La DEA alerta a España del aumento de las descargas de cocaína colombiana en Galicia

La agencia estadounidense sitúa a los narcos gallegos como receptores de la mercancía en Europa


VIGO / LA VOZ

Dos avisos en los últimos ocho meses. El primero llegó el 5 junio del año pasado. Rodeado de la discreción necesaria y coincidiendo con un foro sobre narcotráfico en la Academia Galega de Seguridade (A Estrada), se sentaron las bases para hablar, escuchar y sacar conclusiones de provecho. Los profesionales convocados eran altos mandos especializados de la Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera, integrantes del Plan Nacional sobre Drogas o autoridades judiciales. Además de dos funcionarios en España de la agencia estadounidense para el control de estupefacientes dentro y fuera del país -Drug Enforcement Administration (DEA)-, que al inicio del encuentro, su ponencia Geopolítica internacional del tráfico de drogas, ya arrastraba el cartel de más esperada. El reporte que dejaron fue meridiano: las plantaciones de hoja de coca en Colombia se han descontrolado aun siendo ilegales. Solo desde septiembre del 2016, coincidiendo con la firma del tratado de paz tras 52 años de conflicto, las hectáreas destinadas a este cultivo pasaron de 96.000 a 146.000, afectando ya a 30 de las 33 provincias de la nación.

La consecuencia más inmediata se focalizó en los laboratorios que transforman la hoja de este arbusto en el ansiado polvo blanco, denominado clorhidrato de cocaína. Los carteles colombianos se crecieron aumentando su oferta a los contactos que tienen repartidos por el mundo, y en donde las organizaciones gallegas, en el contexto europeo, siguen siendo las mejor consideradas. La propia DEA, que colabora aportando información en tres de cada cuatro grandes alijos relacionados con Galicia, aseguró que el primer indicativo de lo que aún está por venir en España serían las cifras de decomisos del 2017. El análisis fue certero. En enero, el Ministerio del Interior las publicaba: 477.000 kilos de estupefacientes aprehendidos, de los que 30.980 eran de cocaína (un 104 % más que en el 2016). Solo en Galicia se requisaron 13.000.

En Madrid

La DEA lanzó el segundo aviso a las autoridades españolas a principios de febrero. Y lo hizo en un encuentro al más alto nivel organizado en Madrid por el Ministerio del Interior con motivo del 50 aniversario de la Brigada Central de Estupefacientes. El foro no podía ser más apropiado. Allí estaban nuevamente algunos de los altos mandos que ya tomaron nota en A Estrada, y otros de mayor rango de la Policía Nacional, Guardia Civil y Servicio de Vigilancia Aduanera. El diagnóstico norteamericano había empeorado. El acuerdo de paz en Colombia implicó la renuncia en bloque del Gobierno a numerosas zonas, la mayoría selváticas. Territorios que fueron primera línea del frente y ahora están en manos de paramilitares y campesinos, el eslabón más débil de esta lucrativa cadena. Otro problema es que las zonas cocaleras del país se han vuelto demasiado herméticas y de muy difícil acceso para infiltrar colaboradores que informen de lo que realmente se cuece en los sectores más aislados del país.

Los representantes de la DEA reconocieron abiertamente que muchos territorios dedicados a la plantación de hoja de coca no se fumigan desde hace tiempo. Antes sí, cuando todavía podían, en connivencia con el Gobierno colombiano, ejercer cierta presión en las regiones afectadas. Pero desde la concesión del suelo, los campesinos tienen carta blanca para cultivar el arbusto. Incluso hacen, junto a sus familias, de escudos humanos para evitar que las avionetas fumiguen. Prefieren correr el riesgo de perder alguna vida al sustento que les permite comer. Y es que ellos saben que los pilotos no pueden gasear los plantíos si hay personas. «Se meten en las plantaciones al oír la avioneta, incluso con sus familias. Saben que no los envenenarán y así protegen los cultivos», explica un testigo uniformado de ambos encuentros con la DEA parafraseando a un agente estadounidense.

Más presión

La intensa y duradera colaboración entre España -con Galicia especialmente- y la DEA hizo que ambos avisos no cayesen en saco roto. Policía Nacional, Guardia Civil y Vigilancia Aduanera saben que la presión por tierra, mar y aire tendrá que aumentar. Incluso están al tanto de que las organizaciones gallegas con capacidad para gestionar grandes cantidades de cocaína conocen de primera mano el excedente colombiano, y su intención pasa por seguir creciendo en este negocio tan lucrativo y nocivo como arriesgado. Por eso, la guerra fría entre buenos y malos no deja de crecer. La teoría más extendida para frenar la avalancha anunciada, a falta de que se abran nuevas rutas, es reforzar la vigilancia en las zonas calientes. Eso implica poner el foco con especial intensidad en los puertos de Marín, Vigo, Algeciras, Valencia o Barcelona para que no sean un colador de contenedores cargados de la fariña más cara del mundo.

