Las quejas al Valedor desde el medio rural se disparan e igualan ya a las de sanidad

Representan el 12 % del total del año pasado, y muchas son por la falta o fallos en distintos servicios


santiago / la voz

En unos casos son problemas vinculados con la propiedad vecinal de los montes, en otros casos tienen que ver con la escasa frecuencia del transporte público, la falta de pediatras en los centros de salud de las zonas rurales o, como denunciaron 1.100 personas en el municipio pontevedrés de Rodeiro, con los cortes del suministro eléctrico. Las quejas remitidas a la institución del Valedor do Pobo desde el medio rural se han disparado en el último año, igualando ya a las asociadas con la sanidad, que acostumbra a estar siempre en cabeza. Así se desprende de la memoria anual relativa al 2017 que la defensora de los gallegos, Milagros Otero, entregó ayer en el Parlamento, donde se constata que las reclamaciones del rural representan ya el 12 % del total (unas 3.500) cuando en el 2016 eran solo el 0,01 % del total.

Algo tiene que ver en este asombroso incremento el programa de visitas presenciales emprendido por la valedora do pobo a los 200 municipios gallegos con menos de 2.000 habitantes para dar a conocer la institución, y tomar nota de las necesidades específicas que tiene los ciudadanos que viven en las zonas más alejadas de las ciudades.

En relación con la actividad agropecuaria, la oficina del Valedor do Pobo intervino en 23 expedientes de queja, vinculados a asuntos como la falta de limpieza de fincas rústicas, el no cumplimiento de las medidas de prevención en materia de incendios, la tramitación de ayudas directas de la PAC, ocho de ellas tenían relación con las concentraciones parcelarias y dos más con los daños provocados por los lobos. En materia forestal se registraron 17 quejas más, muchas vinculadas a la falta de limpieza y a los incendios.

Constantes cortes de luz

A las anteriores hay que añadir centenares de reclamaciones que tiene que ver con las deficiencias de servicios públicos, entre los cuales Milagros Otero apuntó desde el transporte por carretera hasta la ausencia de personal en los puntos de atención continuada -«especialmente escaseza de pediatras», apuntó Otero en rueda de prensa-, pasando por la carencia de telefonía fija en algunos puntos, la falta de cobertura de telefonía móvil o la imposibilidad de acceder a Internet o los constantes cortes de luz cada vez que hay mal tiempo.

Del trazo grueso del informe anual presentado ayer por la valedora do pobo destaca que, durante el año pasado, se registraron 34.315 actuaciones de atención a la ciudadanía, de las cuales 29.365 dieron lugar a expedientes de queja. El número de situaciones problemáticas atendidas fue de 2.359, pues muchas de las quejas cursadas fueron colectivas y tienen que ver con campañas ciudadanas de protesta o reivindicación de derechos.

Es lo que ocurrió, por ejemplo, con los 13.017 ciudadanos que elevaron un expediente a la oficina de la alta comisionada del Parlamento para pedir una reforma de la Constitución Española, con el fin de blindar el sistema de pensiones o las 1.836 relacionadas con el desarrollo social, económico y natural de la Baixa Limia.

O lo que ocurrió también con las 4.253 personas que presentaron una queja a la valedora por los problemas asociados al sistema automático de petición de cita telefónica para ser atendido por el Servizo Galego de Saúde. Sobre este asunto, la defensora explicó que el nuevo modelo de petición de cita puede suponer una barrera importante para algunas personas mayores, discapacitadas o de movilidad reducida, que entienden que no debería sufrir un perjuicio en el acceso a las prestaciones sanitarias. Para ellos, la valedora ha entablado conversaciones con la Consellería de Sanidade al objetivo de que se encuentre una solución satisfactoria para este tipo de usuarios.

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