Era fácil intuir que la proposición no iba a colmar las expectativas sindicales, pero esta vez escucharon algo novedoso: la posibilidad de alcanzar un acuerdo por escrito por el cual la Xunta se compromete a mantener el nivel salarial de estos trabajadores con respecto al resto de las comunidades autónomas, de forma que Galicia nunca perdería posiciones relativas en comparación con otras Administraciones, tengan transferidas o no las competencias en materia de Justicia.
En el grupo de cabeza
Con la última oferta, el complemento autonómico quedaría fijado entre los 550 y los 579 euros y, dependiendo de la categoría profesional, solo habría cuatro o cinco comunidades por delante: el País Vasco, Madrid, Cantabria, Asturias y Navarra. La proposición tiene que ver con los movimientos reivindicativos que se están produciendo en otros territorios y ante las posibles subidas que se puedan dar entre las comunidades dependientes del Ministerio de Justicia. De hecho, el ministro Rafael Catalá expresó este lunes su voluntad de negociar mejoras económicas para jueces, fiscales y el resto de los funcionarios de este sector, y de intentar alcanzar una homologación retributiva entre todas las comunidades autónomas.