Consideran que no tiene cabida en la regulación actual del partido y que no ofrece garantías a la diputada
06 abr 2018 . Actualizado a las 13:20 h.La consulta para que las bases de En Marea decidan sobre la continuidad de Paula Quinteiro en el grupo amenaza con prolongar y endurecer el pulso que mantiene el portavoz Luís Villares con sus detractores, entre los que están Esquerda Unida, Podemos y el grueso de Anova. Es decir, la gran mayoría de sus diputados. Miembros de En Marea intentan frenar este proceso de consulta con el argumento de que no tiene cabida reglamentaria, tal y como están redactados los documentos que alumbraron la creación del llamado partido instrumental.
Villares, que ayer guardó silencio sobre este caso y se remitió a lo ya comentado el lunes, es partidario de que, si Paula Quinteiro no dimite después del incidente con la policía de Santiago en el que se vio envuelta y en el que llegó a esgrimir su identificación de diputada, sean las bases de En Marea las que decidan en una consulta telemática organizada por el consello das mareas, un órgano de carácter ejecutivo. Sin embargo, los estatutos dicen otra cosa, y a eso se agarran los detractores de Villares. Concretamente, lo que el reglamento establece es el procedimiento de revocación de un cargo, que puede ser apartado en caso de incumplimiento grave o reiterado del código ético. Nada tiene que ver esto con la consulta que propone la dirección, controlada por afines a Villares, porque los documentos establecen que la decisión de apartar a alguien debe ser adoptada por el plenario, es decir, por la asamblea. Para ello debe contar al menos con el 60 % de los votos emitidos, siempre que participen el 50 % de los inscritos en el momento de iniciarse el proceso.
El marco estatutario del partido va más allá para ver qué hacer en estos casos. «Para que sexa convocado un plenario con tal obxecto, deberá ser solicitado por un grupo, como mínimo do 25 % do censo: realizada a proposta, a comisión de garantías elaborará un informe mediante a designación de tres persoas da mesma comisión que deberán, necesariamente, escoitar á persoa afectada e decidir sobre a práctica de dilixencias».
De aprobarse esta decisión al final del proceso, la persona afectada debería dejar su puesto y, de negarse, tendría que abandonar el grupo parlamentario y mantener su acta en el mixto. Preguntado ayer sobre cuál es el encaje reglamentario de la consulta que propone, Villares declinó hacer valoraciones. Pero miembros de En Marea lo tienen claro: una consulta en los términos que se proponen no ofrece ninguna garantía ni protección a la afectada.
Con la excepción de Paula Verao y de Davide Rodríguez, partidarios al igual que Villares de que Paula Quinteiro dimita, el resto de los diputados abogan por que se quede. Esquerda Unida, Podemos y Anova entienden que la apertura de una consulta sobre la continuidad de Quinteiro sin amparo reglamentario solo contribuye a alimentar la crisis y a agrandar la brecha.
Los alcaldes de las mareas consideran también que la vía de una consulta es un mal escenario. La apuesta personal de Villares por la celebración de una consulta, según los regidores, no hace sino alimentar y perpetuar una crisis que debería haber quedado zanjada hace ya mucho.
También Feijoo se refirió ayer a esta polémica. Al término del Consello de la Xunta se mostró convencido de que, si esto le hubiese sucedido a un diputado del PP, ya le habrían pedido que dimitiera. «Non entendemos como funciona ese partido nin quen toma as decisións», dijo.