Los puertos de Róterdam, Amberes o Hamburgo también se antojan prioritarios. Se trata de emplazamientos a los que, ya está demostrado por numerosas investigaciones policiales o fallos judiciales, los narcos gallegos llegan sin mayor esfuerzo gracias a una amplia red de personas sobornadas a sus órdenes para sacar la mercancía de las zonas portuarias y repartir por el Viejo Continente la mercancía que importan desde la selva andina. Ya en Galicia, las posibilidades se multiplican. Cualquier tramo de la costa, por el detallado conocimiento que estas organizaciones oriundas tienen de la geografía, sirve para introducir la droga, sobre todo en la Costa da Morte, siendo los tramos de litoral de Muxía y Carnota los más recurrentes.

Los narcotransportistas saben que los grupos policiales dedicados a la lucha contra el narcotráfico tienen sus bases a una distancia considerable de la Costa da Morte. Por ejemplo, el Greco (Policía Nacional) y el ECO (Guardia Civil) están a una hora y media en coche, como mínimo, lo que dificulta, y mucho, la acción policial. Lo más cercano sería la Udyco o el EDOA de A Coruña (Policía Nacional y Guardia Civil, respectivamente), pero no cuentan con medios humanos ni técnicos necesarios para frenar el narcotransporte. A finales del 2017, en Galicia, se elevaban a cuatro las organizaciones de narcotraficantes con capacidad para asociarse con los carteles colombianos y recibir toda la sobreproducción de clorhidrato de cocaína que cocinan en sus selvas. La última en caer, considerada por la Policía Nacional una de las más importantes en la escena internacional, se desmontó en febrero y estaba liderada, presuntamente, por José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco. Fue el enésimo ejemplo de que las Rías Baixas siguen siendo un escenario relevante en el tablero internacional del narcotráfico.

El precio del kilo de la coca se desploma en Galicia

El excedente gestionado desde las Rías Baixas sitúa el valor de 1.000 gramos por debajo de los 30.000 euros

J. ROMERO

El parqué bursátil del narcotráfico internacional se pisa en Colombia. Allí se fijan los aranceles del mercado de la misma forma que los receptores de la mercancía, en cada continente o nación, imponen las normas que más les interesan en su zona de influencia. Un alto mando de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) lo resume de forma gráfica: «Funcionan como un negocio legal a nivel de distribución. Los de arriba son mayoristas y hasta que llegan al minorista se van bajando escalones. Incluso tienen las mismas relaciones que una empresa legal con sus empleados y mueven la droga como si fuera legal, las diferencias son mínimas».

Los encargados en Galicia de importar los alijos y gestionar la parte del perico que se queda aquí y no llega posteriormente a España o Europa, especulan a su antojo en función de la casuística que atraviesa el mercado en cada momento. En las Rías Baixas, actualmente, hay excedente de mercancía, lo que genera siempre la depreciación del valor habitual del producto, que cuando se negocia en grandes cantidades utiliza el kilo como medida de referencia.

El precio de cada kilo oscila entre los 26.000 y los 32.000 euros (en Madrid puede alcanzar los 45.000). En Galicia, ahora, está por debajo de los 30.000, lo que evidencia que existen remesas ya listas para llegar a la calle. De ahí la necesidad de agotar la coca que ya circula y dar entrada a la última descargada y la almacenada, lo que supone siempre un riesgo por la presión policial. ¿Pero qué otros factores provocan que fluctúen los valores de este negocio clandestino que llega a los cinco continentes? La calidad de la droga siempre resulta determinante. Hay compradores dispuestos a pagar menos a sabiendas de que la mercancía adquirida fue adulterada. Resulta evidente que no es lo mismo pagar un kilo de este alcaloide con un 70 % de pureza, que con un 30 %. En Vigilancia Aduanera revelan que la mayoría de los alijos de coca incautados tienen al menos un 90 %, pero las dosis que se decomisan en la calle a los consumidores varían, en la mayoría de los casos, entre un 30 % y un 35 %.

Adulterar el veneno

«Los narcos gallegos no son dueños de los alijos, cobran con dinero o coca por el transporte, incluso ambas cosas, que es lo más común. Lo que descubrimos con el tiempo es que esa droga que descargaron en Galicia y procedía de Sudamérica tenía una pureza elevadísima, pero la que se queda en Galicia y se vende en la calle está cortada hasta en tres ocasiones. Es decir, estos individuos hace de cada kilo, tres. Por lo que las ganancias, por sí solas jugosas, se triplican», explica un aduanero.

Lo que no varía desde hace años es el valor de la sustancia en la calle. Los consumidores siguen comprándola por gramos, incluso medio gramo. El precio de uno entero va de los 50 a los 60 euros, mientras que el medio suele fijarse en 30, aunque también puede bajar a los 25. Esta variación responde en muchos casos a la calidad del producto, ya que el camello es el que mejor sabe hasta que punto adulteró un producto por sí solo venenoso.

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