADIF.

La Xunta y los sindicatos tienen dificultades hasta para cerrar fechas de negociación

La situación de la huelga se ha deteriorado tanto en las últimas semanas que los sindicatos y la Xunta están teniendo problemas hasta para fijar un día, una hora y un lugar para una negociación que ambas partes están dispuestas a retomar tras 20 días sin ningún tipo de avance. Esas reticencias mutuas contrastan con las declaraciones públicas, que han recuperado cierto fuelle y animosidad, cada uno desde su trinchera. Así, el vicepresidente Rueda hizo especial hincapié en que esta semana «por fin» podría haber soluciones, aunque su discurso sobre el cumplimiento de la Xunta y sobre la responsabilidad que conlleva negociar con el dinero de los gallegos no ha cambiado. Al otro lado, los sindicatos también expresaron su voluntad de sentarse y negociar «hasta lograr una oferta suficiente».

Sobre este conflicto volvieron a pronunciarse los portavoces parlamentarios. Desde En Marea y el BNG siguen reprochando a Feijoo que no se ponga al frente de la situación; el PSdeG pidió que se apuren al máximo los tiempos; y los populares insisten en la defensa del interés general.

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