Los sindicatos de Justicia rechazan otra subida y la garantía de su nivel salarial

Algo ha cambiado, pero todo sigue igual. La jornada 41.ª de huelga indefinida de los empleados públicos de Justicia no fue la última, y los perjuicios para los ciudadanos seguirán acumulándose en las próximas fechas y con consecuencias impredecibles. Y todo a pesar de los avances reconocidos por ambas partes en los puntos de fricción que no tienen que ver con las remuneraciones económicas.

El nuevo escenario viene marcado por una actitud de firmeza de la Xunta, que escenificó con contundencia que su oferta era la sexta y última. Sus representantes, adscritos a los departamentos de Vicepresidencia, Xustiza y Función Pública, se levantaron a media tarde de la mesa de negociación al recibir la negativa de los representantes de los empleados. Los sindicatos permanecieron reunidos una hora y media más, pero no se movieron de la posición matinal, y a pesar de que la reacción fue menos airada que en ocasiones anteriores, lo cierto es que no se movieron de los 190 euros mensuales en los que instalaron hace tiempo. Los puentes de diálogo quedaron rotos por enésima vez y sin nueva fecha por delante.

La negociación partía, mes y medio después del inicio de la huelga, de una cantidad lineal, los 105 euros al mes que la Xunta estaba dispuesta a subir a todos los funcionarios (personal gestor, tramitador y de auxilio) y que se incorporarían al complemento autonómico transitorio (CAT), que es la parte de la nómina que asume la Administración gallega. Tras una mañana tejiendo los puntos de acuerdo cerrados o con pequeños flecos por resolver -plazas de refuerzo, pago de sustituciones o descuentos por enfermedades-, llegó el momento de la oferta económica, que se alzó hasta los 133 euros para el personal gestor, 108 para el tramitador y 105, esta sin cambios, para los auxiliares.

Era fácil intuir que la proposición no iba a colmar las expectativas sindicales, pero esta vez escucharon algo novedoso: la posibilidad de alcanzar un acuerdo por escrito por el cual la Xunta se compromete a mantener el nivel salarial de estos trabajadores con respecto al resto de las comunidades autónomas, de forma que Galicia nunca perdería posiciones relativas en comparación con otras Administraciones, tengan transferidas o no las competencias en materia de Justicia.

En el grupo de cabeza

Con la última oferta, el complemento autonómico quedaría fijado entre los 550 y los 579 euros y, dependiendo de la categoría profesional, solo habría cuatro o cinco comunidades por delante: el País Vasco, Madrid, Cantabria, Asturias y Navarra. La proposición tiene que ver con los movimientos reivindicativos que se están produciendo en otros territorios y ante las posibles subidas que se puedan dar entre las comunidades dependientes del Ministerio de Justicia. De hecho, el ministro Rafael Catalá expresó este lunes su voluntad de negociar mejoras económicas para jueces, fiscales y el resto de los funcionarios de este sector, y de intentar alcanzar una homologación retributiva entre todas las comunidades autónomas.

La Xunta endureció su negociación gestual, pero también aplicó mayor rotundidad a la parte verbal, hasta el punto de referirse a una «oferta final», que consideran que cumple los parámetros exigidos y pactados en el Parlamento de Galicia. Con la aportación extra en el tramo del complemento autonómico que ofrece la Administración gallega y las subidas acordadas de forma genérica para el funcionariado, el director xeral de Xustiza fijó en un 14 % el aumento salarial en los próximos ejercicios, un punto más que hace una semana. A la salida del encuentro, que volvió a celebrarse en dependencias de San Caetano, Juan José Martín mostró su contrariedad ante el «enroque» sindical en los 190 euros, ya que por momentos tuvo la percepción de que la garantía de nivel salarial con respecto a otras comunidades era del «agrado» de las centrales.

Más movilizaciones

Esta oferta generó debate en la monolítica postura sindical, pero ya a solas y sin los negociadores del Ejecutivo presentes. Como quiera que los recelos han llegado hasta el punto de dudar de las cifras objetivas de las tablas salariales, los portavoces de SPJ USO, Alternativas na Xustiza CUT, FeSP UGT, CSIF, STAJ, CIG y CC.OO. prefirieron continuar su encuentro a solas preparando las asambleas que se celebrarán a lo largo del día hoy en los centros laborales, en las que apoyarán «continuar y profundizar» las movilizaciones.

Al término de la reunión, el portavoz Manuel Díaz (UGT) aseguró que si la Xunta hubiese presentado la oferta de ayer el 6 de febrero, antes de comenzar el paro, el «deterioro» hubiera sido mucho menos acusado para todas las partes «y para los ciudadanos». Según los cálculos sindicales, el conflicto ya les ha costado unos 2.000 euros de media a los trabajadores.