La Xunta toma medidas disciplinarias por la desatención en registros civiles
GALICIA
Investiga una veintena de casos de incumplimiento de servicios mínimos promovidos por quejas ciudadanas
06 abr 2018 . Actualizado a las 14:21 h.La prolongación de la huelga indefinida ha obligado a la Xunta a dar un paso más en su intento por mantener a flote el sistema judicial gallego, al menos en lo que se refiere a la atención al público de trámites vitales o urgentes en los registros civiles de los juzgados. Al preceptivo decreto de servicios mínimos inicial le ha seguido un reciente recordatorio que ha calado entre los ciudadanos, que han comenzado a remitir quejas a la Administración que van a derivar en expedientes disciplinarios una vez que finalice el conflicto.
La Consellería de Xustiza investiga algo más de una veintena de casos en los que los empleados públicos se han saltado la atención al público para gestiones determinantes en el ámbito familiar, como la obtención de una fe de vida o certificados de fallecimiento, que están impidiendo realizar papeleos fundamentales para, por ejemplo, percibir una pensión de viudedad o gestionar el cobro de ayudas por incapacidades, entre la amplia casuística que se da a diario en los juzgados.
La Xunta y los propios sindicatos son incapaces de calcular el número de afectados que hay en los registros civiles, aunque las centrales admiten que esas «quejas» existen. Con todo, el problema no es generalizado, ya que se está focalizando en la provincia de Pontevedra, que es la que mantiene el seguimiento más alto de la huelga, y en concreto en las sedes de Cambados, Cangas y Vigo.
Semanas para recuperarse
Precisamente la ciudad olívica es la que vive con más intensidad la huelga, y ayer mismo los sindicatos fueron a realizar una pitada a los secretarios judiciales durante una reunión que estos mantuvieron con su coordinador provincial, según informe E. V. Pita, aunque los empleados públicos niegan que hubiese tal incidente y que solo entraron en la sala a pedir información a los letrados judiciales. Además, un centenar de funcionarios de Vigo van a subirse hoy al barco de Cangas para cruzar la ría y trasladar las protestas hasta los tribunales de O Morrazo.
En la Xunta son conscientes de que el conflicto no va a avanzar esta semana, ya que hay convocada una manifestación para el sábado. Pese a todo, mañana los representantes de la Xunta acudirán a la reunión con el Consello da Avogacía para explicarles la situación después de que los sindicatos hayan solicitado la mediación de este organismo. El vicepresidente, Alfonso Rueda, que ayer estuvo en Madrid, reiteró a los representantes de las centrales sindicales que lo que necesitan es «reflexionar» sobre la última oferta económica y laboral que les hizo la Xunta.
Los sindicatos, que esperan una llamada desde San Caetano que no se va a producir, aseguran que sí han analizado la propuesta del «mentiroso» Rueda, calificativo que sostiene Manuel Díaz (UGT) por el hecho de que el vicepresidente de la Xunta esté deslizando a la opinión pública que la oferta del Gobierno gallego cumple el mandato del Parlamento y se mueve en unas cifras (el 14 %) que en realidad se construyen de acuerdo con subidas salariales de los funcionarios comprometidas por Madrid. Los números resumidos del sindicalista son sencillos: los empleados públicos de la Justicia se han dejado en estos 57 días naturales de la huelga entre 3,5 y 4 millones de euros, mientras que la oferta de la Xunta no alcanza, según sus cálculos, el millón de euros, y tampoco llega a los niveles salariales medios exigidos para este año y para el siguiente.
Ahora, jueces y fiscales
El problema, lejos de arreglarse, se complica con nuevas reivindicaciones sectoriales que llegan de fuera de Galicia. Jueces y fiscales inician hoy, en el marco de una protesta impulsada por ambos colectivos a nivel estatal, una serie de movilizaciones para reivindicar mejoras laborales, al tiempo que unos 200 sindicalistas volvieron a concentrarse frente al Ministerio de Justicia para exigir su equiparación con las comunidades.
Un sindicalista de UGT y miembro del comité de huelga asegura que él no le pasó ninguna dieta a la Xunta
Manuel Díaz Mato, delegado sindical de UGT Xustiza y miembro del comité de huelga ha enviado un escrito de rectificación a la información publicada sobre el cobro de dietas de los sindicatos de Justicia. En relación al subtítulo «Diez miembros del comité de huelga se repartieron 2.730 euros desde octubre», Díaz Mato afirma que «los miembros del comité de huelga somos 7, por lo que no es correcto decir 10 miembros, puesto que eso resulta imposible». Añade que los delegados sindicales y miembros del comité de huelga «no se repartieron nada, sino que solicitaron dietas por desplazamientos y manutención». Explica que repartir significa «distribuir algo dividiéndolo en partes. Es evidente que los miembros del comité de huelga no han distribuido nada, y mucho menos lo han dividido en partes».
Al primer párrafo de la noticia que dice «los sindicalistas que forman parte del comité que organiza la huelga en la Justicia en Galicia están pasándole a la Xunta dietas con los gastos que les suponen los desplazamientos a las distintas reuniones que están manteniendo», Díaz señala que «los miembros del comité de huelga somos 7. El miembro del comité de huelga por UGT es quien suscribe, y yo no he pasado ninguna dieta a la Xunta de Galicia». Afirma que por ser delegado sindical por UGT y por su actividad como miembro del comité de huelga, es una persona sobradamente conocida y «al incluirme de forma indirecta, pero no por ello menos obvia, entre los solicitantes de las dietas, se me ha perjudicado gravemente, puesto que al vivir en los alrededores de Santiago no se explica que yo pase dietas ni por esta ni por ninguna otra reunión. Por lo que me he visto gravemente afectado en mi vida personal y profesional».
Dice también que «el delegado sindical de UGT, Manuel González Carvajal, presentó solamente dos dietas, en concreto las relativas a los días 19 y 20 de febrero», y no antes del día 7, «y mucho menos desde octubre». El miembro del comité de huelga señala además que «no hay ninguna factura de hotel y ningún sindicalista pasó facturas de hotel».