Crecen los casos de racismo pese a las reticencias de las víctimas a denunciar

El año pasado se detectaron 70 episodios en Galicia, frente a los 21 contabilizados en el 2016

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redacción / la voz

«Si fuera por mí, no habría ninguno como tú en España». Cuando oyó esa frase, tú estaba disfrutando con su mujer y su hija de una mañana soleada en un parque coruñés. Tú es un hombre de origen uruguayo que no se atrevió a presentar denuncia por temor a que el individuo que pronunció esas palabras se encontrase otro día a solas con su esposa y su pequeña. Pero tú no es un solo tú. «Negra de mierda, vete a tu país», escuchaba cada día una mujer senegalesa cuando bajaba las escaleras de su edificio. Consultó, pero no denunció a su vecino por miedo a represalias hacia ella o a sus niños. A un compatriota suyo agredido en Vilagarcía le fue denegada en primera instancia la Justicia gratuita, aunque tras un recurso sí pudo tenerla. A una mujer brasileña y a su marido les impidieron la entrada en un local de ocio. Un hombre de origen hispanoamericano tuvo problemas para alquilar una vivienda en Ourense. Son solo algunos de los casos recogidos en el informe anual 2017 elaborado por Sos Racismo, y reflejan el día a día de muchos de los 87.189 extranjeros que viven en Galicia. El racismo sigue existiendo pese a que el número de personas de otros países que se han instalado en la comunidad se multiplicó por cuatro en los últimos 20 años y supera ya el 3 % de la población gallega.

El racismo no solo sigue existiendo, sino que se agrava. El Ministerio del Interior comenzó a elaborar informes anuales sobre delitos de odio -penados con entre uno y cuatro años de prisión- en el año 2013. En aquel primer documento se recogían para Galicia 67 casos englobados en esa tipología, de los cuales siete estaban relacionados con el racismo. Un año después, en el 2014, el ministerio documentó cuatro casos de racismo entre los 62 delitos de odio que se habían denunciado en Galicia. En el 2015 fueron once de 64, y en el 2016, 21 de 60. Dos conclusiones a partir de estos datos. La primera, que al menos uno de cada tres delitos de odio -en los que se incluyen, además de la discriminación por raza, el antisemitismo, la aporofobia (rechazo a los pobres), la discriminación por creencias religiosas, por discapacidad, por la orientación sexual, por ideología o por sexo- tienen como causa el racismo. La segunda, que los casos han aumentado. Y lo siguen haciendo. A expensas del balance de Interior, Sos Racismo presenta esta tarde su informe anual, en el que eleva a 70 las incidencias de carácter racista detectadas el año pasado en Galicia.

Pero ni aquellos 21 ni estos 70 episodios reflejan todos los casos de racismo que se producen en Galicia. La mayoría de las víctimas viven esos ataques xenófobos en la intimidad y no llegan a hacerlos públicos, y mucho menos a denunciarlos. Las asociaciones aseguran que un 80 % de los casos permanecen ocultos. Una encuesta realizada por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea entre 23.500 personas inmigrantes y de minorías étnicas revelaba que el 12 % de las personas entrevistadas habían sufrido un ataque en el año previo y el 82 % de ellas no habían denunciado.

Uno de cada tres delitos de odio en Galicia tienen que ver con actitudes xenófobas Las razones que retraen a las víctimas a la hora de denunciar son muy variadas. Lo explica Sos Racismo en su informe. «En muchos casos la discriminación forma parte de la vida cotidiana de las víctimas y llega hasta el punto de que la normalizan y la toman como algo natural en sus vidas». Otras personas creen que la policía no tomará medidas. Algunas ni siquiera tienen permiso de residencia y callan por temor a que las expulsen del país. El miedo a represalias contra sus familias es otro de los motivos que alejan a las víctimas de una comisaría, igual que lo son la exclusión social y el desconocimiento de las leyes. «Ás veces algunhas persoas tamén teñen a idea de que encima de estar aquí non van denunciar, porque o que teñen que estar é agradecidos do que teñen», dice Zorahaida Casales, de Sos Racismo Galicia.

La situación se ha acentuado con la crisis. Lo constatan las oenegés que trabajan con inmigrantes. «Siempre hay una parte de la población que es reticente de por sí a la llegada de extranjeros, pero con la crisis empeoró, porque cala más el discurso de que vienen a quitarnos lo nuestro», explica Patricia Ares, de la asociación Viraventos. Las dificultades económicas alientan las actitudes racistas, pero también determinados acontecimientos contribuyen a ello: «É un mal momento, porque despois desta semana tan convulsa houbo como un rexurdimento do racismo. Ata agora parecía que había un avance, pero os casos do neno Gabriel [su asesina confesa es de nacionalidad dominicana] ou os incidentes de Lavapiés fixeron que se volvesen ver discursos incongruentes para o século XXI», lamenta Zorahaida Casales.

La discriminación institucional también existe

En el parque, en el colegio, en la tienda de la esquina o en las grandes superficies, en los campos de fútbol o en las aulas universitarias. El racismo puede asomar en cualquier parte. Incluso en los despachos administrativos. Según el Informe anual 2017 sobre el racismo en el Estado español, elaborado por Sos Racismo, el primer tipo de discriminación fue la institucional: 82 de los 309 casos detectados en toda España se referían a actuaciones realizadas por las Administraciones.

El racismo institucional puede adquirir múltiples fórmulas: puede ser un funcionario que pone pegas a un inmigrante que va a arreglar unos papeles o que lo maltrata verbalmente. Pueden ser también determinadas normas que limitan los derechos de las personas según su lugar de nacimiento o su raza. O pueden ser los propios representantes políticos quienes en sus intervenciones utilicen argumentos xenófobos o poco respetuosos con los inmigrantes.

Los conflictos y agresiones racistas protagonizaron 51 de los episodios de discriminación racial detectados; a los cuerpos de seguridad se atribuyeron 46; a conflictos laborales, 40, los mismos que a la denegación de acceso a servicios o prestaciones privados. La negativa a permitir acceder a servicios públicos fue origen de 39 casos. Y a acciones de extrema derecha y del discurso del odio se achacaron 11 casos en España.

La víctima de una agresión racista puede ser cualquiera, pero las estadísticas reflejan que quienes más sufren este tipo de actitudes son los inmigrantes que provienen, por este orden, de Marruecos, Rumanía y Senegal.

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