El tramo de Redondela, en cambio, se liberará subiendo las tarifas a todos los usuarios
06 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Fomento reserva en el proyecto de Presupuestos para este año 44,89 millones de euros para abonar a las concesionarias de autopistas las exenciones y rebajas de peajes y las bonificaciones para transportistas que se implementaron en distintos puntos de España. Entre ellos está la supresión de los peajes de la AP-9 de Rande y A Barcala, que ahora Fomento asume en solitario al llegar a un acuerdo con la Xunta para liberarla del pago de la mitad de esta cantidad en plena reclamación de la titularidad de la autopista del Atlántico.
En las cuentas del Estado que el ministro Montoro presentó el martes se refleja este desembolso que, en lugar de ser algo más de 13 millones de euros -la suma de lo que hasta hace poco pagaba el Gobierno central y la Xunta-, son solo 6,4. Esto se debe a que Fomento revisó los potenciales ingresos por estos peajes y llegó a la conclusión de que Audasa había disfrutado «de un cierto enriquecimiento injusto», de ahí que redujera a la mitad la compensación. El ministerio no tiene ninguna intención de destinar este ahorro al tramo Redondela-Vigo, y sigue con los trámites para aplicar la gratuidad en este itinerario con una nueva subida de los peajes que abonarán todos los usuarios de la autopista.
Para este año no se plantea ningún tramo bonificable para camiones en Galicia En cualquier caso, la de Rande y A Barcala es una de las partidas más gravosas de todas las que tiene que desembolsar Fomento en distintas autopistas de peaje del país. Tan solo la AP-68 entre Bilbao-Zaragoza cuenta con una serie de bonificaciones que, sumadas, suponen un gasto de 8,9 millones de euros, que se reparten en tres exenciones de peaje y dos descuentos. Les sigue la autopista asturleonesa, con 5,6 millones; el tramo de la AP-2 entre Alfajarín y Fraga (2,6 millones); y la AP-7 por las reducciones para camiones en Gerona (1,8 millones). En estas partidas también están incluidas las compensaciones a la concesionaria de la autopista Madrid-Toledo a las que está obligado Fomento por una sentencia del Supremo, y que suponen 3,2 millones. También hay una cifra modesta (180.000 euros) para paliar la pérdida de ingresos de la AG-55 por los vehículos que utilizan el acceso al puerto exterior de A Coruña.
En sus programas presupuestarios, Fomento parece dispuesto a extender las bonificaciones para camiones a otras autopistas de La Rioja y Aragón con el objetivo de aliviar las carreteras convencionales, adoptando medidas sobre la estructura tarifaria siempre con la premisa del bajo coste.
Por el momento, al menos en estos Presupuestos, Fomento no tiene entre sus planes actuar sobre las tarifas de las autopistas gallegas de su competencia para fomentar su uso por parte de los transportistas. Esta experiencia se limitó a un plan piloto para desviar a la AP-9 camiones que circulaban por la A-55, una de las autovías con mayor siniestralidad de España. El factor de mejora de la seguridad vial suele ser uno de los criterios más relevantes a la hora de optar por estos descuentos. Los que se llevan a cabo en la AP-7, por ejemplo, se establecieron de forma temporal hasta que se desdoble la N-II.
La patronal teme que se liberen autopistas con el fin de las concesiones
El Gobierno aún no ha aclarado qué concesiones de autopistas de las que van a caducar próximamente serán privatizadas de nuevo y cuáles quedarían libres de peaje. La patronal del sector (Seopán), en cambio, lo tiene claro: liberarlas todas supondría un coste de 450 millones anuales para las arcas públicas. El próximo 30 de noviembre será el turno de la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Alava) y las empresas quieren que se siga cobrando peaje. En cualquier caso, es un debate que no afecta a la AP-9: la concesión expira en el 2048.