La Guardia Civil atribuye a Turull la malversación de 1,4 millones por el 1-O
GALICIA
También aparece como consejero responsable de la adjudicación del contrato para la distribución de papeletas
23 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El juez Pablo Llarena decidirá hoy sobre la suerte de Jordi Turull con un nuevo informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil sobre la mesa. En él se sitúa a Jordi Turull, entonces consejero de la Presidencia, en el epicentro de la malversación de fondos públicos de la Generalitat para financiar el procés. Los documentos del instituto armado, además, destacan su papel «extraordinariamente relevante» en la intentona independentista del pasado otoño.
El informe de la Guardia Civil, fechado el pasado 28 de febrero, responsabiliza a Turull de la malversación de 1,4 millones de los 1,6 que el Gobierno de Carles Puigdemont se gastó, de acuerdo con los últimos cálculos de los investigadores, en la preparación, promoción y celebración del referendo ilegal del 1-O. Los investigadores vinculan a Turull con tres de las cuatro partidas supuestamente malversadas durante la consulta: campaña en el extranjero, publicidad y distribución de papeletas. El candidato a la presidencia del Gobierno catalán solo no aparece en el capítulo dedicado al pago de los supuestos observadores internacionales.
Las partidas
La primera partida, la campaña para registrar a los catalanes que viven en el extranjero, costó 224.835 euros. Según la Guardia Civil, el objetivo era «la creación de un censo electoral de residentes fuera de España». Turull y su secretario general en la Consejería de la Presidencia, Joaquim Nin, fueron los que dieron luz verde a ese proyecto. El segundo desembolso fue de 277.804 euros para la campaña de promoción del referendo, que se emitió en la Corporación Catalana de Medios. Los informes señalan a Turull como último responsable de este gasto, que podía haber sido mucho mayor. Los correos electrónicos interceptados entre el hoy candidato y el exvicepresidente Oriol Junqueras revelan que el primero pidió al segundo que liberara 3,4 millones para una «campaña de contenido cívico», eufemismo para promocionar el referendo.
Turull también aparece como uno de los cinco consejeros responsables de adjudicar a la empresa Unipost un contrato por 979.661 euros para la distribución de papeletas y envíos censales.