Villar Palasí, el ministro que reformó la educación española

La Ley General de Educación estuvo vigente hasta los noventa

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santiago / la voz

La universidad exigía a gritos un cambio. Lo exigía en la calle, en un conflicto sin precedentes. Al final, Manuel Lora Tamayo se vio desbordado. Y dimitió. Con las universidades todavía en pie de guerra -incluyendo la compostelana- asumió el Ministerio de Educación de los últimos estertores del franquismo un valenciano, José Luis Villar Palasí. El 18 de abril de 1968 accedió al cargo. En el siguiente Consejo de Ministros presentó una de las grandes reformas educativas de España. La que implantó la EGB y el BUP y que logró mantenerse vigente hasta 1990.

La Ley General de Educación, que se aprobó en 1970, venía precedida de un profundo análisis del sistema que fue capaz de poner el foco en los grandes errores que estaba cometiendo España. Reconocía que estaban coexistiendo dos sistemas educativos, uno para las clases acomodadas y otro diferente para las populares y que lo que debiera ser un promotor de la movilidad social a través de la meritocracia actuaba en realidad como un instrumento de estratificación social. Cada etapa educativa funcionaba en una total desconexión con la siguiente y los planes de estudios eran rígidos, uniformes y enciclopédicos. Tan solo había que mirar el sistema de reválidas para ver que se basaba en tragar para después escupir conocimientos. Y el primer corte se producía a los diez años.

Así que un grupo de tecnócratas se dedicó a diseñar un sistema educativo integral, que diera diferentes salidas al término de cada etapa, que fuese universal y que por primera vez contemplase el concepto de educación permanente. Habían nacido la EGB, el BUP y el COU, una estructura básica que permaneció vigente hasta que en los noventa se puso en marcha la actual, que amplía la educación obligatoria hasta los 16 años y la divide en dos niveles: la primaria y la educación secundaria obligatoria (ESO). 

Una ley posfranquista

«Foi unha lei franquista pero pensada para unha etapa posfranquista». Lo explica el catedrático de Pedagoxía de la USC Miguel Anxo Santos Rego. El gran defecto de la ley es haber sido promulgada por una dictadura. La gran virtud, cree el profesor, es que fue «proxectada para facer fronte a un cambio social, a unha sociedade con clase media, valores distintos, unha apertura e circunstancias totalmente diferentes ás anteriores leis».

Y estuvo en vigor durante veinte años. «Durou bastante porque foi promulgada nunha conxuntura política que permitía a súa duración», aclara Santos Rego. Porque la Transición suponía un reajuste de toda la vida política y social. Sin embargo, no fue la más longeva. Aspectos de la ley de 1857 estuvieron vigentes hasta los setenta.

El sistema que siempre daba opciones

Según el sistema de la que acabó conociéndose como ley Villar Palasí, todos los pequeños de entre 6 y 14 años debían estar obligatoriamente escolarizados en la conocida como etapa general, que luego se bifurcaba en la formación profesional de primer grado o el acceso a un bachillerato común de tres años y asignaturas optativas, el BUP. Después, se escogía entre un curso de orientación universitaria o la FP de segundo grado.

También la enseñanza superior fue reformada y la estructura general funcionó hasta la implantación del Plan Bolonia, cuando desaparecieron diplomaturas y licenciaturas. Había carreras de primer ciclo, con tres años de duración -las diplomaturas-, y de segundo ciclo, que duraban cinco años y con las que se obtenía el título de licenciado. El tercer ciclo era el doctorado.

No fue un camino de rosas. La ley se implantó de manera bastante precipitada, sin programas piloto ni ensayos previos y además los recursos necesarios para su puesta en marcha no llegaron. De hecho, ante la escasez de financiación, no se creó realmente un preescolar gratuito. No era una etapa obligatoria.

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