La huelga afecta ya a casi 10.000 juicios y trámites, que serán un lastre añadido a la crónica lentitud del sistema
22 mar 2018 . Actualizado a las 07:16 h.La huelga de la Justicia en Galicia iniciada el 7 de febrero ha puesto patas arriba un sistema que ya vivía lastrado por sus retrasos crónicos.
casos paralizados
Baile de cifras. Las partes enfrentadas, Xunta y sindicatos, han utilizado las cifras en las últimas semanas para sumar a su causa y restar en la del contrario. Incluso zanjándose el conflicto en las próximas horas, se tardará meses en conocer el verdadero alcance del paro indefinido. Los sindicatos hablan de unos 600 juicios diarios afectados en las sedes judiciales de toda Galicia, y en la sexta semana se iría ya por los 18.000. La Xunta, que ha admitido en todo momento el fuerte impacto de la huelga a pesar de discrepar en los números de la participación, rebaja esa cifra a la mitad. Las centrales aseguran que, de una u otra forma, se han visto afectadas un 90 % de las vistas programadas.
CIUDADANOS AFECTADOS
Trámites del día a día. Los juicios, con un retraso importante o simplemente intolerable, se celebrarán antes o después, y la actividad económica del sector volverá a la normalidad. Más difícil será resarcir a los ciudadanos que se están viendo afectados por una huelga cuyo diseño de los servicios mínimos no ha impedido que se acumulen las dificultades en los registros civiles. Los trámites de certificados de defunción, fes de vida o inscripciones de menores están prácticamente suspendidos, lo que no impide el trasiego habitual de individuos y familias que suman un problema más al que probablemente llevan entre manos. Los sindicatos aseguran que los trabajadores están atendiendo aquellos casos que se puedan ver afectados por la expiración de un plazo. La paralización de los certificados de defunción sin expedir bloquea trámites fundamentales para las familias.
Los trabajadores
Tres millones de pérdidas. Los sindicatos implicados en la huelga gallega -SPJ-USO, Alternativas na Xustiza-CUT, UGT, STAJ, CSIF, CIG y CC. OO.- calculan que los trabajadores públicos han perdido con la huelga unos tres millones de euros, un extremo que la Xunta podrá matizar al cerrar las nóminas de marzo. Según las centrales, en algunos casos la mengua salarial dejará un agujero de hasta dos mil euros, de ahí que haya cobrado especial importancia la última cláusula incorporada por el Gobierno gallego para tratar de zanjar el conflicto, que consiste en acordar con las autoridades judiciales un plan de trabajo para recuperar tareas perdidas que se pagarían como horas extra. Cada jornada perdida equivaldría a unos 70 euros menos en la nómina, según el cargo.
UNA SUBIDA VARIABLE
Los números cambian. Las tablas salariales de las diferentes comunidades autónomas han sido clave en el conflicto. Hasta bien avanzada la huelga no hubo unanimidad sobre la objetividad de los datos que usaba la Xunta, ya que varias comunidades no tienen transferidas las competencias y, por lo tanto, no tienen complemento autonómico. Pero paralelamente a las tensiones en Galicia también está habiendo agitación en Madrid. Esos movimientos podrían tener incidencia porque el Gobierno gallego se ha comprometido a garantizar siempre que su oferta estará «en la media más uno». Esto es, si Andalucía, Cataluña u otras comunidades acuerdan subidas, los funcionarios gallegos tendrían su ajuste, siempre a favor.
PROTESTAS EN MADRID
Presión a Catalá. Los cambios en las tablas salariales son más probables de lo que pudiera intuirse hace solo un mes. Ayer, más de doscientos funcionarios se concentraron ante la Audiencia Nacional para exigir al ministro de Justicia, Rafael Catalá, una negociación «seria, sincera y comprometida» que pase por la equiparación salarial con las comunidades con las competencias transferidas. Convocados por los sindicatos, los concentrados han cargado contra el titular de Justicia, a quien responsabilizan de la brecha salarial entre los funcionarios, y lo acusan de evitar la negociación colectiva con los trabajadores. «Catalá, escucha, Justicia está en la lucha» y «Catalá, convoca ya o lo vas a lamentar» han sido algunas de las consignas que han coreado los asistentes ante la sede central de la Audiencia. En unas declaraciones a los medios recogidas por Efe, los funcionarios que dependen de la gestión del Ministerio aseguraron que perciben unos 500 euros menos que aquellos que trabajan en comunidades autónomas con competencias transferidas. Y ninguno de ellos ha descartado ya no solo convocar una huelga general en la Justicia, sino tampoco sumarse a la huelga de jueces y fiscales prevista para el 22 de mayo en caso de que el Ministerio no se siente a negociar.